Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 335/2002 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

 

La política económica nacional de la última década permitió que  prevalecieran las actividades financiera por sobre las productivas. Esta situación generó diversos efectos negativos, uno de los indicadores de esta situación nos permite ver que tenemos unos de los índices de desocupación más alta de la historia del país y numerosas unidades productivas en poder  de entidades financieras.

 

Esta situación descripta constituye un acto de injusticia e iniquidad al no generar empleo y además, cuando se tratan de tierras aptas para el cultivo, provocan problemas fitosanitarios al resto de la actividad productiva al encontrarse en su mayoría abandonadas.

 

Si bien nuestra doctrina  protege el bien jurídico de la propiedad (artículo 17 CN) también ampara el derecho de acceder al trabajo a todos los  ciudadanos de nuestro País que dignamente buscan el sustento para su  familia (artículo 14).

 

El artículo 74 de la Constitución Provincial establece que la utilización del suelo debe ser compatible con las necesidades generales de la comunidad y en su artículo 75 considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de propiedad y en otros de los párrafos expresa que el Estado propende a mantener la unidad  productiva optima.

 

Asimismo la Constitución Rionegrina expresa en su artículo 86 "La  economía esta al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. Su principal  objeto es el desarrollo de la Nación, de la región y de la provincia y sus diversas formas de utilización no pueden contrariar el bien común. La Ley desalienta la usura la especulación y toda aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente las ganancias.

 

Los beneficios del crecimiento son distribuidos equitativamente y solidariamente. Los empresarios, los trabajadores, y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores  económicos que participan en los procesos productivos" y en su artículo 91 "El Estado defiende la producción básica y riquezas naturales contra la acción del privilegio económico y promueve su industrialización y comercialización, procurando su diversificación e instalación en los lugares de origen. Sanciona leyes de fomento para la radicación de nuevos capitales y pobladores.

 

Por otra parte se declara de interés provincial la actividad exportadora de los productos básicos de la economía rionegrina, determinándose como objetivos el logro de una adecuada rentabilidad en la colocación de estos productos, el ordenamiento del proceso y una equitativa distribución de los resultados entre los sectores intervinientes, los que se procurarán a través de la unificación de la exportación.

 

Se asegura la participación de los interesados en la planificación e implementación de las políticas provinciales en la materia.

 

Nuestras economías regionales están pasando por una de las crisis más severas de su historia y es oportuno que se generen políticas económicas activas que permitan el desarrollo sustentable de las mismas.

 

Una medida drástica como la de exigirles a las entidades financieras un plazo perentorio para poner en funcionamiento las unidades productivas que tienen en posesión excede las atribuciones de esta Legislatura en razón de que las entidades de crédito se rigen por la ley 23.928 de Entidades Financieras pero si podemos inducir a ella con un gravamen que corrija esta distorsión e iniquidad tal lo establece nuestra Carta Magna Provincial en el artículo 139 inciso 15. Este gravamen pretende modificar la constante decisión de las entidades a mantener improductivas y ociosas en el tiempo estas unidades y no a los titulares de las propiedades en cuestión y bajo la posesión de aquellas.

 

En el territorio provincial en general y los valles irrigado en particular, es notoria la gran cantidad de unidades de producción (chacras, aserraderos, industrias, comercios, etcétera) que hoy se encuentran paralizadas  en sus actividades y en manos de entidades financieras.

 

Los motivos son diversos, por desinterés de los tomadores de crédito, por una alta tasa de interés y no de fomento, por un lado o debido a que los tiempos de vencimiento de intereses y capital prestado no  concuerdan con los tiempos de producción proyectados por otro y a veces por años de la mala producción o cosecha que provoca insolvencia temporal.

 

Por último también y en el menor de los casos, presuntamente por  manejos poco claros de los fondos otorgados, determinando todo esto que  hoy esas unidades de producción están absolutamente paralizadas, deteriorándose a medida que avanzan los días con todos los problemas que ello acarrea, tanto a nivel laboral por el cese de actividades de los  asalariados que no están percibiendo sueldo, en el ámbito de producción y venta, y a nivel social, aumentando la desocupación y con ello las  demandas sociales por alimentos y subsidios en Municipios y organismos de Acción Social de los gobiernos tanto locales como provinciales.

 

Algunas unidades en cuestión cuentan con importante infraestructura en la mayoría de los casos de avanzada o superior al promedio en que se  encuentran el resto de los productores, al igual que la tecnología aplicada también es, en algunos casos, de primera línea.

 

Todo este desarrollo y despliegue de infraestructura se disuelve al paralizar las actividades y sin establecer un mantenimiento mínimo de la unidad, como también se genera el problema laboral de los trabajadores que quedan desocupados y sin esperanzas de poder seguir trabajando en una empresa que a veces les ha insumido la mitad o más de sus vidas.

 

Ante esta situación creemos importante e imperioso que los bancos o  entidades financieras que tiene en posesión unidades productivas ociosas, desarrollen en un plazo no mayor a noventa (90) días un diagnóstico y programa de explotación, en conjunto con organismos oficiales, gremios o cooperativas, para comenzar a construir solidariamente la reactivación de la economía regional que tanto lo necesita.

 

Por ello.

 

 

Coautores: Walter Azcárate; Edgardo Corvalán; Ana Barreneche; Néstor Castañón; Delia E. Dieterle; Ricardo Esquivel; María Inés García; Miguel A. Gasques; Osbaldo Giménez; Alfredo Pega; Raúl Rodríguez; César Barbeito; Regina Kluz

 

 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.- Las entidades financieras que tengan bajo su posesión unidades productivas ociosas deberán iniciar dentro de los 90 días un programa de evaluación  y explotación de las mismas.

 

Artículo 2º.- A los fines del artículo anterior, podrá coordinar las  actividades tendientes a su concreción, con organismos estatales,  organizaciones civiles con personería jurídica o cooperativas.

 

Artículo 3º.- Las entidades financieras que no cumplan con la presente  norma, tendrán un gravamen equivalente a la tasa de  interés punitorio que fije el BCRA para las operaciones bancarias.

 

Artículo 4º.- De forma.