Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 34/2015 - Texto Proyecto

Viedma, 4 de marzo de 2015

 

Señor

Director de Asuntos Legislativos

Legislatura de Río Negro

Lic. Daniel Ayala

SU DESPACHO:

 

 

De mi mayor consideración

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de autor del Proyecto Ley Nº 562/2013 SE RECONOCE EL DERECHO A UN RESARCIMIENTO ECONÓMICO A LOS AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL PRESCINDIBLES, CESANTEADOS, EXONERADOS O FORZADOS A RENUNCIAR, DURANTE EL PERÍODO ENTRE EL 24 DE MARZO DE 1976 Y EL 10 DE DICIEMBRE DE 1983. SE CREA EL REGISTRO PROVINCIAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA, que por efectos de la ley K nº 140 ha sido declarado en caducidad, a los efectos de que se proceda a conformar un nuevo expediente parlamentario que incluya lo actuado en el expediente citado,  a cuyos efectos solicitamos se considere como formulada nuevamente dicha iniciativa.

 

Lo saluda atentamente.

 

 

 


FUNDAMENTOS

 

La última dictadura militar en Argentina, iniciada a partir del golpe de 1976, no sólo fue un ataque a las instituciones democráticas, sino que ha sido el período más terrible y oscuro de la historia de nuestro país.

 

Desde marzo de 1976 hasta la recuperación de las instituciones democráticas en diciembre de 1983, la sociedad fue atravesada por el terrorismo de Estado más cruento y sin precedentes en la historia argentina, lo que las juntas militares de turno denominaron "proceso de recuperación nacional".

 

Las expresiones más concretas de ese proceso fueron la represión política y social, la desarticulación de las bases de la economía y el ejercicio autoritario del poder cuyo apogeo se produjo entre 1976 y 1978.

 

La persecución y represión ilegal fueron las principales actividades llevadas a cabo por el gobierno militar. En forma ilegal y fundamentalmente clandestina, el gobierno sembró el terror mediante la dirección de un plan especialmente diseñado y organizado que finalmente se extendió a todo el territorio argentino con el propósito de perseguir y aniquilar a ciudadanos comprometidos con organizaciones sociales y políticas.

 

Las formas de represión ilegal denunciadas y comprobadas incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos, la tortura, la apropiación indebida de bebes y, en muchos casos, la ejecución de las víctimas de este proceso de persecución y muerte llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del gobierno militar. Pero también, las consecuencias de esa represión incluyeron a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo, de persecución y de censura.

 

En 1976, la junta militar suspendió la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal. También, dispuso la suspensión del derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo. Se inició así, una verdadera persecución a dirigentes gremiales y representantes de asociaciones u organizaciones de trabajadores.

 

Cada uno de los actos represivos realizados por el gobierno de facto, constituye una flagrante violación a los derechos humanos de las personas. Este reconocimiento cobra significado especialmente a partir del sistema de protección a los Derechos Humanos vigente en nuestro país con la reforma constitucional de 1994, que incorpora a la Constitución Nacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, a los que la República Argentina adhiere y otorga jerarquía constitucional.

 

Pero estas no fueron las únicas formas de violaciones a los Derechos Humanos que afectó a miles de ciudadanos. Los mecanismos de represión se llevaron a cabo a nivel nacional, en cada región provincial o municipal se llevaron a cabo también persecuciones laborales que concluyeron en muchos de los casos en el cese de la relación laboral de innumerables agentes o empleados del Estado. Sin ninguna causa justificable y en el marco de una normativa también ilegal, se dejaba cesante o eran considerados prescindibles por supuestas "razones de servicio", a los agentes de la Administración Pública, escondiendo en realidad otra forma de persecución política e ideológica perpetrada- por el gobierno militar.

 

Nuestra provincia, lamentablemente, no ha estado al margen de estas prácticas, muchos de nuestros conciudadanos fueron víctimas del proceso de persecución política, en todas sus formas y modalidades.

 

Con respecto a la persecución laboral, es necesario mencionar la ley N° 1.149 dictada por el gobierno de facto provincial el 8 de abril de 1976, en el marco del "Acta para el proceso de Recuperación Nacional, las normas de la Ley 21.274 Y las instrucciones recibidas por el Ministerio del Interior'.

El Interventor Militar de la provincia de Río Negro de aquel entonces, sancionó esta ley en cuyo artículo 1 ° autorizaba "a dar de baja por razones de servicio al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste servicios en la Administración Pública Provincial, en el Poder Judicial, en la ex Legislatura Provincial y Municipalidades, entes autárquicos, organismos descentralizados de cualquier carácter, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo".

 

También dispuso el artículo 2° de la ley N° 1.149, que las bajas a las que se refiere el artículo antes mencionado podían ser dispuestas por el Poder Ejecutivo Provincial, las autoridades superiores del Poder Judicial y autoridades de las Municipalidades.

 

Por otra parte, el artículo 3° de dicha norma, declaraba que "las bajas serán efectivizadas teniendo en cuenta la necesidad de producir un real y concreto proceso depurativo de la Administración Pública, sin connotaciones partidarias ni sectoriales", con pretendida intención de ocultar de esta manera las verdaderas intenciones de estos mecanismos de persecución.

 

El artículo 8° de dicho texto legal, establecía que "el personal dado de baja de acuerdo con las disposiciones de la presente ley no podrá reintegrarse a la administración pública nacional, provincial y municipal ni a ninguno de los organismos, empresas, y sociedades mencionadas en el artículo 1 durante los cinco años subsiguientes, ya sea como agente permanente, transitorio o contratado. "

 

Por último, con el propósito de anular cualquier sistema de protección de los derechos laborales, el artículo 10 disponía la suspensión hasta el 31/12/1976 de la vigencia de "toda norma legal, decreto-ley, decreto, resolución, convención o disposición de cualquier naturaleza que se oponga a los dispuesto en la presente ley o que disponga un mecanismo diferente de indemnización al que esta ley establece. "

 

Ahora bien, también es necesario decir que estas prácticas de persecución ya habían comenzado durante el período previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Existen antecedentes que comenzaron a producirse cesantías arbitrarias y discrecionales en diferentes entidades y organismos del ámbito del estatal.

 

Como consecuencia de esto, hubo casos de trabajadores del Estado que fueron cesanteados en el período comprendido entre marzo de 1974 y marzo de 1976 que pacíficamente pueden asimilarse por analogía, a los que lo fueron durante la dictadura militar.

 

Por caso, la Ley Nº 931 sancionada el 25 de abril de 1974, durante el gobierno del Dr. Mario Franco, también legislaba en sentido similar a la ley 1149 del proceso militar.

 

El artículo 1° autorizaba al Poder Ejecutivo "hasta el 31/12/1974 a dar de baja, por razones de servicio, al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste servicios en la Administración Pública Provincial, entes autárquicos, organismos descentralizados de cualquier carácter, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo. "

 

y en el artículo 6 se dejaron en suspendo "hasta el 31/12/1974 toda norma legal, decreto-ley, decreto, resolución, convención o disposición de cualquier naturaleza que se oponga a la presente ley o que disponga un mecanismo diferente de indemnización al que esta ley establece. "

 

En 1983, con la recuperación de la democracia argentina, se inicia también un largo recorrido en torno al tema de los derechos humanos vulnerados por la dictadura militar.

 

A partir de diciembre de 1983 se inicia en Argentina el período de reafirmación de la democracia y a iniciativa del presidente Raúl Alfonsín se llevan adelante acciones políticas encaminadas a resolver las cuestiones relacionadas con la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar.

 

Precisamente, una de las primeras medidas adoptadas por Alfonsín, tal cual se había comprometido en la campaña electoral, fue crear una comisión con destacadas personalidades de la sociedad, con el propósito de recibir las denuncias sobre la desaparición de personas durante la dictadura militar.

 

El 15 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firmó el Decreto 187/83, por el cual propiciaba constituir una Comisión Nacional, con el objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país. Así nació la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, la primera en el mundo de las denominadas ulteriormente Comisiones de la Verdad.

 

Las funciones de esta Comisión fueron la de recibir pruebas y denuncias para su juzgamiento en caso de estar relacionadas con la presunta comisión de delitos, como así también, averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y toda otra circunstancias relacionada con la localización de las mismas. También se estableció que la Comisión tenía la tarea de ubicar a los niños desaparecidos, sustraídos a la tutela de sus padres y emitir un informe final, con la explicación detallada de los hechos investigados.

 

La Comisión estuvo integrada por representantes de la Cámara de Diputados de la Nación y personalidades con gran prestigio nacional e internacional, entre otros, por Ernesto Sábato, que la presidió, Ricardo Colombres; René Favaloro, Jaime de Nevares y Magdalena Ruiz Guiñazú.

 

La CONADEP relevó miles de casos de desaparición, secuestro, tortura y ejecuciones. En tal sentido, con cada uno de los casos denunciados se conformo un legajo numerado. La Comisión compiló más de 50.000 páginas de documentación, la cual, fue entregada al Presidente Alfonsín el 20 de diciembre de 1984, sirviendo de fuente documental para el libro Nunca Más, y el posterior juicio que se llevó adelante contra las Tres Juntas militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, los cuales, fueron condenados a cadena perpetua.

 

La figura de Raúl Alfonsín, respecto a la reivindicación de los derechos humanos, ha quedado y quedará para siempre en nuestra historia institucional, su legado marcó el inicio de la democracia argentina que con un verdadero gesto de audacia y valentía, resolvió los crímenes de la dictadura saldando así esa deuda pendiente con el pasado más oscuro de nuestra patria.

 

Si bien la mayor parte de esta política tuvo puesto el foco de atención en los secuestros, los asesinatos, las torturas y los robos de identidad, tanto para enjuiciar a los responsables como para reparar o indemnizar a las víctimas, lo cierto es que el Estado también propuso algunas acciones con el fin de reparar los derechos vulnerados a partir de las masivas cesantías perpetradas contra trabajadores del Estado.

 

Sin embargo, hay una extendida coincidencia en pensar que las leyes nacionales y provinciales que se ocuparon del tema, resolvieron parcialmente esta situación.

 

En nuestra provincia, por ejemplo, el 24 de enero de 1984 esta Legislatura sancionó la Ley 1794, declarando "nulas e inexistentes por haber afectado al orden público normativo y ser instrumento de persecución política, gremial, religiosa y racial a las leyes número 931/74; 1149 Y sus modificatorias número 1201; 1290; 1437; decretos, ordenanzas y resoluciones, como así también la aplicación concreta en el territorio provincial de la ley nacional número 21258; y toda resolución dictada en relación a las normas legales precedentes.”

 

La Ley 1794 efectuó un reconocimiento y estableció una serie de beneficios a todos los agentes afectados por las normas enunciadas en su artículo 1 y creó una comisión legislativa especial con el propósito de atender los reclamos realizados en el marco de sus disposiciones.

 

En el año 2011, se sancionó la ley N° 4.660 que amplió aquellos derechos, y estableció que la antigüedad establecida en la ley L nº 1794 desde la fecha de prescindibilidad hasta la efectiva reincorporación del agente, sea tomada en cuenta, a los efectos del cálculo del adicional por antigüedad en el empleo, a los fines remunerativos del agente.

 

Si bien ese conjunto de leyes, tanto nacionales como provinciales, resolvieron las situaciones de injusticia, lo cierto es que se abordaba el tema como una cuestión puramente administrativa o laboral sin que se tuviera en cuenta que era necesaria una real reivindicación de los derechos humanos.

 

Además, la mayoría de estas normas tenían carácter transitorio y contenían plazos que rápidamente se vencieron o bien por las formas de difusión existentes en aquella época, no era posible que la ciudadanía pudiera conocer acabadamente su contenido, todo lo cual contribuyó a que muchos casos quedaran pendientes de reparación.

 

Pero también, como hemos manifestado en estos fundamentos, las cesantías producidas en el Estado, deben enmarcarse en la política de terrorismo de estado del gobierno militar y calificarse como violaciones a los derechos humanos, sobre todo por el gravísimo daño que infligió a quienes fueron sus víctimas directas.

 

Es por lo expuesto, que resulta necesario que el gobierno provincial asuma la responsabilidad de generar un mecanismo legal de reparación histórica y asignar los fondos que resulten necesarios para indemnizar a las víctimas de esas prácticas ilegales y violatorias de los derechos fundamentales de las personas, en virtud de que el derecho al trabajo constituye uno de los derechos humanos básicos consagrados constitucionalmente en nuestro país.

 

Consideramos que declarar a esas cesantías simplemente como medidas administrativas injustas o nulas, pero sin mayores alcances, es pasar por alto cuestiones de suma gravedad que han afectado y dañado severamente la vida de miles de trabajadores y sus respectivas familias.

 

Esas acciones represivas violaron aquellos derechos humanos establecidos en las normas referidas, constituyen claramente crímenes de lesa humanidad por parte de sus actores y se deben inscribir en el marco de responsabilidad del Estado en orden a su reparación.

 

En tal sentido, el presente proyecto propicia como ya ha sucedido en otras jurisdicciones, que se implemente en Río Negro una reparación económica a las personas cesanteadas sin causa en la Administración Pública Provincial, con el fin de compensar el deterioro económico, material, moral y social ocasionado desde el Estado, incluyendo tanto los casos acaecidos durante la dictadura militar como en el período previo a la misma, no desconociendo la existencia de otras iniciativas parlamentarias en trámite que propician otro tipo de reconocimientos por casos pensiones graciables con similar población objetivo, sin perjuicio de lo cual, entendemos que esta propuesta representa una especie de cierre definitivo a dicho padecimiento, por medio de la indemnización o reparación propuesta.

 

Por ello:

 

Autor: Alejandro Betelú.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.-           OBJETO.- Esta ley tiene por objeto el reconocimiento del derecho a un Resarcimiento Económico de los agentes de la Administración Pública Provincial, que hayan sido declarados prescindibles o cesanteados, exonerados y/o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares, durante el período comprendido entre el 24 de Marzo de 1.976 y el 10 de Diciembre del año 1.983, en el marco de la ley L nº 1149, modificatorias y ampliatorias dictadas por el Gobierno de facto a tal fin.

 

También se reconoce ese derecho en igualdad de condiciones a quienes fueron afectados por similares motivos durante el período comprendido entre abril de 1974 a marzo de 1976, en el marco de la ley L nº 931.

 

Artículo 2º.-           ALCANCE.- Los agentes y empleados del Estado Provincial y Municipal, Empresas Públicas, Asociaciones y Organismos intervenidos durante la última dictadura militar, comprendidos en los supuestos del artículo 1º, que cumplan con los requisitos y demás condiciones que se establecen, tienen derecho a la percepción de una indemnización, que se otorgará por única vez, en concepto de resarcimiento económico.

 

Artículo 3º.-           REQUISITOS.- Para acceder al Resarcimiento Económico, las personas comprendidas en los alcances de esta ley, deben solicitar ante la Autoridad de Aplicación su incorporación al Registro Provincial de Reparación Histórica cumpliendo con los siguientes requisitos:

 

a)      Acreditar su relación laboral con el Estado Provincial con anterioridad al 10/12/1983.

 

b)      Haber sido dado de baja por aplicación de las leyes provinciales:

 

1)   Ley L nº 931, sancionada el 25 de abril de 1974;

 

2)   Ley L nº 1149 sancionada el 8 de abril de 1976, sus modificatorias y prórrogas y toda otra legislación dictada en igual sentido durante el período comprendido entre el 24/03/1976 y el 10/12/1983.

 

c)      Aportar la documentación probatoria correspondiente y/o acreditar por cualquier medio probatorio, idóneo o información sumaria, las causales políticas, ideológicas, gremiales o similares, que determinaron el cese de la relación laboral.

 

A los fines de esta disposición, se admite la presentación de todos los elementos probatorios para cumplimentar la información requerida por parte de los interesados y en forma sustitutiva o complementaria el Estado Provincial debe recabar toda la documentación que se encuentre en poder de sus organismos.

 

Artículo 4º.-           CREACION.- Se crea el Registro Provincial de Reparación Histórica de los agentes de la Administración Pública Provincial que funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

 

A tal efecto, la Secretaría de Derechos Humanos tiene las siguientes funciones:

 

a)      Confeccionar un padrón provincial de los agentes comprendidos en el artículo 1° de esta ley.

 

b)      Recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley.

 

c)      Recepcionar y evaluar la documentación presentada por los solicitantes del beneficio de Resarcimiento Económico garantizado en esta ley.

 

Artículo 5º.-           EVALUACION.- La Autoridad de Aplicación realizará una evaluación previa de los antecedentes y la documentación presentada por los interesados en acceder al beneficio de Resarcimiento Económico, considerando los derechos que le asisten de acuerdo a los alcances de esta ley para su incorporación al Registro Provincial de Reparación Histórica.

 

La incorporación al Registro Provincial de Reparación Histórica se efectiviza mediante resolución fundada de la Autoridad de Aplicación cuyo dictado no podrá exceder el plazo de treinta (30) días contados a partir de su presentación.

 

La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio será recurrible dentro de los diez (10) días hábiles de notificada, de acuerdo a las disposiciones de Procedimiento Administrativo previsto en la ley A nº 2938.

 

Artículo 6º.-           EXCLUSIONES.- Quedan excluídos de los alcances de esta ley:

 

a)      Los agentes que habiendo sido dados de baja en las condiciones establecidas en esta ley, hayan sido reincorporados a la Administración Pública Provincial o hayan sido beneficiados por las disposiciones de la ley L nº 1794.

 

b)      Los agentes que hayan actuado como colaboradores de las fuerzas represivas del gobierno militar durante el período 1976 a 1983.

 

Artículo 7º.-           RESARCIMIENTO ECONOMICO.- Todas las personas incluídas en el Registro Provincial de Reparación Histórica tienen derecho a percibir por única vez una indemnización en concepto de resarcimiento económico, equivalente a treinta (30) salarios mínimos vitales y móviles vigentes a la fecha de la efectiva percepción.

 

El Estado Provincial abona la indemnización en un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días contados a partir de la incorporación al Registro Provincial de Reparación Histórica.

 

El resarcimiento económico que estipula esta leyes inembargable y está exento de cualquier tipo de impuestos o gravámenes.

 

La percepción de cualquier otro beneficio indemnizatorio recibido a través de normas nacionales, provinciales, municipales o por reclamos judiciales, es considerado como parte integrante de la indemnización prevista en esta ley.

 

En caso de fallecimiento del beneficiario directo sus herederos legales tienen derecho a solicitar el beneficio reconocido por esta ley.

 

Artículo 8º.-           AUTORIDAD DE APLlCACION.- Es Autoridad de Aplicación de esta ley la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y en tal carácter tiene a su cargo el Registro Provincial de Reparación Histórica y el pago de las indemnizaciones previstas en esta ley.

 

Artículo 9º.-           DIFUSION.- El Estado Provincial tiene a su cargo la difusión de esta ley, con el fin de dar a conocer sus beneficios y alcances de manera amplia y por un lapso suficiente, a fin que la población y en especial los eventuales beneficiarios puedan tomar conocimiento de los mismos.

 

Artículo 10.-           GRATUIDAD.- Los trámites administrativos y de cualquier índole que debieran realizarse para acceder a los beneficios de esta ley son gratuitos y están exentos de pago de tasas o contribuciones.

 

Artículo 11.-           FINANCIAMIENTO.- Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas a la Secretaría de Derechos Humanos en el Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente.

 

Artículo 12.-           AGENTES MUNICIPALES.- Se invita a los municipios de la Provincia a adherir a la presente ley, dictando en el ámbito de sus jurisdicciones normas en idéntico sentido.

 

Artículo 13.-           REGLAMENTACION.- El Poder Ejecutivo reglamenta esta ley en un plazo máximo de sesenta (60) días desde su promulgación.

 

Artículo 14.-           De forma.