Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 549/2012 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

Creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres

en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer

 

En los últimos años, los casos de violencia de género han ido ocupando cada vez más espacio en los medios periodísticos, casos aberrantes que han puesto en el tapete un tema del que hace mucho se viene alertando, pero lamentablemente esa alerta no ha sido suficiente.

 

Hoy ninguna sociedad puede hacerse la distraída y ningún gobierno puede negarse a poner el tema en agenda, no es un tema más, obliga a una especial atención.

 

No podemos mirar para el costado, ya que la violencia contra las mujeres es un problema que involucra a toda la sociedad. Y es toda la sociedad la que debe estar comprometida en erradicarla. Cierto es que la tarea no es fácil, porque requiere trabajar sobre varios aspectos entre ellos los culturales. Debemos terminar de considerar a la mujer como objeto o como persona moralmente inferior a los varones.

 

Según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en la Argentina, en el primer semestre del año hubo 119 homicidios de mujeres por violencia de género. En al menos 16 casos, habían llegado a hacer denuncias. La muerte de estas mujeres ha significado que 161 hijas e hijos perdieron a su madre, de los cuales cerca de 100 son menores de edad.

 

La cifra significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en nuestro país a causa de violencia de género. En 7 de cada 10 casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima.

 

En seis, los agresores tenían una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, dictada por la Justicia, medida que no fue suficiente para evitar que las volvieran a agredir hasta matarlas.

 

De los 119 femicidios que contabilizó el Observatorio –sobre la base de los casos publicados en más de un centenar de medios–, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo o el novio, en 24, una ex pareja. En los demás casos, las muertes fueron perpetradas aparentemente por otros familiares, vecinos o desconocidos.

 

En cuanto al modo en que fueron ultimadas, el Observatorio registró 13 mujeres que murieron como consecuencias de graves quemaduras. Otras 23 también fueron quemadas en el marco de situaciones de violencia de género, pero lograron sobrevivir a los ataques.

 

La estadística muestra que de los 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía pública para muchas mujeres que se enfrentan al drama de la violencia doméstica. Otros 40 femicidios tuvieron lugar en la calle. La mayor parte de las mujeres fallecidas tenían entre 19 y 50 años.

 

A modo de ejemplo que confirma lo que aquí venimos sosteniendo, durante el trámite interno de redacción final y colecta de las firmas de las autoras, se tomó público conocimiento de un hecho que pudo evitarse, en donde una mujer de 76 años, su nieta de 15 y una bisnieta de 6 fueron asesinadas a puñaladas en una casa de la localidad bonaerense de Benavídez, y por el triple crimen fue detenido la ex pareja de una familiar de las tres víctimas. El asesino había sido denunciado por violencia doméstica, convivieron cuatro años con la nieta de la persona mayor fallecida y tienen una hija de tres años. Un caso se suma todos los días a la lamentable estadística.

 

Como sociedad no podemos dejar de repetir que las mujeres tenemos derecho a que se respete nuestra integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y a acceder a medidas integrales de asistencia, protección y seguridad.

 

Además, de tener derecho a la salud, la educación y la seguridad personal; a que se respete la dignidad; a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; a recibir información y asesoramiento adecuado, y a recibir un trato igualitario en relación a los varones.

 

Es amplia la normativa de nivel internacional al respecto, por caso :

 

-           Los preceptos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará)

 

-           La Convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer

 

-           El Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

 

-           La Convención sobre los Derechos del Niño

 

La Constitución Nacional y leyes nacionales

 

-        La Ley Nacional 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

 

-        La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

-         La Ley Nacional 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

 

La Constitución Provincial y leyes provinciales

 

-        Ley D Nº 3.040, de Protección Integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. Violencia Familiar.

 

-        Ley R Nº 3059, crea el Programa de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana. Esta ley fue modificada por las leyes 3450 y 4705.

 

-        Ley D Nº 4109, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Río Negro.

 

-        Ley D Nº 4650, de Violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. Adhesión a la ley nacional 26.485.

 

Si bien podemos mostrar una amplia gama de normativa vigente, y de la protección que otorgan las leyes a las mujeres, niñas y adolescentes, la violencia contra la mujer persiste en nuestras sociedades, debido a factores culturales, sociales, políticos, económicos y jurídicos.

 

Debemos como Estado y como sociedad reconocer y luchar contra los factores que favorecen la violencia contra las mujeres. Citaremos algunos solo a título de ejemplo:

 

·       La existencia de patrones y valores estereotipados que perpetúan la dominación, discriminación y desigualdad de las mujeres.

 

·       La naturalización de la subordinación y objetivación de la mujer en la sociedad en relación a los varones.

 

·       La falta de independencia económica de las mujeres, en gran parte asociada a la desigualdad y discriminación que les impiden acceder al mercado laboral en condiciones dignas e igualitarias.

 

·       La falta de acceso a la justicia.

 

·       La ineficacia o parcialidad de las políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

 

·       El desconocimiento de sus derechos por parte de las mujeres.

 

·       La tolerancia e indiferencia social a este fenómeno

 

Si hacemos referencia a la normativa nacional, la Ley 26.485, sancionada en el año 2009, entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Esta definición comprende a las violencias perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Además, la ley considera violencia indirecta a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

 

La ley nacional distingue cinco tipos de violencia:

 

1.      Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.

 

2.      Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

 

3.      Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

 

4.      Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

 

5.      Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

 

Como expresáramos más arriba, tanto el Estado como la sociedad preocupados por este flagelo debemos aunar esfuerzos para dar una lucha que no puede ser una lucha de desiguales. En distintos lugares del país se están adoptando medidas conducentes a dar la batalla, a través de distintas acciones, de puesta en marcha de programas, modificación o ampliación de la legislación vigente.

 

Por caso en varias localidades de nuestro país se ha declarado la emergencia pública por violencia de género, un caso es la provincia de Buenos Aires que lo ha hecho mediante ley provincial.

 

En nuestra provincia no se escapa a esta realidad, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la problemática, se han organizado a fin de solicitar la declaración de emergencia en este sentido y ya ha sido tomada como iniciativa parlamentaria por legisladoras provinciales.

 

Siguiendo con el análisis de la ley nacional 26.485, a la que nuestra provincia ha adherido mediante Ley D Nº 4.650, contempla en su articulado, la creación de un observatorio a nivel nacional.

 

Trasladado a niveles locales, se trata de una definición que a nuestro entender debe adoptar la provincia de Río Negro, con el propósito de crear una herramienta que permita contar con información fidedigna, monitorear e incidir en las políticas públicas que sean más eficaces para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

 

Deben ser objetivos del Observatorio Provincial:

 

·  Recopilar, sistematizar y analizar información confiable y veraz en materia de violencia de género.

 

·  Monitorear el grado de observación por parte del estado provincial de las obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, tomando tres ejes como prioritarios: salud, justicia y prevención de la violencia.

 

·  Realizar recomendaciones de política pública a los organismos correspondientes.

 

·  Crear conciencia en la ciudadanía y a los actores clave respecto a la necesidad de contar con un registro único de casos de violencia de género en el ámbito provincial.

 

·  Acompañar a los gobiernos locales en cuanto a la prevención y articulación de acciones con el gobierno provincial.

 

Vemos con preocupación la deficiente coordinación entre las áreas responsables de la temática. Esta carencia se visualiza en falta de respuesta o lentitud en las mismas, lo que perjudica notoriamente a esa mujer, a esa familia víctima de violencia.

 

Hay que recordar que el Comité CEDAW, en sus observaciones finales al Estado Argentino dice: "El Comité alienta al Estado parte a fortalecer su sistema de reunión de datos relativos a todas las formas de violencia contra la mujer y a incorporar esos datos de conformidad con el procedimiento de seguimiento al que se hace referencia en el párrafo 51 de estas observaciones finales".

 

La realidad nos dice que las políticas públicas están concentradas mayoritariamente en la atención de situaciones de urgencia, quedando en segundo plano las acciones relacionadas con la prevención y el seguimiento de casos.

 

Se debe trabajar en un sistema de alerta temprana, que permita detectar casos de violencia cuando las victimas no recurren a pedir ayuda por sí.

 

Una seria deficiencia es la falta de información sistematizada sobre la violencia de género, las estadísticas y registros en su gran mayoría son aportados por Asociaciones de la Sociedad Civil que trabajan sobre la temática.


 

Por ello:

 

Autores: Marta Milesi, Cristina Uría y Daniela Agostino.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer

 

Artículo 1º.-           Creación. Se crea el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer, que tiene por objeto la recolección, monitoreo, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

 

Artículo 2º.-           Misión. Es misión del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, brindar a quien lo solicite y en forma permanente, información con carácter de insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

 

Artículo 3º.-           Funciones. Son funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

 

a)      Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable sobre violencia contra las mujeres, y en especial documentar los casos de femicidios;

 

b)      Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos de riesgo o asociados a la ocurrencia o prevalencia de la violencia hacia las mujeres;

 

c)      Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, provinciales, regionales, nacionales o internacionales, y en particular con las Universidades Nacionales del Comahue y de Río Negro.

 

d)      Crear una página web, vinculada al portal del Ministerio de Desarrollo Social, mediante la cual se brindará toda la información del Observatorio.

 

e)      Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas.

 

f)      Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública.

 

g)      Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los registros y protocolos que se implementen;

 

h)      Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;

 

i)      Preparar un informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será elevado a la Legislatura Provincial, a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda y difundido a la ciudadanía.

 

Artículo 4º.-           Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres está integrado por:

 

a)      Una persona designada por el Ministro de Desarrollo Social, quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en violencia de género, investigación social y derechos humanos;

 

b)      Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia, integrado por:

 

·         un representante del Ministerio de Desarrollo Social

·         un representante del Ministerio de Educación y Derechos Humanos

·         un representante del Ministerio de Salud

·         un representante de la Secretaría de Derechos Humanos

·         un representante de la Policía de Río Negro

·         un representante del Poder Judicial

·         dos representantes del Poder Legislativo, uno por la mayoría y otro por la minoría

 

Asimismo contará con el asesoramiento técnico de profesionales con amplia formación y trayectoria en cuestiones de género e investigación.

 

Artículo 5º.—           Presupuesto. Se autoriza al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que fueran necesarias, con el propósito de poner en funcionamiento el Observatorio creado en el Artículo 1º.

 

Artículo 6º.-           Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo Social por medio del Consejo Provincial de la Mujer.

 

Artículo 7º.-           De forma.