Legislación General

LEY Nº 4677

 

Aprobada en 1ª Vuelta: 16/06/2011 - B.Inf. 33/2011

Sancionada: 07/07/2011

Promulgada: 13/07/2011 - Decreto: 780/2011

Boletín Oficial: 01/08/2011 - Número: 4955

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

 

CAPITULO UNICO

 

REGIMEN PROVINCIAL DE EMERGENCIA O DESASTRE ECONOMICO Y SOCIAL

 

Artículo 1º.-  Régimen Provincial de Emergencia o Desastre Económico y Social: Se establece un Régimen Provincial de Emergencia o Desastre Económico y Social en beneficio de las áreas que resulten afectadas por eventos extraordinarios no previsibles o inevitables, que por su intensidad o carácter, pueden ocasionar severos daños en la economía de una región.

 

Artículo 2º.-  Definición: A los fines de la presente ley, entiéndese por estado de emergencia o desastre económico y social, al que se produce cuando factores naturales: climáticos, telúricos, biológicos, físicos, o no naturales: como los fenómenos vinculados al sistema social, imprevisibles o inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren en un área determinada, el funcionamiento y reinversión en establecimientos comerciales, industriales, productivos, turísticos o de servicios en general, impactando gravemente la evolución de las actividades económicas y el cumplimiento de las obligaciones crediticias, fiscales y previsionales o bien cuando los daños ocasionados impliquen el cese total o parcial de dichas actividades.

 

Artículo 3º.-  Comité Evaluador: Se crea en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, el Comité Provincial Evaluador de Emergencia o Desastre Económico y Social, cuyo presidente será el titular del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, quien será reemplazado, en caso de impedimento, por un secretario de su dependencia y será integrado por un (1) representante titular y un (1) suplente, con nivel no inferior a secretario o cargo equivalente, de los siguientes organismos:

 

-             Secretaría General de la Gobernación, que tiene la tarea de coordinación y convocatoria de la comisión.

 

-             Ministerio de Producción.

 

-             Ministerio de Turismo.

 

-             Municipios de las localidades afectadas.

 

-             Cámaras empresariales que acrediten personería jurídica a nivel nacional o provincial, con domicilio o delegación en la Provincia de Río Negro.

 

Los integrantes del Comité Evaluador pueden ser reemplazados en cualquier momento por los organismos y entidades que representan.

 

Los representantes suplentes reemplazan a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los mismos.

 

Podrán participar del Comité Evaluador los legisladores de las áreas afectadas.

 

El Comité Evaluador puede incorporar para su integración transitoria, y en la medida que lo considere necesario, a representantes de entidades técnicas nacionales, provinciales, municipales y privadas.

 

Los miembros del Comité Evaluador no gozan de remuneración alguna y solamente perciben, cuando corresponda, gastos de viáticos, como así también se les otorga órdenes de pasajes, de conformidad con lo establecido por el reglamento vigente en la materia.

 

A los efectos de posibilitar la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, los representantes de las distintas entidades convocadas, como así también los representantes transitorios de los municipios gozan, cuando se dispongan comisiones de servicio, de un viático equivalente al que corresponda a la categoría de Director General.

 

El Comité Evaluador debe reunirse a pedido de cualquier organismo oficial o institución privada que la integre, dentro de los cinco (5) días corridos de haberse solicitado y tiene un plazo máximo para expedirse dentro de los diez (10) días contados a partir de su constitución.

 

Artículo 4º.-  Funciones: Son funciones del Comité Provincial Evaluador de Emergencia o Desastre Económico y Social:

 

a)      Proponer al Poder Ejecutivo Provincial la declaración de emergencia o desastre económico y social de la localidad afectada con delimitación del área territorial, cuando factores extraordinarios no previsibles o inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario presenten las condiciones expresadas en el artículo 1º de la presente, afectando significativamente a las explotaciones en sus actividades económicas y el cumplimiento de las obligaciones crediticias, fiscales y previsionales.

 

El Comité Provincial Evaluador de Emergencia o Desastre Económico y Social debe determinar la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que se estime abarcará la emergencia y el período que demanda la recuperación de las explotaciones.

 

b)      Proponer al Poder Ejecutivo Provincial la declaración de desastre de aquellas zonas que se previere no pueden rehabilitarse con las medidas que acuerda la mera declaración de emergencia económica y social. La declaración de emergencia no es requisito previo para la declaración de desastre.

 

c)      Observar la evolución de la emergencia o desastre y la del proceso de recuperación económica de la zona afectada, para proponer cuando corresponda, la modificación de la fecha de finalización del estado de emergencia.

 

d)      Controlar la ejecución de las medidas que se adopten en cumplimiento de esta ley.

 

e)      Proponer al Poder Ejecutivo Provincial, cuando lo requieran las circunstancias cualquier otro tipo de medidas complementarias de las enunciadas en el artículo 8º de la presente ley.

 

f)      Realizar directamente ante los organismos nacionales, provinciales y privados las gestiones que considere convenientes para el logro de su cometido.

 

Una vez declarados los estados de emergencia o desastre, el Poder Ejecutivo Provincial debe solicitar al organismo nacional competente la adopción de igual decisión en el orden nacional.

 

El Comité Provincial Evaluador de Emergencia o Desastre Económico y Social coordinará sus gestiones con las acciones de los Estados Nacional, Provincial y Municipal.

 

Artículo 5º.-  Autoridad de aplicación: Se designa autoridad de aplicación de la presente ley al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.

 

La Autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para la emisión de la certificación de las explotaciones sujetas al régimen y su registro.

 

Artículo 6º.-  El Comité Provincial Evaluador de Emergencia o Desastre Económico y Social solventará sus funciones, por medio de:

 

-             Los bienes y recursos que le asigne el Estado Provincial, Nacional y/u organismos internacionales de créditos.

 

-             Las partidas presupuestarias que disponga la ley de presupuesto, facultando al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos a realizar las adecuaciones pertinentes.

 

-             Los aportes privados y donaciones que se puedan llegar a recibir.

 

-             El veinte por ciento (20%) de lo percibido por Fondo Fiduciario Hidrocarburífero Río Negro (FFHRN) ley Q nº 3322, modificando así el artículo 3º “Objeto” de la misma, quedando redactado de la siguiente manera:

 

“El fondo tendrá por objeto principal, proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas estratégicas del Plan de Desarrollo Provincial denominado Proyecto Río Negro y elaborado por el gobierno de la provincia y atención con un veinte por ciento (20%) de los recursos al Comité Provincial Evaluador de Emergencia o Desastre Económico y Social. En particular promoverá el desarrollo del turismo, la integración territorial de la región, las economías no tradicionales, la diversificación agroindustrial, programas de desarrollo rural, la innovación tecnológica, el Proyecto Río Negro Verde, el comercio exterior, reforma y modernización del Estado. Igualmente deberá proveer los medios necesarios para la identificación de posibilidades y recursos existentes en materia de ayuda financiera y de información”.

 

Articulo 7º.-  Son beneficiarios de la presente ley los municipios afectados y todas las explotaciones productivas, comerciales, industriales, turísticas y de servicios en general, tanto personales como empresariales con domicilio legal y real en la provincia, a las cuales la autoridad de aplicación les extienda el correspondiente certificado por estar comprendidos en lo establecido en los incisos 1. o 2. del presente artículo, según corresponda. Se excluyen como sujetos de la presente ley, a las explotaciones correspondientes a los servicios de intermediación financiera.

 

Para establecer la declaración de emergencia o desastre económico y social en una localidad o región, se deben tomar indicadores propios de la principal actividad económica que sustenta el desarrollo de la vida económica y social de esa comunidad, a saber:

 

1.      En localidades o regiones productivas:

 

a)          Cuando la actividad agrícola o ganadera desarrollada por productores de la zona, se encuentre afectada en su producción o capacidad de producción en por lo menos el cincuenta por ciento (50%), será declarada en emergencia económica y social.

 

b)          Cuando la actividad agrícola o ganadera desarrollada por productores de la zona, se encuentre afectada en su producción o capacidad de producción en por lo menos el ochenta por ciento (80%), será declarada en desastre económico y social.

 

c)          Los productores comprendidos en las zonas de desastre que se encontraren afectados en su producción o capacidad de producción en menos del ochenta por ciento (80%), se encuadrarán dentro de lo establecido en el inciso a).

 

2.      En localidades o regiones turísticas:

 

Se tiene en cuenta que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos, generando un importante impacto en el ámbito cultural, social y económico de una región, dado que produce efectos en la actividad comercial, en las inversiones, en la infraestructura de base, la construcción, los servicios, el transporte y el empleo y en definitiva, en el bienestar de los miembros de una comunidad.

 

Se entiende que una localidad o región turística puede entrar en emergencia o desastre económico y social, cuando es afectada por un evento concentrado en tiempo y espacio, que viviendo principalmente del turismo receptivo, sufre un severo daño o incurre en pérdidas para sus habitantes, de tal manera que la estructura social y económica se desajusta e impide la normal evolución y cumplimiento de todas las actividades comerciales, afectando el funcionamiento vital de toda la comunidad.

 

Para declarar una localidad o región turística en emergencia o desastre, se toma como indicador la tasa de ocupación de plazas totales de la capacidad instalada, compuesta por todas las clases y categorías de establecimientos de alojamiento turístico, elaborado y publicado mensualmente por la respectiva municipalidad, en caso de que alguna localidad no contase con dicha información o por particularidades estacionales del turismo, el Ministerio de Turismo verificará la tasa de ocupación mediante procedimiento que alcance esos fines.

 

A los efectos de la presente ley:

 

a)      La localidad se declara en emergencia económica y social cuando el promedio de la tasa de ocupación de plazas totales de la capacidad instalada para los mejores dos meses consecutivos de la principal temporada turística anual, es igual o menor al cuarenta por ciento (40%) de la capacidad instalada de plazas.

 

b)      La localidad se declara en desastre económico y social cuando el promedio de la tasa de ocupación de plazas totales de la capacidad instalada para los mejores dos meses consecutivos de la principal temporada turística anual, es igual o menor al veinticinco por ciento (25%) de la capacidad instalada de plazas.

 

c)      Desastre natural, la localidad se declara en desastre económico y social por la ocurrencia de un fenómeno natural que genere importantes daños a las personas, a los bienes o las actividades humanas en una zona determinada.

 

Al efecto, la autoridad de aplicación extiende a las explotaciones de la localidad o región afectada, un certificado que acredite las condiciones precedentemente enumeradas, quienes tienen que presentarlo a los fines del acogimiento a los beneficios que acuerda la presente ley.

 

Artículo 8º.-  Medidas. Declarado el estado de emergencia o desastre económico y social se adoptan y aplican las siguientes medidas:

 

1)      En el orden crediticio:

 

Gestión de asistencia financiera ante entidades crediticias públicas y privadas, propiciando la ayuda de las explotaciones comprendidas en la declaración de emergencia o zona de desastre y la aplicación de acuerdo a la situación individual de cada explotación y con relación a los créditos previamente concedidos, las medidas especiales que se detallan seguidamente:

 

a)            Espera y renovaciones, a pedido de los interesados, de las obligaciones pendientes a la fecha en que se fije como iniciación de la emergencia o zona de desastre y hasta ciento ochenta (180) días hábiles después de finalizada la misma, en las condiciones que establezca la institución crediticia, financiera o recaudadora correspondiente.

 

b)            Otorgamiento en las zonas de emergencia o de desastre, de créditos que permitan lograr la continuidad de las explotaciones, la recuperación de las economías de las explotaciones afectadas y el mantenimiento de su personal estable, con tasas de interés especialmente bonificadas, sobre las vigentes en plaza para estas operaciones conforme con las normas que establezca la institución bancaria.

 

c)            Unificación, previo análisis de cada caso, de las deudas que mantengan las explotaciones con la institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezca esta última.

 

d)            Suspensión de hasta ciento ochenta (180) días hábiles, después de finalizado el período de emergencia o desastre, de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia.

 

2)      En el orden impositivo:

 

Se adoptan las medidas especiales que seguidamente se indican, para aquellos responsables que con motivo de la situación de emergencia o desastre vean comprometidas sus fuentes de rentas siempre que la explotación se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:

 

a)            Se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el vencimiento para las presentaciones y el pago de los impuestos provinciales existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o los ingresos provenientes de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o zona de desastre.

 

Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de vencimiento hasta ciento ochenta (180) días hábiles siguientes a aquél en que finalice tal período. No están sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda, ni devengan un interés alguno.

 

 

b)            Se faculta al Poder Ejecutivo Provincial para que pueda eximir total o parcialmente de impuestos provinciales existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o los ingresos provenientes de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o zona de desastre.

 

Para graduar las mencionadas exenciones el Poder Ejecutivo Provincial evaluará la intensidad del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta ciento ochenta (180) días después de finalizado el mismo.

 

En particular:

 

                                                         b1.    Se autoriza la exención del pago hasta el ciento por ciento (100%) del Impuesto Inmobiliario, a los inmuebles ubicados en la zona afectada por la declaración de emergencia o desastre económico y social, según el caso.

 

                                                         b2.    Se autoriza la exención del pago hasta el ciento por ciento (100%) del Impuesto a los Automotores, a los contribuyentes ubicados en la zona afectada por la declaración de emergencia o desastre económico y social, según el caso.

 

                                                         b3.    Se autoriza la exención  del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos y de los importes mínimos mensuales y anuales y los regímenes de impuestos fijos previstos en la ley impositiva provincial del año fiscal correspondiente, a todos los contribuyentes ubicados en la zona afectada por la declaración de emergencia económica y social.

 

                                                         b4.    Se autoriza la exención del pago hasta el ciento por ciento (100%) de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, a todos los contribuyentes ubicados en la zona afectada por la declaración de desastre económico y social. No se aplicarán para dichos contribuyentes los importes mínimos mensuales y anuales y los regímenes de impuestos fijos previstos en la ley impositiva provincial del año fiscal correspondiente.

 

                                                         b5.    Se suspenden  todos los plazos de vencimiento, así como los intereses resarcitorios del pago del Impuesto de Sellos, por el término de la vigencia de la presente ley, sobre los actos, contratos y operaciones gravadas por dicho impuesto, cuyos efectos se verifiquen dentro de la zona declarada de desastre.

 

                                                         b6.    Se autoriza la exención del pago del ciento por ciento (100%) de la tasa de fiscalización al transporte turístico y especial de pasajeros, de las empresas radicadas en la zona de emergencia y/o desastre económico y social por los términos definidos en la presente ley.

 

c)            La Dirección General de Rentas suspende hasta ciento ochenta (180) días hábiles después de finalizado el período de emergencia o desastre, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.

 

Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior.

 

Por el mismo período queda suspendido el curso de los términos procesales y de la caducidad de instancia.

 

d)            La Dirección General de Rentas dicta las normas complementarias pertinentes para la aplicación y fiscalización de la presente ley.

 

3)      En el orden de las obras públicas:

 

a)            Se procede, con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron origen a la declaración del estado de emergencia o de desastre, previo estudio del conjunto de las mismas que permita establecer prioridades para el empleo de los fondos disponibles.

 

b)            Se procede, con carácter de urgencia, a la asignación de las partidas presupuestarias necesarias tendientes a facilitar los programas de promoción de los entes creados o a crearse, tales como el Ente de Desarrollo para la Región Sur o el Ente Mixto de Promoción Turística Bariloche, dedicados al fomento y a la promoción productiva o turística con el fin de impulsar la demanda y fortalecer la oferta.

 

4)      En cuanto a subsidios:

 

-             Se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar subsidios de emergencia, no reintegrables en dinero o especies a prestadores que por su carácter de subsistencia no están comprendidos en las medidas anteriores.

 

El destino de este subsidio será supervisado por el Comité Provincial de Emergencia o Desastre Económico y Social.

 

Artículo 9º.-  Infraestructura y servicios: Quedan comprendidos dentro del alcance del presente régimen la red vial de las zonas afectadas, los recursos hídricos, energéticos y sus sistemas de captación y distribución, los que deberán ser monitoreados permanentemente por los organismos pertinentes, coordinando las tareas de reparación y mantenimiento entre los organismos de orden nacional, provincial y municipal.

 

Artículo 10.-  Suspensión de retenciones de la ley L nº 2535. Se habilita a la Contaduría General y a la Tesorería de la Provincia y al organismo competente de orden municipal, desde la declaración de emergencia o desastre y mientras dure la misma, a suspender toda retención de fondos derivada de la aplicación de la ley L nº 2535.

 

Artículo 11.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.