Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 527/2003 - Texto Proyecto

Viedma, 30 de octubre de 2003.

 

 

Nota nº 26

 

 

Señor Presidente:

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los miembros de ese Cuerpo, a fin de presentar ante la Legislatura que dignamente preside, para su tratamiento, consideración y posterior sanción legislativa, el proyecto de ley por el que se propone la inclusión de los remates y ejecuciones derivados de saldos impagos de créditos otorgados a productores primarios por el ex Banco de la Provincia de Río Negro que administra la Coordinación de Organismos de Liquidación, bajo operatorias destinadas a la actividad frutihortícola, en los términos de la suspensión dispuesta en el artículo 1º de la ley nº 3712 que comprende los remates y ejecuciones judiciales de los “emprendimientos productivos de sustento familiar”, pertenecientes a la actividad primaria, secundaria y terciaria, cuyo origen se reconozca en deudas financieras, mientras dure la emergencia económica, social, financiera y laboral, de conformidad con el artículo 1º de la ley nacional nº 25.563. Es decir hasta el día 10 de diciembre de 2003.

 

La presente norma además dispone que durante el lapso que dure la suspensión se diseñen e implementen mecanismos de financiación con la participación de las federaciones y asociaciones que agrupen a los diversos actores del sector frutihortícola, ello conforme las pautas rectoras de la ley nº 3007 que mejor se ajusten a las condiciones económicas, financieras y productivas de los deudores, a cuyo fin podrá categorizárselos según dichas condiciones para a partir de allí determinar requisitos y condiciones de refinanciación. En el entendimiento de las dificultades que representan estos procesos de refinanciación por sectores, se prevé además la posibilidad de ampliar el plazo de la suspensión de las ejecuciones para que conforme el avance de los mecanismos de refinanciación de los préstamos comprendidos por la ley que se impulsa se lleve su finalización noventa (90) días hábiles más allá del 10 de diciembre de 2003.

 

Atendiendo a las particularidades del caso, la suspensión de remates y ejecuciones judiciales que se impulsa abarca la iniciación de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas por préstamos prendarios con la sola salvedad de aquellos casos en que sea necesario interrumpir la prescripción de la acción para lo cual la Fiscalía de Estado, a requerimiento de la Coordinación de Organismos en Liquidación, entablará demanda a ese solo efecto, hasta obtener la sentencia.

 

En el caso de juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo de suspensión propuesto, quedando suspendido por el mismo período el cursos de los términos procesales y de las caducidad de instancia. En aquellos casos en que por exigencias de las normas de fondo no sea posible reinscribir administrativamente las prendas, cuando de la evaluación de los antecedentes surja que los bienes prendados constituyen herramientas de trabajo, y/o bienes de una antigüedad superior a los doce (12) años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la Coordinación de Organismo de Liquidación quedará relevada de la obligación de requerir el inicio de demanda judicial de cobro para la reinscripción registral de tales prendas, salvo el supuesto de prescripción de la acción.

 

Tampoco será necesario el urgente inicio de acciones judiciales en los casos en que los deudores beneficiarios por la norma propuesta se avengan a reconocer su deuda a los fines interrumpidos de la prescripción.

 

Es necesario remarcar aquí que conforme lo establece distinta normativa de fondo, el estado provincial se ve a la fecha compelido a iniciar acciones judiciales contra los deudores en las condiciones arriba citada, ello en tanto se corren dos riesgos centrales. Por un lado la prescripción de las acciones y créditos involucrados, y por otro la caducidad de pleno derecho de las garantías otorgadas.

 

Estas circunstancias motivan que se inicien acciones judiciales por cobro de los saldos pendientes de pagos de préstamos a productores frutihortícolas por deudas con el ex Banco de la Provincia de Río Negro, en franca contraposición con otros lineamientos de políticas públicas  generales para con el sector, como por caso el incesante acompañamiento y exigencia frente al Gobierno Nacional y las autoridades del Banco de la Nación Argentina para aliviar la carga de los préstamos hipotecarios tomados años atrás por los productores ante dicha entidad y que constantemente ponen en riesgo de remate parcelas productivas de distintas regiones provinciales.

 

Se suma también a ello lo contraproducente y por lo general antieconómico que resulta ir contra bienes prendados o renovar prendas mediante su reinscripción por orden judicial -previo inicio de ejecuciones judiciales- sobre herramientas de trabajo que en la mayoría de los casos son de vieja data, con deterioros propios de su uso intensivo en las actividades productivas.

 

A dicho análisis de costo beneficio en términos económicos debemos adicionárselos similar análisis en términos de políticas públicas, en momentos en donde se desarrollan distintas acciones en procura de fortalecer el sector productivo provincial.

 

En virtud de los fundamentos aquí expuestos, remito adjunto proyecto de ley descripto, el que dada la trascendencia para la reestructuración económica de la provincia se acompaña con Acuerdo General de Ministros, para su tramitación en única vuelta conforme artículo 143, inciso 2 de la Constitución Provincial.

 

 

FIRMADO: doctor Pablo Verani, gobernador

 

 

Al señor

Presidente de la Legislatura

De la Provincia de Río Negro

Ing. Bautista J. Mendioroz

Su Despacho

 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de octubre de 2003, con la presencia del señor Gobernador de la Provincia, doctor Pablo Verani, se reúnen en Acuerdo General de Ministros, los señores Ministros de Economía contador. José Luis Rodríguez, de Gobierno y a cargo asimismo del Ministerio de Salud y Desarrollo Social contador Esteban Joaquín Rodrigo, de Educación y Cultura profesora Ana María K. de Mázzaro y de Coordinación doctor Gustavo Adrián Martínez,

 

El señor Gobernador pone a consideración de los Señores Ministros el proyecto de ley mediante el cual se propone la inclusión de los remates y ejecuciones derivados de saldos impagos de créditos otorgados a productores primarios por el ex banco de la Provincia de Río Negro que administra la Coordinación de Organismos en Liquidación, bajo operativas destinadas a la actividad frutihortícola, en los términos de la suspensión dispuesta en el artículo 1º de la ley nº 3712.

 

Atento al tenor del proyecto y a la importancia económica que reviste la cuestión, se resuelve solicitar a la Legislatura Provincial otorgue  al mismo el tratamiento previsto en el artículo 143, inciso 2, de la Constitución Provincial, por lo cual se remite copia del presente.

 

 

FIRMADO: doctor Pablo Verani, gobernador; contador José Luis Rodríguez, Ministro de Economía; contador Esteban Joaquín Rodrigo, de Gobierno y a cargo del Ministerio de Salud y Desarrollo; profesora Ana María K. de Mazzaro, de Educación y Cultura; doctor Gustavo Adrián Martínez, de Coordinación.

 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.- Inclúyanse en los términos de la suspensión dispuesta por el artículo 1º de la ley nº 3712 a los remates y ejecuciones derivados de saldos impagos de créditos otorgados a productores primarios por el ex Banco de la Provincia de Río Negro que administra la Coordinación de Organismos en Liquidación, bajo operatorias destinadas a la actividad frutihortícola.

 

Artículo 2º.- En el lapso comprendido por la suspensión dispuesta por la presente norma, el Ministerio de Economía con la participación de las federaciones y asociaciones que agrupen a los diversos actores del sector frutihortícola, impulsará el diseño y puesta en práctica de mecanismos de refinanciación que conforme las pautas rectoras de la ley nº 3007 mejor se ajusten a las condiciones económicas, financieras y productivas de los deudores, a cuyo fin podrá categorizárselos según dichas condiciones.

 

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo provincial para que conforme el grado de avance de los mecanismos de refinanciación de los préstamos comprendidos por la presente ley, prorrogue la suspensión dispuesta en el artículo 1º por hasta noventa (90) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo contemplado en el artículo 1º de la ley nacional nº 25.563.

 

Artículo 4º.- La suspensión de remates y ejecuciones judiciales dispuesta en la presente ley abarca la iniciación de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas por préstamos definidos en el artículo 1º, con la sola salvedad de aquellos casos en que sea necesario interrumpir la prescripción de la acción para lo cual la Fiscalía de Estado, a requerimiento de la Coordinación de Organismos en Liquidación, iniciará demanda hasta obtener la sentencia a ese solo efecto. Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo de suspensión aquí dispuesto, quedando suspendido por el mismo período el curso de los términos procesales y de la caducidad de instancia. En aquellos casos en que por exigencia de las normas de fondo no sea posible reinscribir administrativamente las prendas, cuando de la evaluación de los antecedentes surja que los bienes prendados constituyen herramientas de trabajo, y/o bienes de una antigüedad superior a los doce (12) años, contados desde la entrada e vigencia de la presente ley, la Coordinación de Organismos en Liquidación quedará relevada de la obligación de requerir el inicio de demanda judicial de cobro para la reinscripción registral de tales prendas.

 

No procederá el inicio de acciones judiciales en los casos en que los deudores beneficiados por la presente norma se avengan a reconocer su deuda a los fines interruptivos de la prescripción.

 

Artículo 5º.- De forma.