Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 573/2012 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

El presente proyecto pretende incorporar medidas preventivas de carácter urgente y para casos excepcionales en el marco de la Ley Provincial Nº 3040, con la finalidad de dotar de mayores herramientas operadores, y así brindar una protección más eficiente a las víctimas de violencia de género y sus familiares.

 

Propone dotar a la potencial víctima de un dispositivo portátil que la puede accionar para activar el procedimiento de georreferencia que la ubica en tiempo y espacio a través del monitoreo 911, el cual alarma a la fuerza de seguridad y graba de todo lo que está ocurriendo en el ambiente.

 

Para ello se deberá generar la obligación legal de otorgar estos dispositivos de localización y aviso rápido, denominados comunmente,“Boton Antipánico”.

 

Sin lugar a dudas este tipo de avances tecnológicos deben ser puestos en práctica lo antes posible, a favor de la comunidad en general, pero en especial de las víctimas de ciertas situaciones que por su especial vulnerabilidad merecen un mayor cuidado.

 

Como bien sabemos, la violencia contra las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital (niñas, jóvenes, adultas, tercera edad) por motivo de su género (por pertenecer al género femenino) es un fenómeno que se registra en todo el mundo y que recibe creciente atención por parte de los Estados.

 

Desde hace algunas décadas se ha avanzado en materia de disposiciones jurídicas que promueven los derechos de las mujeres contra la discriminación y la desigualdad que estas sufren por motivos de género. Existen de nivel internacional, regional, nacional, provincial y local.

 

El sistema internacional de derechos humanos se ha ocupado de la discriminación por género en diversas instancias, constituyendo en la actualidad un corpus de gran relevancia que rige para nuestro país. Entre las principales normativas que protegen los derechos de las mujeres, podemos citar:

 

A nivel internacional / regional

 

-           Convención Internacional sobre todo tipo de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), ONU, 1976. Ratificada por Argentina en 1985. Con rango constitucional desde 1994 (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional).

 

-           La CEDAW provee un marco legal internacional sobre cuya base los Estados legislan y acometen medidas para eliminar la discriminación de género y alcanzar la igualdad entre los géneros.

 

-           Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia la Mujer (OEA, Belém do Pará, 1994). Ratificada por Argentina en 1994.

 

Declaraciones y documentos finales de las siguientes conferencias mundiales, que fueron firmadas por los respectivos gobiernos argentinos:

 

-           Conferencias Mundiales sobre la Mujer de Naciones Unidas.

 

-           México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995.

 

-           Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Naciones Unidas, Viena 1993.

 

-           Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, Naciones Unidas, El Cairo 1994.

 

-           Convenciones contra el racismo, la trata, de protección de la discapacidad, de los derechos de niños y niñas, y otros tratados internacionales de derechos humanos, en la medida en que las mujeres comparten situaciones de discriminación con otros colectivos sociales.

 

A nivel nacional

 

Desde la vuelta a la democracia a mediados de 1980, y particularmente en la presente década, Argentina ha promulgado numerosas leyes que protegen los derechos de las mujeres. Entre ellas, mencionaremos aquellas de los últimos años:

 

-           Ley 23.179, aprobación de la CEDAW.

 

-           Ley 24.012 de Cupo Femenino (1991).

 

-           Decreto 2.385/93 sobre Acoso Sexual en la Administración Pública Nacional.

 

-           Decreto 1.246/2000, reglamentario de la Ley 24.012 de Cupo Femenino.

 

-           Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar (1994).

 

-           Decreto 235/96, reglamentario de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.

 

-           Ley 24.632 de Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (1994).

 

-           Ley 24.828 de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (1995).

 

-           Decreto 1.363/97 — Igualdad de Trato entre Agentes de la Administración Pública Nacional.

 

-           Decreto 254/98 — Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral.

 

-           Ley 25.013, Capítulo II, artículo 11. Reforma Laboral: Introducción de la Figura de Despido Discriminatorio por Razón de Raza, Sexo o Religión (1998).

 

-           Ley 25.087 — Delitos contra la Integridad Sexual. Código Penal. Modificación (1998).

 

-           Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (1999).

 

-           Decreto Nº 485/2000, reglamentario de la Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico.

 

-           Decreto 290/2001, modificatorio del Decreto Nº 485/2000. Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico.

 

-           Ley 25.250, Título I, Artículos 2 y 3. Reforma Laboral: Estímulo al Empleo Estable: Incorporación de Dos Incentivos para el Empleo de Mujeres (2000).

 

-           Ley 25.543 de Test Diagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Humana a toda Mujer Embarazada (2001).

 

-           Ley 25.584 de “Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia” (2002).

 

-           Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002).

 

-           Decreto 1.282/2003, reglamentario de la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

 

-           Declaración de Repudio a medida cautelar contra Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

 

-           Ley 25.674 de Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino).

 

-           Decreto Nº 514/2003, reglamentario de la Ley 25.674 de Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino).

 

-           Ley 25.808 de Modificación del Artículo 1 de la Ley 25.584, “Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia”.

 

-           Ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento. Declaración de Interés del Sistema Nacional de Información Mujer por parte del Senado de la Nación.

 

-           Declaración de Interés del Sistema Nacional de Información Mujer por parte del Senado de la Nación.

 

-           Ley 26.130 — Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, Ligadura de Trompas y Vasectomía.

 

-           Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

 

-           Ley 26.171 de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (2008).

 

-           Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008).

 

-           Ley 26.618. Código Civil. Matrimonio Civil. Su modificación. (Es decir, matrimonio igualitario).

 

-           Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (2009).

 

-           Decreto 1.011/2010, reglamentario de la Ley 26.485.

 

-           Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (2010).

 

-           Violencia contra las mujeres: Ley 26.485.

 

La violencia contra las mujeres se encuentra motivada por la persistencia de estereotipos y prejuicios culturales que colocan a las mujeres y a las niñas en una posición subalterna con relación al género y a los valores masculinos, lo que crea una relación desigual de poder. Esto afecta directa o indirectamente la vida, libertad y seguridad de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, en todos los ámbitos donde se desempeñan (tanto públicos como privados).

 

En octubre de 1996, en nuestra provincia se promulga la ley de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares. Ésta sufrió cambios hasta la fecha que se debieron a su adaptación respecto a su aplicación y a una actualización pormenorizada de acuerdo a la creciente demanda de la sociedad, respecto a las diversas dificultades que la violencia genera en el orden doméstico.

Algo similar ocurrió en el orden Nacional con la ley 24.417 del 1994, que fuera modificada y actualizada por la 26.485.

 

En ambas, sus modificatorias apuntaron a un enfoque más integral de la violencia contra las mujeres, con un paradigma de derechos humanos, basándose en la convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Convención de Belén do Pará 1994).

 

En ambas se incluyeron atribuciones para que los jueces y juezas intervinientes puedan tomar medidas cautelares. Entre ellas, prohibir el acceso del perpetrador a la vivienda familiar (incluida la exclusión definitiva) o a los lugares de trabajo o estudio; decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos; brindar asistencia médica y psicológica gratuita al imputado y su grupo familiar.

 

Se observó que la violencia puede verse en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, tiene muchas modalidades y tipos, y que para su erradicación requiere el accionar concertado y articulado de todos los poderes y áreas del Estado.

 

Existe mucho material bibliográfico sobre el tema, jurisprudencia, información, aunque no mucha estadística, solo podríamos citar datos estadísticos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD, 2012) que atiende únicamente casos de la Ciudad de Buenos Aires.

 

El presente proyecto busca otorgar a la administración de justicia en nuestra provincia de una herramienta más para proteger a las víctimas de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que ésta llega a casos como el femicidio, que es la manifestación más extrema de la violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien, de alguna manera, considera parte de su propiedad.

 

Según el Observatorio de Femicidios en Argentina, durante el año 2011 hubo 282 femicidios (un femicidio cada día y medio). Según los datos del observatorio, la tendencia de femicidios va en aumento dado que en el año 2010 se registraron 260 casos, siendo que en el año 2009 la cifra ascendía a 231.

 

En la actualidad, existe un debate acerca de cómo abordar esta compleja problemática. Una iniciativa –que recorre América Latina– es incluir esta figura en el Código Penal, con penas mayores que las del homicidio simple, porque se lo considera determinada por el odio de género. Sin embargo, muchas voces se alzan en contra de esta estrategia, puesto que consideran que sería muy difícil probar, como lo exige el ámbito del derecho penal, que ese crimen estuvo motivado por odio de género. En determinadas circunstancias, esto puede derivar en que los victimarios queden impunes.

 

En nuestro país, la Cámara de Diputados de la Nación en abril del corriente año, dio media sanción a un proyecto que propone incorporar al Código Penal la figura del femicidio y de los crímenes que se ejecuten por razones homofóbicas. El proyecto agrava las penas existentes cuando el victimario es la persona con quien mantiene o haya mantenido una relación de pareja, con o sin convivencia y a quien lo hiciera por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, de orientación sexual o identidad de género.

 

Nuestra propuesta viene a dotar de una especial protección a las víctimas de violencia doméstica, quienes en general sufren en reiteradas oportunidades las agresiones de sus victimarios, al ser personas cercanas, con quienes mantienen o mantuvieron relaciones de confianza y por ende muchas veces logran entrar a ámbitos cercanos e incluso romper con ciertas barreras de protección.

 

Entendemos que la extensión de esta propuesta como una obligación legal para la autoridades de la Secretaría de Seguridad Provincial y/o la Policía de Río Negro, es un avance en la materia, y consideramos válido impulsarlo desde el ámbito legislativo.

 

Cierto es que la violencia de género es un flagelo que aqueja a nuestra sociedad de manera acuciante. Las últimas estadísticas disponibles en la materia son más que preocupantes; lo que nos obliga a nosotros los legisladores, a buscar todas las posibilidades y propuesta a generarse desde nuestro ámbito, para crear las mejores herramientas y previsiones legales a los efectos de optimizar las investigaciones de estos delitos; pero a la vez para mejorar la situación de las víctimas.

 

En este sentido es que le pido a mis colegas legisladores el acompañamiento en el presente proyecto de ley.

 

Fuente: INADI

 

Por ello:

 

Autores: Facundo López, Matías Gómez Ricca, Beatriz Contreras.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.- Se crea en la Provincia de Río Negro el sistema de Alerta y Monitoreo Antipánico Rionegrino (AMAR), de asistencia a las víctimas de violencia comprendidas en la ley D nº 3040 “Ley de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

 

Artículo 2º.- El sistema AMAR consiste en un dispositivo portátil que la víctima acciona para activar el procedimiento de monitoreo georeferenciado (911 u otro similar) que la ubica en tiempo y espacio, alarmando a la fuerza de seguridad y grabando todo lo que está ocurriendo en el ambiente.

 

Artículo 3º.- Dictadas las Medidas Cautelares legisladas en los artículos nº 21 inc. b) 25 inc. b) y 27º, 30 y concordantes de la ley D nº 3040, el Juez de Familia o en su caso el Juez de Paz, podrá requerir, según las circunstancias del caso, a la Autoridad de Aplicación la provisión a la víctima del dispositivo de Alerta y Monitoreo Antipático Rionegrino (AMAR).

 

Artículo 4º.- Debe entenderse como Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Secretaría de Seguridad y Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro

 

Artículo 5º.- De forma.