Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 504/2012 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

En nuestro país hubo una generación que decidió luchar por una sociedad más justa, y esa lucha a muchos les costó la vida, y a otros, la cárcel. Se calcula en 10.000 la cantidad de personas que fueron detenidas durante la dictadura militar que asoló nuestro país; de esa cantidad, el 67 % de los detenidos-desaparecidos fueron trabajadores. En ese marco, el Estado tiene la obligación moral de resarcir a todos los ciudadanos que fueran encarcelados injustamente. Muchos presos políticos perdieron casi diez años de su vida, una gran cantidad de ellos no pudieron completar sus estudios y tuvieron, después, dificultades laborales.

 

Es indiscutible que las consecuencias post-traumáticas que significó la prisión y las torturas, han limitado la reinserción social de los militantes que en los años setenta, resistían en las escuelas, las universidades, las fábricas, los sindicatos, o en el periodismo, y hoy son los sobrevivientes del mayor genocidio que azotó a la Argentina del Siglo XX.

 

Debemos concretar una reparación histórica para con las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado; es necesario llevar adelante otro tipo de políticas para con los sobrevivientes de tan aberrante dictadura. No les brindemos solamente homenajes, hagamos un reconocimiento material a quienes fueron detenidos por la dictadura y que salvaron sus vidas, entendiendo que es nuestro deber solidarizarnos con el dolor de los que padecieron cárceles, o que se vieron forzados a vivir y sufrir en el exilio, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

 

Esta situación, emergente de la historia de nuestro País en el período de la Dictadura Militar y el Terrorismo de Estado, ubica a los ex detenidos políticos de todo el país, sin discriminación de fronteras provinciales, como víctimas de un mismo régimen, de un mismo accionar. Esto es la represión de Terrorismo de Estado bajo la concepción de la doctrina de seguridad nacional, que ejerció la represión ilegal enmarcada dentro del concepto de Crímenes de Lesa Humanidad, en medio de una permanente situación de torturas físicas y psíquicas.

 

Por ello, reclamamos, en base a la situación mencionada y amparándonos en la legalidad y el derecho del que el Estado Argentino es garante, una cobertura digna para las mujeres y hombres que en la lucha lo han entregado todo y que hoy carecen de los más elementales servicios de salud y seguridad social.

 

Es el objetivo de esta ley, otorgarle una pensión a quienes fueron condenados por un consejo de guerra, padecieron el terrorismo de estado y estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o privados de su libertad de cualquiera de estos u otros modos ilegales por causas políticas, gremiales, etc. De este beneficio ya gozan ex presos políticos de varias provincias, donde cada Estado tiene el derecho a fijar el monto de esta pensión.

 

Durante la dictadura cívica-militar más sangrienta de la historia argentina, los señores de poder eran amos de la muerte. Y sus víctimas nunca más volvieron a sus vidas y a la de sus familias como antes del genocidio. Por lo tanto, nuestra tarea de hoy es ser voceros de las víctimas de aquel horror solidarizándonos con aquellos que padecieron en las cárceles.

 

Por todo ello

 

Autor: Roberto Jorge Vargas.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.-  Establécese una pensión graciable para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.

 

Artículo 2º.-  Podrán acceder al beneficio que se establece por la presente, las personas comprendidas en el artículo anterior, con domicilio real en la Provincia de Río Negro al momento de su privación de libertad, y que no resulten beneficiarios de una prestación nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación.

 

Artículo 3º.-  Las personas que reúnan los requisitos y soliciten el beneficio de la presente Ley deberán presentar la solicitud ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación o el organismo que en el futuro la sustituyere, en las formas y condiciones que la reglamentación y ésta Secretaría establezcan.

 

Artículo 4º.-  En caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio los derecho-habientes en el siguiente orden:

 

a)      Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa provisional vigente.

 

b)      Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad.

 

c)      Hijos incapacitados para el trabajo, mientras dure la incapacidad.

 

Artículo 5º.-  El monto del beneficio previsto en la presente Ley será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario mínimo, vital y móvil.

 

Artículo 6º.-  Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación o el organismo que en el futuro la sustituyere.

 

Artículo 7º.-  Adecuación Presupuestaria. Facúltese al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Economía, efectúe las adecuaciones presupuestarias necesarias tendientes al cumplimiento de la presente Ley.

 

Artículo 8º.-  De forma.