Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 614/2012 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

En primer término, corresponde destacar que la Constitución provincial en su artículo 197 dispone que, “El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal, demás tribunales y jurados que establece la ley, la que también determina su número, composición, sede, competencia, modos de integración y reemplazos”. Complementariamente, el artículo 202 prescribe; “El Superior Tribunal de Justicia se compone de un número impar que no es inferior a tres ni superior a cinco miembros. Podrá aumentarse su número o dividirse en salas por ley que requerirá el voto favorable de los dos tercios del total de los integrantes de la Legislatura (...)”. En estas coordenadas, el legislador ordinario previó en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -Nº 2430- que el Alto Tribunal local se compone de tres (3) miembros.

 

Si bien el texto constitucional, ni la norma reglamentaria se han referido hasta el momento a la integración en razón del sexo de sus integrantes; no puede soslayarse que con la última reforma de la Constitución nacional, se produce un cambio de paradigma trascendental en relación con el principio de igualdad. Sin duda, la regla cardinal surge del artículo 16 de la Ley Fundamental, que señala; “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

 

El estándar constitucional básico en la temática prohíbe las discriminaciones por razones de sangre o de nacimiento, desconoce los fueros y títulos nobiliarios, proclamando que todos los habitantes son iguales ante la ley. En el dispositivo legal se consagra el criterio de igualdad formal; lo que significa que todos los hombres y mujeres, están reconocidos como titulares de derechos y obligaciones, que son iguales bajo las mismas circunstancias y condiciones razonables, frente al poder estatal (Conf. BADENI, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, t. I, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 353/355).

 

En el año 1994 se produce la reforma constitucional, y con esta, la internacionalización de los derechos humanos; dado que se incorporaron al ordenamiento jurídico argentino con jerarquía constitucional, diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

 

En estos instrumentos internacionales también aparece contemplado el principio de igualdad. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, “Los Estados Partes (…) se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (…)” -artículo 1.1-. El artículo 24 agrega; “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

 

En similar sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala; “Cada uno de los Estados Partes (…) se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” -artículo 2º-. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce en el artículo 2º el derecho de igualdad ante la ley; como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2.2.

 

No obstante, afirmar que todos los habitantes son iguales ante la ley es un principio sumamente valioso pero incompleto. La derogación de los privilegios y fueros en virtud del origen o situación social es el inicio de todo proceso igualitario, pero la cuestión esencial radica en qué se entiende por igual y qué pautas se utilizan para igualar o diferenciar. Ello por cuanto, por definición las normas jurídicas distinguen entre personas y circunstancias, diferenciando categorías a las que imponen cargas o reconocen beneficios (Conf. GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 126/127).

 

Con el fin de resolver esta problemática, la Corte Norteamericana delineó el concepto de “categoría sospechosa per se”, para hacer referencia a aquellas distinciones que pueden implicar un tipo de discriminación perversa o prejuiciosa contra un grupo determinado de individuos que históricamente fueron tratados con hostilidad, y por supuesto, siempre que no encuentren una justificación razonable en un interés legitimo del Estado. Originariamente esta postura fue utilizada en cuestiones raciales, pero con posterioridad su aplicación se hizo extensiva a las diferenciaciones basadas en el sexo y la nacionalidad.

 

El Máximo Tribunal de los Estados Unidos juzgó necesario someter este tipo de categorías a lo que se denomina escrutinio estricto; es decir, que pesa sobre estos criterios de diferenciación una presunción de inconstitucionalidad, que únicamente podrá ser desvirtuada cuando el Estado pruebe que existe un interés legitimo que justifica la constitucionalidad de la discriminación.

 

Con la mencionada reforma de 1994, queda consagrada en la Constitución nacional una visión estructural de la igualdad, que en lugar de tomar como elemento único de juicio la relación de funcionalidad entre la categoría seleccionada, para establecer diferencias y la actividad regulada; entiende trascendental la situación de la persona individualmente considerada, pero como integrante de un grupo sistemáticamente excluido (Conf. AMAYA, Jorge A., “Los derechos políticos”, AAVV, Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Director; SABSAY, Daniel A., Coordinador; MANILI, Pablo L., t. 2, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 121).

 

En efecto, esta perspectiva se advierte claramente en el artículo 37 constitucional, que expresamente menciona “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.

 

A su vez, la cláusula transitoria segunda especifica que, “Las acciones positivas a que alude el artículo 37 en su último párrafo no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y durarán lo que la ley determine”. En consecuencia, la denominada “Ley de Cupo” -Ley Nº 24012- que dispuso un cupo del 30% a favor de las mujeres en las listas de candidatos a elecciones nacionales, se constituyó en un piso mínimo de protección.

 

Consecuentemente, en el inciso 23) del artículo 75, se reafirma la postura mencionada al establecer que; el Congreso deberá “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

 

Asimismo, cabe mencionar que entre los Tratados Internacionales a los que el artículo 75, inciso 22) otorgó la máxima jerarquía normativa se encuentra la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

 

El artículo 2°, con excelentes lineamientos, apunta que, “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio (...)”.

 

Por su parte, el artículo 7° señala; “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”.

 

Las Constituciones provinciales más modernas, fueron adecuando sus textos en forma tal, de asegurar la equiparación de ambos géneros tanto en el ámbito público como en el privado. En lo que estrictamente se relaciona con la composición de los Superiores Tribunales locales, es importante subrayar que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -una de las más avanzadas en la materia- concretamente prevé en el artículo 111 que los miembros del Máximo Tribunal local no pueden ser todos del mismo sexo.

 

La Carta Política Rionegrina, de forma innovadora, si se tiene en cuenta que la misma data del año 1988, hace referencia a la necesidad de garantizar una igualdad real de oportunidades entre los hombres y las mujeres.

 

En este orden de ideas, el artículo 14 dispone que, “Los derechos y garantías establecidos expresa o implícitamente en esta Constitución tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación. El Estado asegura la efectividad de los mismos, primordialmente los vinculados con las necesidades vitales del hombre. Tiende a eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos, permitiendo igualdad de posibilidades”. En consonancia el artículo 32 expresa; “El Estado afianza la igualdad de derechos entre la mujer y el varón en los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales, para lograr juntos una participación real en la organización y conducción de la comunidad”.

 

Sin duda, la modificación propuesta se inscribe en esta misma línea de pensamiento, y tiene por finalidad robustecer estos principios liminares en materia de igualdad; es decir, garantizar el acceso de las mujeres al Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

 

No es ocioso destacar que de las veintitrés (23) provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la actualidad sólo seis (6) de éstas no tienen miembros mujeres en sus máximos tribunales locales; grupo al que ostentando muy bajos estándares de protección en el tema, pertenece la Provincia de Río Negro. Las restantes son; Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero.

 

Estos datos dan cuenta por sí solos de la necesidad y la importancia que tiene sancionar una norma, que efectivamente asegure la igualdad de géneros justamente en la “cúspide” de la estructura judicial.

 

Cantidad de integrantes del Superior Tribunal de Justicia

 

En relación al número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, consideramos que es necesario elevar el numero de 3 a 5 miembros en virtud de la importante tarea que lleva adelante este máximo órgano judicial, en muchas ocasiones sobre exigida por la cantidad de intervenciones.

 

En este sentido, la propuesta que presento tiene como antecedente el proyecto de ley 719 del 2004 del ex legislador Fabián Gatti, donde se propone la modificación del artículo 38 de la ley K nº 2430, aumentando la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia de 3 a 5.

 

En los fundamentos del proyecto, el legislador expone la realidad que en ese momento denotaba la sobrecarga de actividad jurisdiccional de la Corte provincial, transcribiendo un análisis estadístico de década comprendida entre 1993 y 2002, comparando el período en el que habían 5 jueces miembros del Superior Tribunal de Justicia, y posteriormente, con la conformación de 3 miembros; el que presento a continuación:

 

En 1993 con cinco (5) Jueces, el Superior Tribunal de Justicia tuvo:

 

555 expedientes ingresados,

dictando 326 autos interlocutorios y

394 sentencias definitivas.

 

En 2002 con tres (3) Jueces esas cifras pasaron a:

 

1491 expedientes ingresados,

1174 autos interlocutorios y

662 sentencias definitivas.

 

Significa que se incrementaron:

 

en un 268% las causas entradas al Superior Tribunal,

aumentando en un 360% los autos interlocutorios y

en un 168% las sentencias definitivas con respecto a 1993.

 

Los promedios por cada uno de los cinco (5) Ministros en 1993 eran de

 

111 expedientes ingresados,

65,2 autos interlocutorios y

78,8 sentencias definitivas.

 

En 2002, fueron por cada uno de lo tres (3) Jueces del Superior Tribunal de Justicia, de:

 

497 causas ingresadas

391,3 autos interlocutorios y

220,6 sentencias definitivas.

 

¿Qué significado objetivo tienen esos datos?

 

Con un tercio de Magistrados menos, en la actualidad el Superior Tribunal de Justicia tiene con relación a 1993 la siguiente relación cuantitativa promedio por Juez:

 

4,47 expedientes ingresados más

6 veces más autos interlocutorios y

2,79 sentencias más.

 

Respecto a la cantidad de miembros que conforman el mayor órgano judicial provincial, algunas provincias determinan en su Constitución provincial la cantidad de miembros en forma precisa. Tal es el caso de Neuquén, que dispone la cantidad de 5 miembros “El Tribunal Superior de Justicia estará formado por cinco (5) vocales y tendrá su correspondiente fiscal y defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes. La Presidencia del Cuerpo se turnará anualmente”. (Artículo 239).

 

En la provincia de Córdoba la Constitución provincial determina con precisión la cantidad de siete para el Tribunal superior “El Tribunal Superior de Justicia está integrado por siete miembros, y puede dividirse en salas. Elige anualmente entre sus vocales un Presidente”. (Artículo 164).

 

En la provincia de La Rioja, la Constitución determina cinco miembros como mínimo para el Tribunal Superior.

 

La Constitución de la provincia de San Juan vigente en 1983 establecía un número fijo de tres miembros en la Corte Suprema, pero en la reforma constitucional de 1986 esa regulación fue modificada a cinco miembros, como número mínimo de jueces de la Corte.

 

Otras provincias determinan en su Constitución un mínimo de tres (3) miembros y un número máximo, dejando librado a través de una ley provincial la eventual modificación de la cantidad de miembros. Es el caso de la Provincia de Río Negro, que en el artículo 202 prescribe; “El Superior Tribunal de Justicia se compone de un número impar que no es inferior a tres ni superior a cinco miembros. Podrá aumentarse su número o dividirse en salas por ley que requerirá el voto favorable de los dos tercios del total de los integrantes de la Legislatura (...)”.

 

En el mismo sentido, en la Provincia de La Pampa, la Constitución determina que el Superior Tribunal de Justicia se compondrá de un número impar de miembros no menor de tres (artículo 89). Mientras que, a diferencia de Río Negro con sólo tres miembros, la Ley 2574 –Ley Orgánica del Poder Judicial” de La Pampa, determina: “Artículo 35.- El Superior Tribunal de Justicia se compondrá de cinco (5) Magistrados, ejercerá su jurisdicción sobre todo el territorio de la Provincia y tendrá asiento en la Capital de la misma”.

 

Santa Cruz es una de las provincias que modificó la cantidad de miembros por medio de una ley, ampliándola de tres a cinco. Esta ampliación se propuso en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.

 

Otra de las provincias que modificó la cantidad es la de Chubut, que en 2003 contaba con tres miembros, y durante el gobierno de Das Neves, se propuso, a través de una modificación de la ley, una ampliación sumando a tres miembros más.

 

En estos ejemplos vemos como, en las distintas jurisdicciones, se hizo necesario ampliar la cantidad de jueces del Superior Tribunal provincial, ascendiendo de tres a cinco o a siete, incluso. En algunos casos esto requirió la modificación de la Constitución provincial, y en otros, la modificación o creación de normativa legislativa.

 

Creemos que, por todo lo anteriormente expuesto, es necesaria la modificación de la Ley Provincial K Nº 2430, con el fin de aumentar la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y garantizar la representación de los dos géneros en su conformación.

 

Por ello:

 

Autora: María Magdalena Odarda.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 38 de la Ley Provincial K nº 2430, Orgánica del Poder Judicial, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ Artículo 38.- El Superior Tribunal de Justicia estará compuesto por un número de cinco (5) miembros y tendrá jurisdicción en todo el territorio de la provincia, siendo su asiento la ciudad Capital de la provincia. En ningún caso los integrantes podrán ser todos del mismo sexo”.

 

Artículo 2º.- De forma.