Proyectos Legislativos

Proyecto Declaración Nº 228/2005 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

La salvaje represión religiosa de algunos países islámicos ha producido en la sociedad mundial gran consternación. A pesar de la intervención y el accionar de los organismos internacionales de derechos humanos, aún se aplican leyes religiosas que permiten prácticas aberrantes que atentan contra la dignidad humana y la integridad física y psíquica de las personas, lo cual constituye sin lugar a dudas, una ofensa y violación a los derechos humanos universalmente consagrados.

 

La aplicación de leyes que condenan a hombres y mujeres a la muerte por lapidación o apedreamiento y a la aplicación de crueles torturas, constituye en la actualidad un hecho inaceptable y reprochable desde todo punto de vista.

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresamente prohibe estas prácticas condenando a los Estados que las aplican o permiten. De la misma manera lo ha establecido la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 

No obstante la legislación internacional y el accionar permanente de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos a nivel mundial, aún persisten este tipo de hechos, tal como muestra la crónica diaria que da cuenta de la pena de muerte aplicada a una mujer en Afganistán el pasado 24 de abril, pena aplicada por cometer adulterio.

 

Según relata la prensa regional, es la primera sentencia de ese tipo tras la caída del régimen talibán en el año 2001. La sentencia fue anunciada tres días antes de la ejecución que se llevó a cabo en una Plaza de Argo, zona rural de la provincia de Badajshán, luego de una lenta agonía tras recibir el castigo impuesto de muerte por apedreamiento.

 

Se trata de una práctica aceptada por la legislación de países musulmanes, tales como Afganistán, Nigeria y Pakistán que permiten sentenciar a hombres y mujeres que mediante actos, palabras o insinuaciones hayan profanado u ofendido los principios religiosos de estas comunidades.

 

Un hecho para destacar es que principalmente las víctimas son mujeres, dado que las leyes contienen normas y procedimientos discriminatorios para la mujer y los motivos que original tales condenas son de lo más variado.

 

Ya se han registrado varios casos de sentencia a muerte por lapidación a mujeres en Nigeria y Afganistán, pero gracias a las campañas realizadas por la comunidad internacional, que ha condenado y repudiado tales acontecimientos, se ha podido evitar o retrasar la aplicación de tales penas.

 

No obstante el repudio y la condena internacional, estas leyes aún hoy siguen vigentes y continúan aplicándose a miles de personas, tal como queda demostrado en el caso que antes señalábamos.

 

Los Derechos Humanos consagrados por las Naciones Unidas, forman parte de un sistema de convivencia universal que precisamente se adoptó para defender a los hombres y mujeres contra la intolerancia, la prepotencia, la desigualdad, la discriminación y cualquier tipo de violencia o tortura, en especial de las mujeres que son precisamente más vulnerables a padecer este tipo de actos.

 

Por encima de las costumbres, de los preceptos religioso, de los hábitos y creencias, existen los derechos humanos, entendidos como derechos fundamentales e inalienables de las personas, de hombres y mujeres, que deben regir en cualquier sistema político y debe ser respetado por todas las culturas.

 

Por ello.

 

AUTOR: Delia Edith Dieterle

 

FIRMANTES: Susana Josefina Holgado, Adrián Torres, Patricia Romans, Mario E. Colonna, Marta Milesi, María Inés García, Alcides Pinazo, Graciela González, Marta Borda

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

D E C L A R A

 

Artículo 1°.- Su más enérgico repudio a la ejecución de la pena por lapidación sufrida por una mujer el pasado 24 de abril en Afganistán, en virtud que tal acto contradice los preceptos de los tratados internacionales relativos a los derechos humanos y las convenciones internacionales de protección a los derechos de las mujeres.

 

Artículo 2°.- La presente declaración será remitida a Naciones Unidas y Amnistía Internacional, a través de sus representaciones en Argentina, para su conocimiento y difusión.

 

Artículo 3°.- De forma.