Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 568/2012 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

REINCORPORACION DE LOS AGENTES PUBLICOS PROVINCIALES CON CONTRATOS TRANSITORIOS AL 10-12-2011 CESADOS SIN ACTOS ADMINISTRATIVOS FUNDADOS

 

Por estos días, se ha reinstalado fuertemente en nuestra provincia y particularmente en Viedma, la inconveniencia de continuar con la vigencia e implementación de la denominada Ley de Disponibilidad. Si bien la irrupción de un proyecto de ley presentado de apuro, minutos antes de la realización de acto de neto corte sectorial partidario, con la firma de doce legisladores del oficialismo, acelera el debate sobre la suerte de dicha ley, es innegable que la difusión de la misma ha de alguna manera ilusionado a miles de rionegrinos que por meses han sufrido el temor de ser dejados prescindibles o disponibles por decisión unilateral del Estado, o de sus funcionarios.

 

Estos agentes quieren de una vez por todas quitarse de encima esta verdadera Espada de Damocles, en un contexto donde existe en la relación entre el actual Gobierno Provincial y sus agentes públicos, un sinnúmero de situaciones que por encontrarse irresueltas, o peor aún, resueltas en forma contraria al derecho y a la dignidad que debe reinar en la relación laboral de los trabajadores, sean éstos del sector público o del privado, los llenan de incertidumbre y generan un claro y forzado disciplinamiento o domesticación del más débil, el trabajador.

 

A modo de repaso de antecedentes, vemos que el 29 de diciembre de 2011 fue sancionada la ley de emergencia nº 4.735, que en su Capítulo II contenía el denominado Régimen de Transparencia del Empleo Público, a partir del cual se la paso a denominar “Ley de Disponibilidad”. Este Bloque se opuso fuertemente a su vigencia e implementación. Si bien con anterioridad y durante la sesión que derivó en su sanción, se sostuvo fundadamente su manifiesta inconstitucionalidad, tal oposición generó que por expreso mandato del Bloque se iniciara una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, contra el régimen de Disponibilidad de Agentes Públicos, ello en las primeras semanas del mes de febrero del corriente año.

 

Posteriormente, algunos de los legisladores de este Bloque presentaron un proyecto de ley, mediante el cual se impulsaba la derogación lisa y llana de la Ley de Disponibilidad, el proyecto lleva el nº 73/2012 del 7 de marzo de 2012, el cual se encuentra demorado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, sin que a la fecha haya sido tan siquiera consultado al Poder Ejecutivo.

 

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad, con fecha 26 de abril de 2012 fue contestada una excepción de falta de legitimación activa planteada por la Fiscalía de Estado y a su vez, se atacó por ser igualmente inconstitucional, el decreto reglamentario de la ley de disponibilidad, el nº 291 del 16 de marzo de 2012. Hace unos pocos días, el Superior Tribunal de Justicia mediante auto interlocutorio de fecha 8 de agosto de 2012, se expidió sobre la legitimación del Presidente del Bloque para demandar la inconstitucionalidad de la ley de disponibilidad, ello previa oposición férrea de la Fiscalía de Estado y de la Procuración General. Es así entonces que habiendo sido legitimados para llevar adelante el reclamo de inconstitucionalidad de dicha ley, abrigamos sobradas esperanzas de arribar a un fallo favorable en relación al fondo del asunto planteado.

 

Más acá en el tiempo se presenta en este nuevo escenario político provincial, marcado por la confrontación entre sectores de la coalición gobernante en Río Negro, el proyecto nº 527/2012, en el cual se propone por parte de un sector de los legisladores del Bloque Frete Para la Victoria, la derogación de los artículos 4º, 5º y 6º de la ley nº 4.735, ello es la Ley de Disponibilidad, en idénticos términos a lo que plantearan legisladores de este Bloque, pero fundado ya en otras razones, tocantes con la desvirtuación de su finalidad, que según confiesan los autores estaba direccionada solo para algunos agentes, con marcado sesgo persecutorio, ya que sostenían que se quería pasar a disponibilidad a quienes eran “vagos” o habían ingresado a la administración pública en forma ilegal o siendo funcionarios políticos, el orden jurídico desde mucho antes brindaba ya las herramientas legales para resolver razonablemente dichas cuestiones.

 

Este proyecto de ley de derogación, de autoría oficialista, reconoce expresamente la intencionalidad persecutoria de la disponibilidad, y tardíamente, diríamos muy tardíamente, viene a hacer justicia, proponiendo ahora su derogación cuando los peores efectos de la domesticación e incluso las amenazas de uso de este régimen para imponer traslados, desjerarquizaciones y cambios de tareas de agentes públicos provinciales, ya se han logrado por la arbitraria acción de muchos funcionarios.

 

Ahora bien, en medio de toda esta situación, hubo un sector importante de agentes públicos provinciales, que se desempeñaban en forma transitoria en distintos organismos públicos, cuyos contratos fueron cesados de hecho.

 

Hubo entonces cesanteados en el Ministerio de Salud, en el cual los contratos cesados tuvieron que ser rápidamente renovados, por cuanto ponían en serio peligro la prestación de servicios en los Hospitales Públicos rionegrinos.

 

En las Escuelas se sucedieron algunos casos similares, y otros en los que las cesantías se produjeron de manera selectiva, donde lo ideológico y político no fue un dato menor. Porteros cesanteados que se encadenaban o reclamaban con toma pacífica de edificios públicos, denuncias públicas de situaciones de persecución, etc.

 

Es más han habido denuncias ante diversos organismos de control, ante el INADI o incluso en sede judicial, vinculados a la circulación o existencia de listas de agentes contratados, en la que se indicaba como dato sensible de valoración o ponderación por parte de los funcionarios del Estado empleador, su pertenencia a un partido político, o su condición de dirigente del mismo. Son las famosas “Listas Negras”. Lo denunciamos en relación a la Secretaría General y al Ministerio de Gobierno, lo hicimos en relación a la Dirección de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, circunstancia que fuera reconocida expresamente por su Ministro en la contestación del pedido de informes.

 

Sabemos además, que han circulado correos electrónicos de similares contenidos en otros lugares, como en el Centro Administrativo de Bariloche, información que a la fecha estamos recabando para formular las correspondientes denuncias, ello aunque no hemos visto mucho avance en los trámites iniciados tanto en la Defensoría del Pueblo, como en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

 

Estos contratados transitorios de servicios, ya no están sujetos al régimen de transparencia del empleo público, muchos agentes fueron injusta y silenciosamente cesanteados o prescindidos, mediante el cobarde recurso de dejar que se venzan plazos, y no renovar automáticamente los mismos como hace años se venía haciendo.

 

Entonces, la propuesta derogación de la ley de disponibilidad no les da solución a quienes fueron injustamente desplazados de sus funciones, sin preaviso, sin acto administrativo fundado que explique por qué ya no se requieren de sus servicios que eran prestados con añeja habitualidad.

 

Existen muchos casos de agentes que siguieron trabajando en escuelas y delegaciones, y que luego de uno o dos meses sin percibir sus sueldos, por notas o incluso en forma verbal, fueron conminados a no regresar a sus lugares de trabajo. Los supuestos son muchos, pero en general tienen un elemento en común, la falta de una decisión administrativa fundada, que no resulte arbitraria, caprichosa, sin permitir ejercicio de derecho de defensa alguno.

 

Es por ello que siempre sostuvimos que los contratos transitorios no podían cesarse sin antes aprobar las estructuras administrativas que incluso la inconstitucional ley de disponibilidad exigía.

 

Fue el propio Gobernador Alberto Weretilneck quien dijo que en la administración pública rionegrina no había ñoquis. Resulta que ahora algunos legisladores oficialista enfranscados en un fuerte cuestionamiento interno, sostienen que no se hizo nada contra aquellos a quienes estaban dirigidos los efectos de la disponibilidad, y que por eso la ley debe derogarse.

 

Por ello entendemos que si se quiere ser justo, si se quiere ser razonable, si se quiere demostrar grandeza y desandar aquellos caminos que erróneamente decidió transitar este Gobierno en su inicio de gestión, debe de ponerse blanco sobre negro en materia de contratados, y asumir que en ese tema también se ha fallado, se ha actuado en muchos casos con marcada arbitrariedad.

 

Prueba de ello es que en muchos casos se han resentido los servicios públicos que brinda el Estado, como por ejemplo en las delegaciones de los Registros Públicos, sea el Registro Civil, el de la Propiedad Inmueble, en Hospitales, en Escuelas, etc., en algunos casos por falta de personal suficiente, en otros por la sustitución de personal contratado formado y capacitado por nuevos agentes ingresados en función seguramente al recambio político que a cualquier criterio de eficiencia en la administración de recursos humanos, como en las Delegaciones y en la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

 

Por ello se recurre aquí a proponer una fórmula que se determina como reincorporación genérica para todos aquellos casos en que los contratos se dejaron caer o se los ceso de facto, cuando no se pueda probar documentadamente que la cesación de un contrato no provino de un actuar caprichoso, arbitrario, silencioso e ilegal de los funcionarios públicos en todos los estamentos de la Administración Pública Provincial.

 

Si no existió acto administrativo fundado, legalmente tramitado, notificado, firme y consentido por el personal transitorio cesanteado, se considerará que el mismo sigue vigente hasta el 31 de julio de 2013. Si se hubiese designado nuevo personal transitorio para desempeñar los mismos cargos ocupados por los arbitrariamente dejados vacantes, tendrán los responsables que reasignarle funciones al último ingresado.

 

También se contempla que se abonen los períodos laborados pero no reconocidos por la Administración, y la asignación de un monto compensatorio por los meses que hubiesen estado sin ocupar los cargos de los que fueran injusta e ilegalmente removidos.

 

A fin de garantizar el cumplimiento sin demoras de estas disposiciones que se proponen en los artículos centrales, se establece la plena operatividad de los mismos sin requerirse reglamentación alguna.

 

No defendemos ilegalidad alguna, por lo que entendemos que no disponerlo de esta manera significaría avalar cesantías digitadas artificiosamente, pero no resueltas mediante una legal, razonable y fundada toma de decisiones por parte de la Administración, es decir, significaría consolidar la arbitrariedad, la ilegalidad y el capricho como herramienta de gestión pública, que debe sumarse a las mal utilizadas del legitimo abono, y a la del pago selectivo que se utilizan por parte de algunos funcionarios de esta gestión gubernamental.

 

Por ello:

 

Autor: Bloque Concertación Para el Desarrollo.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.-  Reincorporación de Agentes Contratados. Reincorporar automáticamente desde el 1º de septiembre de 2012 y hasta el 31 de julio de 2013, a los agentes públicos provinciales con contratos transitorios o temporarios que, encontrándose vigentes al 10 de diciembre de 2011, hayan sido cesados o dejados sin efecto por el mero vencimiento de plazos y/o sin que medie acto administrativo fundado, firme y consentido, emitido por autoridad competente.

 

Artículo 2º.-  Implementación. Los agentes públicos bajo contratación transitoria comprendidos en el artículo precedente, que a la fecha no se encuentren prestando servicios, serán convocados a retomar servicios dentro de los cinco (5) días hábiles de entrada en vigencia la presente ley, mediante notificación expresa cursada a su último domicilio registrado o ante la presentación del agente en su lugar de trabajo.

 

Artículo 3º.-  Períodos trabajados y no abonados. Una vez reincorporado el agente publico bajo contratación transitoria, se determinará en todos los casos si hubiese trabajado sin percibir su remuneración, procediéndose a regularizar el pago de las mismas dentro del término de sesenta (60) días de entrada en vigencia esta ley.

 

Por los períodos no trabajados se establecerá por vía reglamentaria una compensación que se abonara en cuotas mensuales conjuntamente con sus remuneraciones.

 

Artículo 4º.-  Obligación. Reasignación de funciones de los nuevos contratados. La administración no podrá oponerse a la reincorporación del agente público transitorio cesanteado, bajo la excusa de que el puesto de trabajo fue cubierto por un nuevo agente contratado, debiendo en dicho caso reasignar funciones al incorporado en último término.

 

Artículo 5º.-  Operatividad. Reglamentación. La presente ley y en particular las disposiciones de los artículos 1º, 2º y 3º -primer párrafo- son plenamente operativas y su aplicación no podrá demorarse bajo pretexto de falta de reglamentación.

 

Artículo 6º.-  Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

 

Artículo 7º.-  Presupuesto. El Ministerio de Economía efectuará las modificaciones presupuestarias que la implementación de la presente exija.

 

Artículo 8º.-  De forma.