Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 444/2012 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

El 17 y 18 de Junio de 2010, la Ciudad de San Carlos de Bariloche se convirtió en la expresión más grande, no del Turismo o el Medio Ambiente como nos gustaría mostrar al Mundo, sino por el contrario en una expresión de la Violencia, la Desigualdad Social, la Intolerancia y la Impunidad.

 

Ese día tres jóvenes barilochenses, Diego Bonnefoi de 15 años, Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 29 años, perdieron la vida víctimas del Gatillo Fácil y un accionar de la Fuerza Policial que no se corresponde en lo más mínimo con su verdadera y única función: proteger y salvaguardar la vida y bienes de los ciudadanos.

 

En esa fecha debemos recordar lamentablemente estos hechos, que se asemejan al Terrorismo de Estado, perpetrados por efectivos de la Fuerza Pública, bajo el amparo del entonces Gobierno de Río Negro, el cual por acción u omisión, más allá del resultado de las instancias de investigación propias del ámbito de la Justicia que aún se siguen llevando adelante, utilizó claramente su estructura para atacar a una parte de la población de San Carlos de Bariloche.

 

Mucho se ha hablado en estos dos largos años sobre este hecho lamentable que enlutó la vida cotidiana de nuestra Provincia, pero muchos también han pretendido que no se hable de esta situación. Diariamente, frente a diferentes conflictos, nos encontramos con una dicotomía que está presente en nuestra sociedad, marcada por una profunda falta de diálogo, oportunismo y egoísmo en relación a la vida del resto de la comunidad delineando así una situación que fatídicamente termina al final del día con más exclusión y más violencia.

 

Esta lamentable postura de no querer debatir de parte de algunos sectores, de no respetar al otro, de no pretender justicia para todos y por todos, nos ha llevado no solo a pretender ocultar estos hechos, sino también a seguir pronunciando en el seno de nuestros espacios de convivencia un mensaje de desinterés por la situación colectiva y en ese marco, quedando incapacitados para trabajar colectivamente para que se encuentre solución a estos conflictos.

 

En este sentido, el reflejo más evidente, como resultado ante la falta de debate en la sociedad, es el accionar de la Justicia en nuestra Provincia respecto de esta situación. Tal como lo han denunciado y dejado en claro los familiares de las víctimas de estos lamentables hechos, la Justicia solo se ocupó del Juicio al responsable de la muerte del joven Diego Bonnefoi, el ex cabo Colombil, pero en un procedimiento cuestionado por el alcance de la sentencia y la investigación respecto de cómo se sucedieron los hechos previos al asesinato del menor, quien recibiera un disparo por parte del condenado.

 

Sin embargo, luego de dos años aun no es posible contar con una investigación o sentencia firme que tenga enfrente a los culpables de las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, así como también de las agresiones y persecuciones sufridas por otros ciudadanos en la misma fecha, casos en los que por suerte hoy no tenemos que lamentar sus muertes, pero en los que de igual forma se debe exigir justicia.

 

Solo hemos asistido a indagatorias inconclusas para los responsables políticos y operativos de la Fuerza Policial en el momento del hecho, jueces apartados y reveses judiciales que “propios o comunes” del andar cotidiano del Poder Judicial como algunos los intentan ver, representan el mantenimiento de la Impunidad y la falta de Garantías no solo para los familiares de las víctimas, sino por el contrario, también para toda la Comunidad.

 

Es necesario comprender entonces que es la comunidad, más allá de la responsabilidad que es propia de cumplir por quienes tienen participación en la conducción del Estado, la que en su andar cotidiano tiene el verdadero poder de cambio de estas situaciones.

 

Esta doble vara presente en la comunidad para hablar de ciertos temas, la cual a veces es masificada o ampliada, consciente o inconscientemente, por parte de algunos comunicadores, se ha impuesto en los últimos tiempos, siendo necesario dar las herramientas y espacios que puedan revertir estas divisiones que tanto daño nos hacen.

 

El respeto de los Derechos Humanos no es una cuestión “reservada a los delincuentes” como muchas veces se replica en distintos espacios, sino que implica un conjunto de derechos que, tal cual su denominación, son el piso mínimo a partir del cual debemos en conjunto fundar el desarrollo de la vida de todos y cada una de las personas.

 

Debemos repudiar el discurso violento y discriminador basado en el “algo habrán hecho”, “ese vive en el barrio tal” o “ese tiene ese apellido y entonces seguro es culpable o mala persona”. Podemos impulsar desde el Estado todas y cada una de las iniciativas que puedan colaborar con mejorar la igualdad, el acceso a oportunidades y más bienestar para todos, pero necesariamente, y en contraparte también nos debemos un profundo y sincero debate que atraviese toda la sociedad, por un lado sobre estos hechos puntuales que debemos recordar, pero sustancialmente debemos debatir sobre las causas sociales que son el escenario donde estos hechos se generan y las actitudes sociales que las promueven u ocultan.

 

Lentamente, pero con convicción, aparecen, en distintos espacios, iniciativas que buscan cumplir con este anhelo, que buscan mayor igualdad, mayor respeto por la vida y mayor respeto por nuestra sociedad. Un ejemplo reciente se da en el seno del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, donde hemos asistido a la aprobación de la Ordenanza N° 2315-CM-12 que instituye el día 17 de Junio para esa ciudad, como el Día de la Inclusión Social y Contra la Represión Policial.

 

De forma clara, y con una profunda vocación correctiva, se intenta luchar contra este desinterés social y buscando lograr un poco de Justicia a la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia Social y del Estado, esta iniciativa busca promover, desde el Concejo Municipal y Ejecutivo Municipal, según queda expresado en su articulado, la reflexión y busca de conciencia sobre la Defensa de los Derechos Humanos en todos los ámbitos, asumiendo al Estado como el primer responsable en el cumplimiento de los mismos y proponiendo a la comunidad educativa de todos los niveles realizar tareas dentro del aula referidas a la fecha instituida.

 

A nivel provincial, hoy nos encontramos frente a un panorama que busca ser distinto, al menos desde la conducción política, disponiendo medidas correctivas en torno a la relación de la Fuerza Policial con la comunidad, el cumplimiento irrestricto de los Derechos de todos y cada uno de los ciudadanos y la busquedad de mayor inclusión social en el territorio. Sin embargo queda claro que ninguna de estas medidas será efectiva si se toman de manera aislada, y que por el contrario, siempre se debe impulsar un trabajo de todos los actores sociales, para que en cada lugar de trabajo, para que en cada hogar y en cada institución, podamos aportar a nuestro desarrollo colectivo.

 

En este sentido, acompañando el impulso institucional que se ha querido implementar desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, pero buscando tener presente a todos los hechos que debemos repudiar en la Provincia en materia de Impunidad y delitos contra los Derechos Humanos, debemos fortalecer la tarea de todas las instituciones que trabajan en la materia, buscando garantizar un debate amplio en todo el territorio, que acompañado de medidas en el ámbito de toda la estructura del Estado, puedan dar cuenta de una política no solo de defensa de los Derechos Humanos, sino también, una política comunitaria en donde se persiga una mayor inclusión social y en especial una mayor protección de nuestros jóvenes.

 

Por ello:

 

Autoras: Beatriz Contreras, Silvia Alicia Paz, María Magdalena Odarda.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.-           Se instituye en la Provincia de Río Negro la “Semana contra la Violencia, por la Juventud y la Inclusión Social”, cuyo inicio tendrá lugar el día 17 de Junio de cada año.

 

Artículo 2º.-           El Estado Provincial promoverá en sus distintas dependencias la formulación y realización de actividades, espacios de reflexión y debate que tiendan a generar conciencia en materia del respeto al cumplimiento de los Derechos Humanos, la Lucha contra la Violencia y el respeto e inclusión social para la Juventud.

 

Artículo 3º.-           De forma.