Legislación General

LEY Nº 3550

 

Aprobada en 1ª Vuelta: 14/08/2001 - B.Inf. 41/2001

Sancionada: 18/09/2001

Promulgada: 04/10/2001 - Decreto: 1285/2001

Boletín Oficial: 22/10/2001 - Número: 3932

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

 

        LEY DE ETICA E IDONEIDAD DE LA FUNCION PUBLICA

 

I.- DEL OBJETO Y ALCANCE

 

 

Artículo 1º.- OBJETO.   AMBITO DE APLICACION:  A través de  la

              presente  norma se establecen pautas sobre ética

de la función pública para el desempeño de cargos en el Estado

Provincial,  teniendo  por objeto el resguardo de  la  calidad

institucional   de  los  tres  poderes  y  el  derecho  a   la

información   ciudadana,  respecto  de   las  condiciones   de

idoneidad  de acceso a la función pública, de la publicidad de

los  actos y del desempeño ético de todos aquéllos que presten

servicios remunerados o no remunerados en el sector público.

 

Artículo 2º.- PRINCIPIOS  BASICOS:   Se consideran  principios

              básicos de la ética de la función pública:

 

   a)   La idoneidad y honestidad para el desempeño de cargos.

 

   b)   El  resguardo  de la calidad institucional del  Estado

        Provincial  y  el  derecho  a  la  información  de  la

        ciudadanía.

 

   c)   El   fortalecimiento   del   sistema  democrático   de

        gobierno,   cumpliendo   y     haciendo   cumplir   la

        Constitución  Nacional,  la Constitución Provincial  y

        las leyes.

 

   d)   La  promoción  del bienestar general,  priorizando  en

        todas  las   acciones  los   intereses   del   Estado,

        privilegiando  el  beneficio  público   por  sobre  el

        particular.

 

   e)   La  garantía  de  mayor   transparencia,  registro   y

        publicidad de los actos públicos.

 

Artículo 3º.- AMPLIACION   DEL  AMBITO  DE  APLICACION:    Por

              sometimiento  voluntario a sus normas, el ámbito

de  aplicación de la presente podrá extenderse a los  miembros

de  los  cuerpos  colegiados  de   conducción  y  control   de

asociaciones  gremiales  de trabajadores, de  empresarios,  de

profesionales,  comunitarias,  sociales  y toda  entidad  cuyo

objeto  sea  administrar  derechos e  intereses  colectivos  o

grupos organizados de personas.

 

Artículo 4º.- OTROS PRINCIPIOS:  Los funcionarios comprendidos

              en  la  presente  ley deberán garantizar  en  la

actuación  los  principios de probidad,  rectitud,  desinterés

personal, dignidad, independencia, respeto por las leyes de la

Nación  y  de  la Provincia de Río Negro,  teniendo  el  deber

especial  de  velar por el ordenamiento jurídico,  la  calidad

institucional y la preservación de los valores democráticos.

 

Artículo 5º.- PERMANENCIA EN EL CARGO:  El cumplimiento de los

              principios  básicos  de  ética   de  la  función

pública, en el ejercicio de las distintas acciones, constituye

un requisito para la permanencia en el cargo.

 

 

II.- DE LAS DECLARACIONES JURADAS

 

Artículo 6º.- FORMA   Y  PLAZO:    Los  funcionarios   deberán

              presentar  ante  el  Tribunal  de  Cuentas,  una

declaración  jurada de bienes, bajo juramento de ley y  dentro

del  término  de  los treinta (30) días de hacer  efectivo  el

cargo.   A  tal  efecto,  se  confeccionarán  formularios   de

declaración  jurada de bienes e ingresos, de tal manera que de

las   mismas  se  pueda  obtener   una  relación   precisa   y

circunstanciada  del  patrimonio  del declarante y  del  grupo

familiar que integra.

 

Artículo 7º.- SUJETOS  COMPRENDIDOS:   Tienen   obligación  de

              presentar declaración jurada:

 

   a)   Gobernador,  ministros, secretarios y subsecretarios y

        todo  funcionario  de designación política  del  Poder

        Ejecutivo.

 

   b)   Vicegobernador, legisladores, secretarios y directores

        y/o  cargos equivalentes de designación política de la

        Legislatura de la Provincia de Río Negro.

 

   c)   Jueces del Superior Tribunal de Justicia, secretarios,

        fiscales,  defensores y asesores, magistrados y  demás

        funcionarios  del  Poder  Judicial,   Jueces  de   Paz

        titulares.

 

   d)   Los  representantes designados por el Poder  Ejecutivo

        en  empresas  del  Estado, con  participación  estatal

        provincial  y/o que administren patrimonios del Estado

        Provincial.

 

   e)   El  personal  policial  a partir de  la  jerarquía  de

        subcomisario y/o aquel personal que sin ostentar dicha

        jerarquía sean jefes de dependencia.

 

   f)   El  Defensor del Pueblo, el Fiscal de  Investigaciones

        Administrativas,  integrantes del Tribunal de Cuentas,

        Fiscal  de Estado, Contador General de la provincia  y

        funcionarios de dichos organismos.

 

   g)   Los agentes públicos con categoría no inferior a la de

        subdirector, personal de conducción o equivalente, que

        presten servicio en el sector público.

 

   h)   Toda  aquella  persona, cualquiera sea su  vinculación

        con  el  Estado  Provincial,   que  administre  fondos

        públicos.

 

Artículo 8º.- INCUMPLIMIENTO:   Vencido  el plazo a  que  hace

              referencia   el   artículo  6º,   sin   que   el

funcionario  haya presentado la declaración jurada y  obtenido

la  constancia  del  mismo,  se suspenderá  el  pago  de  toda

retribución   al   declarante,  hasta    tanto      efectivo

cumplimiento a la disposición de la presente ley.  El Tribunal

de  Cuentas  hará  saber tal circunstancia al poder  del  cual

depende   aquél,   a  los  fines  de  que  se   retengan   las

remuneraciones  que se le hubieren liquidado.  Al mismo tiempo

se  intimará al funcionario remiso a presentar la  declaración

en   el  perentorio  plazo  de   quince  (15)  días   hábiles.

Transcurrido  el  nuevo plazo y si el funcionario se negara  a

cumplimentar  la declaración jurada, quedará incurso en causal

de  cesantía,  si se tratare de cargo no electivo.   Para  los

demás  cargos se oficiará a la autoridad del Poder del  Estado

Provincial  al  que pertenezca, a los fines que proceda  a  su

destitución.   En ambos casos el infractor perderá el  derecho

al cobro de los haberes que se hubieran devengado.

 

Artículo 9º.- CONTENIDO:   La  declaración jurada incluye  los

              bienes,  en  el  país y en  el  extranjero,  del

declarante, de la sociedad conyugal, los propios del cónyuge o

del concubino/a, los de los hijos menores y mayores a cargo.

 

Artículo 10.- DEBER  DE INFORMACION:  Será motivo de  especial

              información:

 

   a)   Bienes  inmuebles, con todas las mejoras incorporadas,

        con valor actualizado de mercado estimado.

 

   b)   Bienes  muebles  registrables tales como  automotores,

        naves  o  aeronaves y similares, con valor y fecha  de

        adquisición.

 

   c)   Otros  bienes muebles.  Cuando un bien supere el valor

        de los cinco mil pesos ($5000) será detallado en forma

        individual, incluyendo fecha de la adquisición.

 

   d)   Depósitos   en  cuentas  bancarias   o  en   entidades

        financieras,  en distintas monedas;  títulos, bonos  o

        similares.    En  sobre  cerrado   y  lacrado   deberá

        indicarse  el  nombre del banco o entidad  financiera,

        con número de las cuentas corrientes, cajas de ahorro,

        cajas  de  seguridad  y tarjetas de créditos  con  sus

        extensiones.  Dicho sobre será de carácter reservado.

 

   e)   Capital   invertido  en   valores,  títulos,  acciones

        cotizables   o   no,   correspondientes   a   acciones

        personales  o  societarias,  indicando   fecha  de  la

        tenencia.

 

   f)   Deudas y créditos hipotecarios, prendarios y comunes.

 

   g)   Ingresos  y  egresos anuales derivados de trabajos  en

        relación  de  dependencia, ejercicio de profesiones  y

        actividades  independientes,  previsionales, rentas  y

        otros.

 

   h)   La   última   presentación  a  la  Dirección   General

        Impositiva,  si  se halla inscripto, donde  conste  el

        impuesto a las ganancias y/o sobre bienes personales.

 

Artículo 11.- RECEPCION:   Las declaraciones juradas  elevadas

              en función del artículo 6º, se presentan ante el

Tribunal  de  Cuentas,  quien   extenderá  al  declarante  una

constancia  de haberla cumplimentado.  Las mismas deberán  ser

debidamente registradas.

 

Artículo 12.- INFORME  PATRIMONIAL  ANUAL:   Los  funcionarios

              obligados   a  presentar   declaración   jurada,

deberán  informar anualmente al Tribunal de Cuentas sobre  las

variaciones  patrimoniales,  relevantes, si las  hubiere.   El

incumplimiento hará aplicable el procedimiento del artículo 8º

de la presente.

 

Artículo 13.- INCREMENTO DESPROPORCIONADO:  Si la autoridad de

              aplicación   advierte  que  el  patrimonio   del

declarante  se  ha  incrementado desproporcionadamente  a  los

ingresos  conocidos durante el ejercicio de su cargo y sin que

medien  causas atendibles para ello, deberá poner el hecho  en

conocimiento  del  titular  del poder u organismo  al  que  el

declarante  hubiera pertenecido y al Fiscal de Investigaciones

Administrativas,  a los fines de que se adopten las medidas  a

que hubiere lugar.

 

Artículo 14.- EGRESO  DE LA FUNCION PUBLICA:  Al egresar de la

              función    pública,    deberá    presentar   una

declaración  jurada  actualizada en un plazo no mayor de  diez

(10)  días  y  antes de que se realice  la  liquidación  final

remunerativa.   Cumplido dicho trámite, el Tribunal de Cuentas

emitirá   una  certificación,  haciendo   constar  el   estado

patrimonial  del  declarante  y  las  variaciones  que  en  su

composición   se   hubieren  producido  en  ese   lapso.    El

incumplimiento   de  la  misma  lo  inhabilita   para   nuevas

designaciones,  sin  perjuicio de otras acciones  que  pudiera

corresponder.

 

Artículo 15.- CONSERVACION  DE LA DOCUMENTACION:  El  registro

              de las declaraciones juradas deberá conservarse,

con  la  documentación  respectiva,   durante  tres  (3)  años

contados a partir de la fecha en que el declarante haya cesado

en el ejercicio del cargo.  Vencido dicho plazo se procederá a

su  destrucción labrando acta de expurgo por ante el Escribano

de  Gobierno, salvo que el interesado o la autoridad  judicial

solicite su devolución.

 

Artículo 16.- CONFIDENCIALIDAD  DE LOS DATOS:  El Tribunal  de

              Cuentas, deberá preservar la confidencialidad de

los   datos   obrantes   en    las   declaraciones    juradas.

Excepcionalmente tendrá el deber de informar en los siguientes

casos:

 

   a)   A pedido del propio interesado.

 

   b)   A requerimiento de autoridad judicial.

 

   c)   A   requerimiento   de    comisiones    investigadoras

        designadas por autoridad competente.

 

   d)   A  requerimiento  de los organismos impositivos de  la

        Nación o de la provincia.

 

   e)   A  requerimiento  del  Gobernador   de  la  provincia,

        Presidente  de la Legislatura, Presidente del Superior

        Tribunal  de Justicia, respecto de funcionarios de  su

        dependencia.

 

Artículo 17.- PUBLICACION   VOLUNTARIA:     Los   funcionarios

              comprendidos  en   la    presente   ley   podrán

voluntariamente,  publicar sus remuneraciones y su declaración

jurada  patrimonial en el Boletín Oficial de la provincia, sin

cargo alguno.

 

Artículo 18.- FUNCIONARIOS   NO  ELECTIVOS:    Para   aquellos

              funcionarios cuyo acceso a la función pública no

sea  resultado directo del sufragio universal, el Tribunal  de

Cuentas  requerirá que se incluya en la declaración jurada los

antecedentes  académicos,  profesionales, de  publicaciones  u

otras  actividades conexas que acrediten especial versación en

la materia de su competencia.

 

 

III.- DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LA FUNCION PUBLICA

 

Artículo 19.- INCOMPATIBILIDADES.  ENUNCIACION:  Sin perjuicio

              de  lo  establecido en el régimen específico  de

cada  función, es incompatible con el ejercicio de la  función

pública:

 

   a)   Ser   proveedores  de  los   organismos   del   Estado

        Provincial donde desempeñan funciones, cuando de ellos

        dependa  directa  o indirectamente la  correspondiente

        contratación.  Incompatibilidad que alcanzará hasta el

        tercer grado del parentesco.

 

   b)   Ser  miembros del Directorio o Comisiones  Directivas,

        acreditarse  como  representante, gerente,  apoderado,

        asesor  técnico  o legal, patrocinante o  empleado  de

        empresa  privada que sean beneficiarias de concesiones

        o cualquier otra forma de adjudicaciones otorgadas por

        el  Estado Provincial o Municipal y que tengan por esa

        razón,  vinculación  permanente o accidental  con  los

        poderes públicos.

 

   c)   Realizar  por  sí o por cuenta de terceros,  gestiones

        tendientes  a obtener el otorgamiento de una concesión

        de la administración pública provincial y beneficiarse

        directa o indirectamente con la misma.

 

   d)   Efectuar  o  patrocinar  para   terceros  trámites   o

        gestiones   administrativas,   se   encuentren  o   no

        directamente  en  su cargo, hasta un año  después  del

        egreso de sus funciones.

 

   e)   Recibir directa o indirectamente beneficios originados

        en  contratos, concesiones o franquicias que celebre u

        otorgue  la  administración en el orden  provincial  o

        municipal.

 

   f)   Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u

        obligaciones  con entidades directamente  fiscalizadas

        por  el  organismo  en   que  se  encuentre  prestando

        servicio.

 

   g)   Realizar  con motivo o en ocasión de ejercicio de  sus

        funciones, actos de propaganda, proselitismo, coacción

        ideológica  o de otra naturaleza, cualquiera fuese  el

        ámbito donde se realicen las mismas.

 

   h)   Recibir cualquier tipo de ventaja con motivo u ocasión

        de  sus funciones, así como aprovechar la función para

        obtener  beneficios  de  cualquier   tipo  que  no  se

        encuentren previstos en la legislación específica.

 

   i)   Desempeñarse  al  mismo  tiempo en más de un  cargo  o

        empleo   público   remunerado,   cualquiera   sea   su

        categoría,  característica  y la jurisdicción  en  que

        hubiera sido designado.

 

   j)   Aceptar  beneficio personal y/o condiciones especiales

        en  la  realización  de   actos  relacionados  con  la

        función.

 

   k)   El  uso  de  las propiedades y bienes del  Estado  con

        finalidades    no     convenientemente    autorizadas,

        protegiendo y conservando los mismos, como así también

        las  instalaciones y servicios en beneficio  personal,

        de amigos, familiares o no correspondiente a funciones

        oficiales  o  que  beneficien a  empresas  o  acciones

        privadas.

 

   l)   Utilizar  la información revelada, en el  cumplimiento

        de  sus  funciones  para acciones fuera  de  la  tarea

        oficial.

 

   m)   Difundir   información    estratégica    vinculada   a

        descubrimientos  e inventos, por parte del Estado,  en

        el terreno científico y tecnológico.

 

Artículo 20.- EXCEPCION:   Quedan exceptuados del régimen  del

              artículo  19  inciso i), el ejercicio de  cargos

docentes,  siempre  que no medie superposición horaria con  la

función   pública  y  con  los   límites  que  establezca   la

legislación específica.

 

Artículo 21.- VIGENCIA  DE INCOMPATIBILIDADES:  La vigencia de

              las  incompatibilidades  se establece  desde  el

momento  de  su asunción hasta un año después del cese  de  la

misma.

 

Artículo 22.- APLICACION  COMPLEMENTARIA:  Las normas de  esta

              ley,  sobre  incompatibilidades  en  la  función

pública,  se  aplicarán  sin perjuicio de lo  que  dispusieran

otras  leyes de la provincia, las que mantendrán su  vigencia,

en tanto no se opongan a la presente.

 

 

IV.- DE LAS ACEPTACIONES DE OBSEQUIOS Y DONACIONES

 

Artículo 23.- PROHIBICION:   Los  funcionarios   públicos   no

              podrán  recibir regalos, obsequios o donaciones,

ya  sean  cosas o servicios, con motivo del desempeño  de  sus

funciones.    Cuando   corresponda  a  cortesía  o   costumbre

diplomática  la  autoridad  de   aplicación  reglamentará   su

registración  y  en qué casos corresponde su incorporación  al

patrimonio  del Estado y el destino de los mismos, priorizando

salud,  educación, acción social o como patrimonio  histórico-

cultural.

 

 

V.- DE LA PREVENCION SUMARIA

 

Artículo 24.- SUMARIO.     NOTIFICACION    A    FISCALIA    DE

              INVESTIGACIONES:   La presunta infracción  a  la

presente  norma dará origen a una investigación sumaria en  el

organismo  al  que  pertenezca el infractor  con  notificación

dentro  de  las  veinticuatro  (24) horas  a  la  Fiscalía  de

Investigaciones  Administrativas.   En  el  caso  de  supuesto

enriquecimiento  injustificado  en  la   función  pública,  el

Tribunal  de Cuentas notificará de inmediato a la Fiscalía  de

Investigaciones  Administrativas,  conforme  el  artículo  

inciso a) de la ley 2394.

 

Artículo 25.- INICIO:    La  investigación  se  iniciará   por

              iniciativa  de  las   autoridades  superiores  o

denuncia  debidamente fundada de terceros.  Todo procedimiento

iniciado   deberá  garantizar  el   derecho  de  defensa.   El

denunciado deberá ser informado del objeto de la investigación

y tendrá derecho a ofrecer prueba.

 

Artículo 26.- DEMORA EN EL SUMARIO:  Transcurridos quince (15)

              días   de  haber  tomado   conocimiento  de   la

denuncia,  sin que se haya iniciado proceso alguno en el  área

correspondiente o si iniciado el proceso hubieran transcurrido

cuarenta  y  cinco  (45) días sin resolución, la  Fiscalía  de

Investigaciones Administrativas lo iniciará de oficio.

 

Artículo 27.- PRESUNCION  DE DELITO:  Cuando exista presunción

              de  la  comisión  de delito en el  curso  de  la

tramitación  sumaria, la autoridad a cargo de ella debe  poner

el caso con los antecedentes reunidos en conocimiento del juez

o fiscal competente.

 

Artículo 28.- FUEROS:   Cuando los funcionarios tengan  fueros

              especiales,  las  actuaciones serán enviadas  al

organismo  correspondiente para el tratamiento  constitucional

que corresponda.

 

Artículo 29.- MOVILIDAD:   Los  funcionarios  involucrados  en

              causas  por  aplicación  de la presente  ley  no

podrán  abandonar  el  país, tramitar domicilio  fuera  de  la

provincia,   hasta  tanto  no  se   resuelva  en  el   sumario

respectivo.

 

 

VI. DE LAS FACULTADES DE LOS ORGANOS DE APLICACION

 

Artículo 30.- FACULTADES DE LA FISCALIA DE INVESTIGACIONES:  A

              los  efectos de lo dispuesto en la presente ley,

la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia

dispondrá  de  las más amplias facultades de  investigación  y

fiscalización, entre ellas:

 

   a) Exigir  a  los  sujetos  comprendidos en esta  ley  y  a

      quienes  contraten o pretendan contratar con el  Estado,

      por sí o por interpósita persona o a quienes intermedien

      en  dicha  contratación,  la exhibición de  los  libros,

      documentos,  correspondencia comercial, archivos,  banco

      de datos informáticos, magnéticos o similares, propios y

      ajenos y requerir su comparencia.

 

   b) Intervenir los documentos inspeccionados y tomar medidas

      de seguridad para su conservación.

 

   c) Practicar  inspecciones  en bienes muebles  e  inmuebles

      detentados  u  ocupados,  a cualquier  título,  por  los

      citados   sujetos.   Cuando  sea   necesario   para   el

      cumplimiento de las diligencias precedentes.

 

Artículo 31.- REQUERIMIENTOS  A  ORGANISMOS PUBLICOS:   En  el

              cumplimiento  de su cometido y en los casos  que

requieran  las  medidas del artículo anterior, la Fiscalía  de

Investigaciones Administrativas podrá requerir la colaboración

de   cualquier  organismo  o  dependencia  pública   nacional,

provincial o municipal.

 

Artículo 32.- FACULTADES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:  El Tribunal

              de  Cuentas  de  la  Provincia  reglamentará  el

proceso  de  apertura,  emisión de  certificados,  informes  e

investigación.   Asimismo, reglamentará el procedimiento  para

la  presentación  de las declaraciones juradas de sus  propios

miembros.

 

 

VII.- DE LAS SANCIONES

 

Artículo 33.- FALTA DE IDONEIDAD:  La falta de idoneidad de un

              funcionario,    verificable    a   partir    del

incumplimiento  de los requisitos exigibles para el  desempeño

del  cargo, se considerará falta ética de quien lo propuso, de

quien lo designó o del propio funcionario que aceptó el cargo,

sin  perjuicio de las acciones específicas que se deriven  del

hecho.

 

Artículo 34.- SUPERPOSICION  DE  CARGOS:  Los funcionarios  no

              electivos   y  los   agentes  escalafonados  que

infringiendo  la  prohibición establecida en el inciso i)  del

artículo  19  de la presente, incurrieren en doble o  múltiple

percepción  de  haberes,  serán declarados  cesantes.   Si  se

tratare   de   funcionarios  electivos,   se   remitirán   las

actuaciones  al  titular  del  cuerpo   u  organismo  al   que

pertenezca  el  infractor, a los fines de que se arbitren  los

procedimientos  tendientes  a su juzgamiento.  Todo  ello  sin

perjuicio  de  la iniciación de las acciones  administrativas,

civiles y/o penales que pudieren corresponder.

 

              Los  sujetos  incursos  en  tales  sanciones  no

podrán reingresar a la función o empleo público por el término

de diez (10) años.

 

Artículo 35.- DESTITUCION:  El incumplimiento de lo normado en

              la  presente ley podrá ser causal de destitución

del  funcionario  según  los  mecanismos  establecidos  en  el

ordenamiento jurídico.

 

Artículo 36.- APLICACION   COMPLEMENTARIA:     Las   sanciones

              previstas  en  la  presente,  se  aplicarán  sin

perjuicio  de  las  responsabilidades civiles  y  penales  que

pudieren  corresponder  de acuerdo a las leyes  vigentes.

 

              En   ningún  caso  la   renuncia   impedirá   el

juzgamiento del renunciante por las faltas o delitos previstos

en la presente ley.

 

 

VIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Artículo 37.- Las declaraciones juradas presentadas conforme a

              la  ley 7, deberán adecuarse a la presente en el

término  que  fije la reglamentación, el que no podrá  exceder

del 31 de diciembre de 2001.

 

Artículo 38.- REGLAMENTACION:   La  presente  ley  deberá  ser

              reglamentada  en  un plazo de noventa (90)  días

desde su sanción.

 

 

IX DISPOSICIONES FINALES

 

Artículo 39.- ATRIBUCIONES:   Las  atribuciones   que  por  la

              presente ley se otorgan al Tribunal de Cuentas y

a  la  Fiscalía  de   Investigaciones  Administrativas  de  la

Provincia  de  Río Negro, se considerarán como ampliatorias  y

aun  complementarias de las atribuidas por las leyes nº 2747 y

2394.

 

Artículo 40.- DEROGACION:   Deróganse  las leyes nº 7,  963  y

              toda otra norma que se oponga a la presente.

 

Artículo 41.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.