Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 723/2004 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

 

Al hablar de mediación aludimos a un sistema alternativo de resolución de conflictos, en el que las partes, asistidas por un tercero imparcial, son acompañadas en el proceso de toma de decisiones con relación a su desacuerdo. A través de este proceso, generalmente breve, es posible reanudar el diálogo, intercambiar puntos de vista, adoptar decisiones y de ser posible, arribar a un acuerdo.

 

La mediación penal es un procedimiento que respeta en términos generales las características de una mediación común, pero con algunas particularidades propias.

 

Se destaca la voluntariedad y confidencialidad de este procedimiento, sin perjuicio de los demás principios de la mediación siempre presentes.

 

Se desarrolla entre personas conectadas por un hecho que puede ser jurídicamente desplegado en un proceso penal, atendiendo a la particular fuerza que ejerce sobre los protagonistas la posibilidad de que se decida la aplicación de una sanción penal.

 

Utilizando palabras de Elías Neuman: “...Implica que la víctima de un delito emerja de su devalúo y postración, encontrando paz interior en el resarcimiento del daño, y que el victimario no sea empujado al laberinto represivo de la sociedad del que luego será difícil emerger...”.

 

En general, podemos hablar de dos tipos básicos de conflictos: los intrascendentes y los trascendentes.

 

Cuando el conflicto es intrascendente, discurre normalmente en la órbita del derecho privado, donde la mecánica legal para solucionarlo es la vía de la reparación y de la indemnización.

 

En los conflictos intrascendentes, donde la regla es la disponibilidad de la acción y de la pretensión, la mediación como método alternativo de resolución de conflictos en base a la negociación y el consenso, ha tenido un desarrollo importante y exitoso.

 

Los conflictos trascendentes, en cambio, son aquellos captados por el derecho penal, y la regla imperante en ellos ha sido una actuación pública caracterizada por la indisponibilidad tanto de la acción como de la pretensión.

 

Tradicionalmente los fiscales han debido someterse tanto a la llamada legalidad procesal, en función de la cual la promoción de la acción pública debe efectuarse prescindiendo de todo análisis sobre su conveniencia, como a la regla de que la pretensión punitiva no puede ser resuelta por consenso.

 

En este contexto, la idea de mediación en sede penal ha resultado absolutamente incompatible.

 

Ahora bien, la parte humana del conflicto, esto es la relación víctima-victimario -o mejor dicho relación denunciante-denunciado, en un intento de abstraernos de cualquier connotación negativa- se asimila a los conflictos intrascendentes. No debería haber pues obstáculo para que las partes intenten componer sus diferencias, con una gran posibilidad de arribar a un acuerdo que resulte beneficioso para todos.

 

La doctrina en primer lugar y modificaciones legislativas recientes han marcado un progresivo cambio de criterio, tanto respecto de la legalidad como regla de ejercicio de la acción penal, como de la posibilidad de aplicar una pena sobre una base de consenso.

 

En efecto, por un lado se ha ido ampliando el campo de acción de los fiscales, titulares de la acción pública, y por otro se ha intentado interconectar las consecuencias de la parte humana con las de la parte punitiva del conflicto.

 

Podemos mencionar así la suspensión del juicio a prueba, que no solamente implica un paso hacia la regla de la oportunidad, sino que se ha reglamentado de tal manera que para resolver por esa vía el conflicto punitivo, previamente debe resolverse el conflicto humano a través de la reparación del daño causado a la victima o, al menos, un ofrecimiento razonable en tal sentido.

 

Otro cambio ha sido la incorporación de los denominados procedimientos abreviados, en función de los cuales se evita el juicio cuando hay consenso entre el actor penal y el imputado, siempre sujeto a homologación judicial.

 

Sucede que en determinadas situaciones, lo único que se puede aportar para ayudar al damnificado de un hecho dañoso, es una suerte de mediación con el autor del hecho, en un intento de recomponer la forma de convivir o de relacionarse, y para evitar que las conductas delictivas vuelvan a repetirse, o que la victima se convierta en victimario.

 

Esto se ve con claridad en conflictos planteados entre personas que necesariamente deben seguir manteniendo una relación entre si, tal como sucede en los casos de vecindad o en los problemas de familia.

 

Es que una mediación exitosa puede lograr lo que no consiguen las penas, que cuando son aplicadas inconvenientemente (a pesar de su legalidad), en lugar de pacificar terminan siendo fuente de nuevas situaciones conflictivas.

 

Resulta pues indiscutible la posibilidad y conveniencia de aplicar el método de mediación al menos, y por ahora, en la parte humana del conflicto, esto es en la relación denunciante – denunciado.

 

En cuanto a la parte punitiva del conflicto, en la medida en que se comience a reconocer la posibilidad de consenso entre el Fiscal y el imputado necesariamente aparecerá la idea de negociación. y frente a ella, la posibilidad de intentar un proceso de mediación exitoso.

 

Como el Fiscal capta el tramo trascendente del conflicto, no podrá someterse exclusivamente a la voluntad del denunciante ni al acuerdo entre el damnificado y el autor del hecho. Deberá lograr un punto de equilibrio como administrador de la conveniencia del ejercicio de la acción penal y de la pretensión punitiva, atendiendo simultáneamente los intereses de las partes afectadas y los intereses de toda la comunidad.

 

Obviamente, no todos los casos son mediables. Existen siempre limitaciones para cualquier proceso de mediación, situaciones no aptas de alta tensión o conflictividad, y naturalmente casos en que las partes no manifiesten su voluntad expresa de someterse al procedimiento.

 

También habrá situaciones en que no sea posible individualizar al presunto autor/es del hecho dañoso.

 

De todas formas, la mediación penal genera múltiples ventajas.

 

En primer lugar porque si se logra una resolución del conflicto a través de la mediación, las partes van a asignarle a ese acuerdo un valor que a veces no le adjudican a la propia sentencia.

 

Ello es así por la particular fuerza que ejerce la posibilidad de que se decida la aplicación de una sanción penal (en caso de no arribarse a un acuerdo o de que el mismo no se cumpla).

 

Muchas veces, al damnificado solo le interesa resarcirse del daño o de las consecuencias del hecho, más que la pena que el Estado pretenda aplicar al infractor.

 

En segundo lugar porque la mediación permite simplificar muchos casos con una respuesta inmediata, recobrando la administración de justicia la capacidad operativa para aquellos casos donde la solución consensuada resulta inadmisible.

 

En efecto, los medios conciliatorios permiten la desburocratización de la justicia penal con la consecuente limitación de gastos y esfuerzos, alentando ello la esperanza de disponer del tiempo necesario para juzgar la criminalidad más grave, los abusos de poder, la corrupción, los sobornos, los enriquecimientos ilícitos, los fraudes administrativos, entre otros.

 

Alientan esta iniciativa numerosos supuestos donde la mediación penal puede resultar exitosa, particularmente los delitos de acción pública con contenido patrimonial, los delitos de acción privada, algunos delitos dependientes de instancia privada, y el ámbito de la justicia de menores dentro del marco del proceso tutelar.

 

Se trata, en todo caso, de poner a disposición del magistrado y del fiscal actuantes, un acuerdo entre los supuestos actores (que sea factible) como un elemento más para ser ponderado en la decisión del caso.

 

A modo de antecedente podemos mencionar una experiencia piloto realizada a partir de las Resoluciones 45 y 46/99 de la Procuración General de la Nación y Resolución 397/99 del Ministerio de Justicia de la Nación, con intervención de la Dirección Nacional de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DINAMARC), en el marco de los supuestos de suspensión del juicio a prueba (artículo 76 bis del Código Penal).

 

Otra experiencia digna de ser tenida en cuenta es la que se viene desarrollando en el Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a partir de noviembre de 1999, donde los frecuentes reclamos por la falta de respuesta del Poder Judicial frente a las denuncias efectuadas, evidenciaban la desprotección de las víctimas de los delitos y la ausencia de una solución real para sus problemas.

 

La experiencia mostró que en la mayoría de los casos sometidos a mediación, era posible llegar a un acuerdo, contradiciendo el viejo axioma de que en cuestiones penales no es posible mediar.

 

Algunos de los datos estadísticos obtenidos resultan asombrosos, por ejemplo que de la totalidad de las causas recibidas en el Centro de Mediación por derivación de las Fiscalías, un cuarenta y cinco por ciento (45%) resultaron mediables, correspondiendo el resto a los casos de incomparecencia, a problemas de notificación o falta de voluntariedad de las partes.

 

La cifra más significativa es que de las causas efectivamente mediadas, un setenta y dos por ciento (72%) culminaron en acuerdos y el noventa y cuatro por ciento (94%) de éstos acuerdos tuvieron cumplimiento efectivo.

 

Otro dato importante es que en el setenta y seis por ciento (76%) de los casos las partes involucradas tienen algún tipo de relación cercana familiar, vecinal o comercial, y por ende luego de la denuncia de los hechos tienen necesariamente que seguir relacionándose, con lo que se deduce lo importante de lograr morigerar el conflicto originario.

 

Ello evidencia que en la mediación penal el beneficio es para todos.

 

El denunciante se siente protagonista de la solución, el denunciado evita la estigmatización que importa estar procesado a la vez que enfrenta personal y responsablemente el problema, el Estado ahorra ingentes sumas de dinero con un alto porcentaje de efectividad, produciendo ello un impacto sobre toda la comunidad, ya que los infractores sentirán necesidad de dar cumplimiento con los acuerdos arribados.

 

Ahora bien, tratándose de un tema complejo y resistido, corresponde aclarar que no se pretende despenalizar ni privatizar el Derecho Penal, tampoco avasallar la titularidad del ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público.

 

Se trata de buscar soluciones alternativas con intervención responsable y directa de todos los protagonistas del conflicto, en definitiva lograr una nueva herramienta que, bien aprovechada, pueda aportar soluciones a muchos de los problemas de la justicia penal.

 

Es importante destacar el volumen de trabajo que puede sustraerse de las Fiscalías, lo que posibilita la utilización de tiempo y recursos en la investigación de los delitos de mayor gravedad.

 

Un dato de la realidad es el escaso porcentaje de causas que llegan a sentencia en tiempo oportuno, transcurriendo generalmente años de proceso, sin que las sentencias logren satisfacer los intereses del damnificado u ofendido.

 

Todo ello nos lleva a alentar la instrumentación de la mediación penal en la Provincia de Río Negro, del mismo modo que lo han hecho con éxito otras legislaciones provinciales como la de Chaco, Buenos Aires y Neuquén.

 

Merece consideración especial la reciente modificación de nuestro Código Procesal Penal, a través de la ley provincial nº 3794.

 

En un avance hacia la implementación del sistema acusatorio puro, el artículo 180 ter del Código Procesal Penal, incorpora los llamados criterios de oportunidad, entre cuyos incisos (5, 6 y 7) se contempla la posibilidad de una conciliación entre las partes y de procesos de mediación exitosos.

 

De tal suerte que el agente fiscal dispone ahora de una nueva herramienta que lo faculta a prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal.

 

Corresponde asimismo destacar que la ley de Mediación nº 3847 recientemente sancionada, establece en su artículo 7º, último párrafo, que “El procedimiento de mediación en las materias Penal y Laboral se regirá conforme lo establezcan las leyes específicas que se dictarán al efecto”.

 

La mediación penal no requiere modificaciones del Código Penal.

 

Por lo demás el artículo 18 de la Constitución Nacional no prohíbe la mediación en materia penal ni exige la aplicación compulsiva de una pena ante la comisión de un delito, por lo que cualquier reparo desde el punto de vista constitucional queda pues salvado.

 

De cualquier forma deberán extremarse algunos recaudos.

 

En primer lugar, el procedimiento de mediación penal no debería importar presunción de culpabilidad para el denunciado, cuando éste acuda voluntariamente a la mediación en procura de un acuerdo con el denunciante.

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la mediación podrá ser utilizada como mera estrategia dilatoria, corresponde el empleo de mecanismos apropiados para evitar que la eventual continuidad del proceso (por falta de acuerdo) se vea perjudicada.

 

Justamente por ello habrá que prestar especial atención a las medidas probatorias urgentes que fuera necesario realizar, a la oportunidad en que procede la derivación del caso a mediación, y en particular a la facultad de adoptar la determinación en caso de duda.

 

Por último corresponde advertir que el éxito de la mediación penal requiere tanto de recursos materiales y humanos adecuados, esto es espacio físico, personal debidamente capacitado, profesionales idóneos en la materia, un Registro de Mediadores, Centros de Mediación, etcétera, como de una implementación experimental y gradual que permita inicialmente la atención de cuestiones básicas elementales.

 

La reglamentación de la ley deberá contemplar, entre otras, las cuestiones relativas al funcionamiento de los Centros de Mediación y su financiamiento, Registro de Mediadores, elección y retribución de los mediadores, asistencia letrada de las partes, así como otras cuestiones de procedimiento.

 

 

Bibliografía y Autores consultados:

 

Elías Neuman: “Conciliación y Mediación Penal” (Depalma, 1997),

María Elena Caram: “Hacia la mediación Penal”,

Helena Highton, Gladis Alvarez y Carlos Gregorio: “RAD y Sistema Penal” (Ad Hoc, 1998),

Rubén Enrique Figari: “Mediación Penal: Un camino de inexorable tránsito”,

Héctor Carlos Superti: “La Mediación entre el Fiscal y el imputado”

Revista Fojas Cero (Ediciones Praxis) “La Mediación Penal”,

Iniciativa particular: Anteproyecto de ley de mediación penal presentado por la Dra. Cecilia Lumelli (Gral. Roca).

 

Por ello.

 

AUTOR: Ana ida Piccinini

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.- Se instituye la Mediación Penal con carácter voluntario, como método alternativo de resolución de conflictos, en los delitos de acción pública de contenido patrimonial o cuya pena máxima no exceda de quince (15) años de reclusión o prisión, delitos culposos en general, y delitos dependientes de instancia privada, excepto los del Libro Segundo, Título III “Delitos contra la integridad sexual” del Código Penal.

 

La mediación penal también podrá aplicarse a la Justicia contravencional.

 

Artículo 2º.- La mediación es un método no adversarial dirigido por un mediador con título habilitante, a través del cual se promueve la comunicación entre las partes en procura de un avenimiento que logre en la medida de lo posible la reparación o compensación de las secuelas y/o las consecuencias del hecho delictivo.

 

Artículo 3º.- El proceso de mediación que se instituye garantiza los principios de neutralidad, imparcialidad, igualdad, voluntariedad, confidencialidad, inmediatez, celeridad y economía procesal.

 

La asistencia letrada de las partes será obligatoria.

 

El Superior Tribunal de Justicia confeccionará un listado de profesionales para atender aquellos casos en que el damnificado u ofendido no contara con la asistencia letrada de un abogado particular.

 

Artículo 4º.- No son mediables aquellas causas en que el denunciado ya se hubiera beneficiado con un acuerdo mediatorio.

 

Tampoco podrán someterse a mediación aquellas causas cuyos hechos denunciados hubieran sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

 

Artículo 5º.- Son partes en el proceso de mediación el denunciante, ofendido o damnificado, en su caso el representante legal, y el presunto autor/es del hecho dañoso, los partícipes y encubridores.

 

Artículo 6º.- Cuando fueran varios los damnificados deberá contarse con el consentimiento de todos ellos para la derivación del caso a mediación.

 

Artículo 7º.- Para ser mediador penal se requiere poseer título de abogado, con cinco (5) años como mínimo de ejercicio en la profesión o empleo judicial en la especialidad, poseer domicilio profesional en la provincia, y acreditar la capacitación y entrenamiento específico en mediación penal, conforme lo determine la reglamentación,

 

Artículo 8º.- Los interesados deberán inscribirse en el Registro de Mediadores Penales y matricularse por ante la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.

 

La reglamentación determinará las incompatibilidades o inhabilidades para el ejercicio de la Mediación Penal.

 

Artículo 9º.- Promovidas las actuaciones y estimada la existencia de materia penal a investigar, en cualquier estado del proceso antes de la citación a juicio, el agente fiscal cuando no hubiera promovido la acción, el denunciante o damnificado, el denunciado, imputado o su defensor, podrán solicitar al Juez competente la sustanciación del proceso de mediación. También el magistrado podrá disponer de oficio la derivación del caso.

 

Artículo 10.- En caso de derivación quedarán en el tribunal las actuaciones originales así como todo efecto o elemento de prueba incorporadas a la causa, debiendo remitirse en consecuencia al centro de Mediación una copia certificada de las actuaciones.

 

Artículo 11.- Cuando el Ministerio Público aconseje y solicite la derivación del caso a mediación, el juez competente mediante providencia simple, remitirá las actuaciones al centro de mediación respectivo, salvo que por resolución fundada estime que la petición resulta inoportuna o improcedente. La decisión del magistrado será irrecurrible.

 

Artículo 12.- El proceso de mediación tendrá una duración máxima de cuarenta (40) días hábiles, contados desde la remisión de las actuaciones al Centro de Mediación respectivo.

 

Excepcionalmente, a pedido del mediador dada la complejidad del conflicto u otra circunstancia atendible, el juez podrá determinar por única vez una prórroga por un plazo similar o menor.

 

Artículo 13.- A partir de la remisión las actuaciones al Centro de Mediación respectivo, queda suspendido el plazo de prescripción de la acción penal, hasta la finalización del proceso de mediación, o en su caso hasta el cumplimiento del acuerdo.

 

Artículo 14.- Si las partes interesadas aceptaran voluntariamente la mediación, se procederá al sorteo del mediador, conforme lo determine la reglamentación.

 

Artículo 15.- El mediador designado tendrá a su cargo la fijación de las audiencias respectivas. Dichas audiencias se llevarán a cabo en dependencias ajenas a la sede de los Juzgados penales.

 

Artículo 16.- Previo a las reuniones conjuntas, el mediador dispondrá la realización de las reuniones privadas que fueran necesarias con cada una de las partes por separado.

 

Artículo 17.- Las audiencias tienen carácter reservado, debiendo todos los participantes guardar estricto secreto de todo aquello de que se tome conocimiento en las audiencias. A tal efecto se suscribirá el respectivo convenio de confidencialidad.

 

Artículo 18.- La retribución de los mediadores se hará en la forma que establezca la reglamentación.

 

Artículo 19.- Una vez agotado el proceso de mediación se labrará un acta suscripta por las partes, en la que se consignará el resultado del mismo.

 

Artículo 20.- En caso de acuerdo se hará constar en el acta los términos del compromiso asumido, detallando en forma clara y precisa en qué consiste la reparación, restauración o compensación del perjuicio a favor del damnificado u ofendido, así como la forma de su efectivo cumplimiento y a cargo de quién o quienes estará.

 

Artículo 21.- El acuerdo también podrá contener pautas claras y precisas respecto de determinadas conductas, abstención de actos o prestación de servicios comunitarios que asuma el comprometido, en cuyo caso se también se consignarán en el acta que será suscripta por las partes.

 

Artículo 22.- Si el procedimiento culminara sin acuerdo, el mediador deberá enviar la totalidad de lo actuado al Fiscal o juez competente para la prosecución del proceso penal.

 

Artículo 23.- Todo acuerdo será homologado por el Juez competente. Si el acuerdo tuviera contenido patrimonial, tendrá carácter de título ejecutivo una vez homologado, pudiendo reclamarse su incumplimiento por ante el fuero correspondiente.

 

Artículo 24.- En caso de homologación del acuerdo se ordenará el archivo provisorio de las actuaciones, hasta tanto verifique el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraidas.

 

Artículo 25.- El control y seguimiento del cumplimiento del acuerdo homologado, será efectuado conforme lo establezca la reglamentación.

 

Artículo 26.- La falta de cumplimiento del acuerdo en debido tiempo y forma será informada al agente fiscal, a efectos de merituar si el incumplimiento de las conductas comprometidas, tendrá como consecuencia dejar sin efecto el acuerdo celebrado y disponer la continuidad normal del proceso penal.

 

Artículo 27.- Verificado el cumplimiento del acuerdo por parte del autor/es del hecho dañoso, el juez competente declarará extinguida la acción penal a su favor.

 

Artículo 28.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su reglamentación.

 

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo dictará el decreto reglamentario dentro de los noventa (90) días de publicada la presente en el Boletín Oficial.

 

A tal efecto se crea una Comisión integrada por tres (3) representantes de cada uno de los poderes del Estado, los que serán designados dentro de los quince (15) días de publicada la presente.

 

Artículo 30.- De forma.