Proyectos Legislativos

Proyecto Declaración Nº 626/2005 - Texto Proyecto

 

FUNDAMENTOS

 

El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, exoneró a la secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los represores imputados en la Masacre de Margarita Belén, la matanza en la que fueron asesinados 22 presos políticos en diciembre de 1976.

 

“No sólo no respetó el mandato constitucional de tutela de la legalidad que reposa en la cabeza de todo integrante del Ministerio Público, sino que además comprometió seriamente la responsabilidad del Estado argentino en una causa de trascendencia institucional, en la que se investigan delitos que se presentan en colisión con derechos esenciales de la persona humana”, sostuvo el Procurador.

 

La denuncia contra Ana María Torres fue realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo de la organización H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) del Chaco, después de que en el 2003 la Cámara Federal de Resistencia hiciera lugar a un pedido de Habeas Corpus y ordenara la libertad de diez represores detenidos.

 

El CELS señaló que era incorrecto tomar una decisión como ésa en un trámite de habeas corpus. Además de las consideraciones técnicas, el organismo de derechos humanos destacó que uno de los camaristas, el Juez Tomás Inda, había sido integrante de la Cámara Federal de Resistencia en los años de la última dictadura y, en aquel momento no investigó la muerte de Carlos Salas, uno de las víctimas de los fusilamientos de diciembre de 1976, quien tenía una causa judicial abierta ante su tribunal.

 

El organismo no sólo impugnó la actuación de esta funcionaria, sino que avanzó sobre una serie de complicidades de jueces y fiscales del Chaco con los perpetradores de la Masacre de Margarita Belén.

 

Son varios los funcionarios judiciales comprometidos con los asesinatos de Margarita Belén, entre ellos los actuales fiscales chaqueños Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni, ambos denunciados directamente como cómplices de la masacre y partícipes de las torturas perpetradas.

 

En el año 2003 se reactivó la causa y fueron detenidos diez militares. Flores Leyes y Mazzoni se inhibieron de intervenir en el hábeas corpus presentado por la defensa, pero dejaron que participaran sus subordinados Ana María Torres y Carlos Sanserri.

 

El Procurador General de la Nación, Esteban Righi consideró que la intervención de Carlos Sanserri no había perjudicado la marcha normal de la causa. Pero no ocurrió lo mismo con Ana María Torres, ya que el procurador concluyó que la fiscal ad hoc debía ser exonerada.

 

Entre otras causales expresó que la funcionaria debió excusarse de intervenir en el pedido de hábeas corpus planteado por la defensa de los militares, porque en el expediente de Margarita Belén estaba imputado quien había sido su superior jerárquico durante once años.

 

También consideró que, más allá de la medida tomada por el tribunal, la fiscal quiso perjudicar deliberadamente la causa y contribuyó a la estrategia de la defensa - obtener la excarcelación de los acusados -, conducta que compromete seriamente la responsabilidad del Estado argentino, ya que los delitos investigados en la causa principal “se presentan en colisión con derechos esenciales de la persona humana”.

 

En definitiva, la fiscal actuante fue exonerada por la comisión de “una falta grave” que perjudica “moralmente” al Ministerio Público, por haber dictaminado contra derecho, permitiendo la liberación de diez represores.

 

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura debe resolver en los próximos días si abre el juicio político contra los camaristas que resolvieron la cuestión.

 

Afortunadamente hay otros funcionarios judiciales que están siendo investigados por su complicidad con la matanza.

 

La presente iniciativa propicia una declaración de aprobación y conformidad por parte de la Honorable Legislatura de la provincia de Río Negro, toda vez que la decisión del Procurador General de la Nación contribuye a depurar el sistema judicial, erradicando prácticas corruptas.

 

Por ello,

 

Autor: Ana Ida Piccinini

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

D E C L A R A

 

Artículo 1º.-  Su plena conformidad con la resolución del Procurador General de la Nación, por la cual se dispuso la exoneración de la fiscal Ana María Torres de la Provincia del Chaco, motivada por incumplimiento del mandato constitucional de tutela de la legalidad y por comprometer la responsabilidad del Estado en una causa donde se investigan violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura militar.

 

Artículo 2º.-  De forma.