Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 351/2002 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

 

Mediante la ley nº 2921 modificada por el artículo 14 de la ley nº 3235 se dispuso la posibilidad de incoar recursos contra las sentencias que hagan lugar a acciones de amparo.

 

Así pues, se dispuso que sea el recurso de apelación contra las sentencias que dictar cualquier juez de esta Provincia, debiendo éstos ser concedidos en relación y con efecto suspensivo.

 

En el caso de sentencias dictadas por un Juez del Superior Tribunal de Justicia el recurso que dispone la norma analizada es el de reposición ante el cuerpo en pleno de dicho tribunal máximo provincial.

 

Mucha polémica despertó la aplicación de dicha normativa para aquellos amparistas que habiendo logrado una sentencia favorable deben soportar que el recurso de apelación sea concedido con efecto suspensivo, lo que torna la sentencia de cumplimiento imposible hasta que el máximo tribunal judicial de Río Negro resuelva dicha apelación.

 

Tales características en la apelación resultan notoriamente contradictorias en el caso del proceso de amparo. Ya que, está de más afirmar que las mismas tienen fundamento en la franca vulneración de un derecho constitucional, el que debe ser rápida y sumariamente reparado, incluso evitando males mayores en la depreciación de los mismos.

 

El amparo, receptado en el artículo 43 de la Constitución de Río Negro no tiene mayor legislación procesal que la constitucional que simple pero contundentemente lo contiene.

 

La doctrina que elaboró el Superior Tribunal de Justicia en fallos comentados incluso en prestigiosas publicaciones de derecho nacional como por ejemplo el conocido voto del Dr. Nelson Echarren en "Municipalidad de Bariloche", donde en principio se consagró la inapelabilidad de las sentencias dictadas en esos procesos salvo por cuestiones como irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, nos da un pantallazo claro sobre la naturaleza del instituto y la desvirtuación que significó la aparición en escena de la mentada ley 2921.

 

En ese esquema, imaginemos las injusticias que han debido sufrir los amparistas con sentencias favorables sobre vulneración de derechos, que más que derechos en el sentido puro son problemáticas sociales evidentes, al no poder ejecutar esas sentencias, por la interposición (muchas veces a modo de chicana procesal) de recursos de apelación con efecto suspensivo.

 

Entran en juego aquí, el respeto del derecho constitucional que se denuncia afectado en el amparo y el derecho de defensa en juicio, el que se complementa obviamente con la garantía constitucional de la doble instancia.

 

En ese juego, debemos privilegiar, a nuestro entender el bienestar de la ciudadanía que utiliza el recurso de amparo como única vía en muchas oportunidades, para solucionar o en su caso paliar determinadas injusticias que padece.

 

En tal virtud, aparece imprescindible buscar mecanismos que contemplen el derecho de quien es condenado en un proceso de amparo en el que técnicamente no se contesta demanda y sólo existe posibilidad de brindar un informe circunstanciado (ver artículo 43 C.P.), tenga la garantía de la doble instancia procesal y obviamente el derecho constitucional afectado que motivara la interposición de la acción logrando una sentencia favorable de un juez elegido por el amparista conforme lo autoriza la constitución de Río Negro.

 

En ese esquema, entendemos que el recurso de apelación con efecto suspensivo realmente es notoriamente perjudicial para el amparo, ordinarizando una acción que debe ser sumarísima, diríamos urgente y que no puede ser bastardeada en aras de procurar ser "extremadamente garantista" con la garantía de la doble instancia.

 

Irnos al otro extremo, esto es establecer el efecto devolutivo sin otorgar al juez del amparo de una herramienta que otorgue certeza a quien apela que en caso de revocarse la sentencia existe alguien responsable por los perjuicios que esa ejecutoriedad temporaria de la sentencia pudo causar, también nos parece desajustado y ciertamente injusto en la balanza que mensurábamos "ut supra" sobre los derechos en juego en este análisis.

 

Es por ello, que este proyecto consagra el efecto devolutivo del recurso de apelación, pero disponiendo que el Juez del Amparo puede exigir para la ejecución de la sentencia de primera instancia contracautela suficiente a su exclusivo mérito, siendo esa decisión si inapelable, intentando de esa forma dar garantía suficiente a esa sentencia que se ejecutará seguramente y que podría ser revocada posteriormente de hacerse lugar a la apelación que con efecto devolutivo incoara la contra parte, sobre las posibles consecuencias de esa ejecución.

 

Por ello:

 

COAUTORES: Fernando Grandoso, Roberto Jorge Medvedev, Juan Manuel Accatino, Fernando Gustavo Chironi, María Noemí Sosa

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la ley nº 2921 modificada por el artículo 14 de la ley nº 3235 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

"Artículo 1º.- Las sentencias que resuelvan las acciones de amparo serán susceptibles de recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia. El mismo se concederá en relación y con efecto devolutivo.

 

En el caso que la sentencia haya sido dictada por un Juez del Superior Tribunal de Justicia, contra la misma procederá el recurso de reposición ante el cuerpo en pleno.

 

El Juez del Amparo podrá exigir al amparista que solicite la ejecución de sentencia de un amparo que hubiera sido recurrida por la contraparte, la acreditación de contracautela suficiente a mérito exclusivo del juzgador. La resolución que disponga la contracautela será inapelable".

 

Artículo 2º.- De forma.