Proyectos Legislativos

Proyecto Comunicación Nº 733/2010 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

El motivo de esta comunicación es procurar el acceso gratuito vía correo electrónico a la información publicada en el Boletín Oficial, de acuerdo a las leyes vigentes en materia de información pública.

 

Actualmente la suscripción al Boletín Oficial tiene un costo semestral de $200 (impresión en papel); $700 (en formato digital); $400 (en formato digital, en caso de que uno lleve el CD).

 

Con lo cual tiene un carácter restrictivo al acceso, algo que no concuerda con el principio de libre acceso a la información pública, sobre lo cual hay un interesante derrotero en nuestra legislación provincial.

 

Pero además hay que decir que en la era de las tecnologías de la información, de la generación post-alfa, del Web 2.0, o como quiera que se llame, es absurdo que en nuestra provincia el acceso a la información siga atrapado en mecanismos burocráticos anticuados.

 

El hecho de que el precio del Boletín en formato digital sea por lo menos del doble, e incluso más del triple (en el caso de que la dirección del Boletín Oficial ponga el CD) resulta inexplicable y deja a la luz una resistencia a la masificación de la información pública.

 

Todos sabemos que un archivo en formato digital se puede enviar en simultaneo a través de un solo correo electrónico, si se tiene la voluntad, a toda la ciudadanía.

 

Por otro lado con las tecnologías de la información, la edición gráfica del Boletín Oficial, debería resultar en la mayoría de los casos en un proceso más dinámico, puesto que la información que producen todas las dependencias del Estado ya está previamente digitalizada, con lo que se evita el doble trabajo de tipeo. Con lo cual se trata de un trabajo de copy-paste, diagramación y chequeo de que la información sea fidedigna.

 

Está claro que la legislación sobre el Boletín Oficial y su estructura funcional está desactualizada, de otro modo no se explican los altos costos de suscripción.

 

El argumento de la sustentabilidad de la edición y de la estructura funcional del Boletín Oficial, no puede prosperar, sobre todo si consideramos los millones que se gastan anualmente en publicidad oficial (cabe aclarar que publicidad oficial, actualmente no es sinónimo de información pública, sino que se trata de campañas propagandísticas que implican un preselección de la información a publicar).

 

Sin embargo si tenemos que reflexionar sobre un horizonte de ampliación de la democracia, “información pública” y “publicidad oficial”, deberían marchar en un mismo camino que bregue por la información y educación de la ciudadanía en torno a lo público, y que bregue por la construcción de un estado transparente que invite a la interacción dinámica entre estado y sociedad.

 

Sin duda la construcción de un estado transparente tiende a hacer más eficiente las acciones de gobierno, dotándolas además de una importante base de legitimidad social.

 

El acceso a la información, por un lado, posibilita un mayor control e interacción con las acciones de gobierno, pero también sugiere el despliegue de una cultura democrática que cultive más su interés por el control social de su futuro.

 

El control social ya no visto como una exclusividad de los dispositivos estatales para conservar y reproducir un orden establecido, sino como una de las atribuciones imprescindibles de la ciudadanía para controlar a los poderes estatales y económicos.

 

Nuestra Constitución Provincial, y las leyes que la subsiguieron avanzan notablemente en este sentido.

 

 “En su Artículo 26 predica: (...) Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de información”. En lo que se refiere a la ampliación del derecho a la información en su Artículo 30, que versa sobre los derechos del consumidor, indica que el Estado debe promover “la correcta información y educación de aquellos, protegiéndolos contra todo acto de deslealtad comercial... ”  Todo esto empieza a dar cuenta que, en una sociedad de dimensiones multitudinarias, la información pasa a ser uno de los principales problemas de la democracia, entablando una directa analogía con el problema fundamental de la distribución del ingreso y de la riqueza.

 

La información también tiene que ser producida, distribuida y observada por la sociedad en condiciones de igualdad, puesto que, de la misma manera que la producción industrial separa el acto de producir del acto de consumir, privando a los consumidores del conocimiento de lo que consumen, la democracia representativa o delegativa, separa el acto de gobernar de las implicancias de esas decisiones sobre la ciudadanía.

 

En el Artículo 4 de nuestra constitución provincial, plantea “Todos los actos de gobierno son públicos. Son publicados íntegramente los que se relacionan con la renta y los bienes pertenecientes al gobierno provincial y municipal”. Esto incluye todos los actos de la administración pública provincial y municipal (Art. 47) y los servicios tarifados que realiza la Provincia en forma empresaria (Art. 88).

 

Dentro de los deberes que la constitución determina al gobernador, en su Artículo 181 indica que éste “Informa pública y permanentemente sobre los actos de gobierno a través de los medios de comunicación masiva (...) La información debe ser veraz y objetiva...”.

 

Cabe destacar que en el  Artículo 69 indica que “Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y de la tecnología”. En dicho artículo aparece la función indelegable del gobierno de la provincia estimulando la difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico.

 

Río Negro también ha sido pionero en legislación sobre información pública desde su retorno a la democracia.

 

Actualmente la ley 1829/84 y su modificatoria la, ley 3441/2000, de Información Pública, establece que cada ciudadano tiene derecho a solicitar información pública que necesite, estableciendo que los funcionarios o responsables que, sin razones que lo justifiquen por ley, se nieguen a brindar información serán pasible de sanción y sumario. Dicha ley entre sus puntos señala “la autoridad administrativa deberá evitar la perturbación o entorpecimiento del normal funcionamiento y/o atención de los servicios de la Administración Pública”.

 

Esta última razón expresada, versa sobre la necesidad de combinar la agilidad en  los trámites burocráticos de la administración, con la libertad de acceso a la información.

 

La única razón por la cual la organización estatal no entró en colapso en su capacidad de brindar información pública, es el escaso conocimiento que tiene la ciudadanía sobre sus derechos a acceder a la misma. Incluso la mayoría de personas consultadas ignoran la existencia de una ley de información pública... algo que resulta por demás paradójico: la ciudadanía no fue informada sobre la existencia de una ley de Información pública.

 

Con todo esto queda planteado el marco jurídico provincial que nos invita a reglamentar con una ley, la difusión de la información pública (boletín oficial), de todos los poderes del Estado, a través de los beneficios que hoy en día nos brindan la ciencia y la tecnología.

 

Por estas razones desde el Bloque REDES tanto en el año 2008 como en el 2010, planteamos la necesidad de contar con un Boletín Oficial Digital (Expte. nº 0269/2008 y 238/2010).

Repasemos algunas de las ventajas de contar con un boletín oficial digital:

 

·            La información pública como material Educativo al alcance de todos y como material de consulta para el mundo académico, científico y jurídico. Todo esto como un aporte en la mejora de la calidad institucional y el desarrollo provincial.

 

·            Agilizar el acceso a la información pública. Sin duda el boletín oficial facilitaría el cumplimiento de la ley 1829, en el sentido que los ciudadanos accederían directamente a las fuentes de información, algo que también está contemplado en la referida ley de Información Pública, en su articulo 3 donde indica: “Cuando el grado de complejidad de la fuente o la información requerida lo aconseje, o el interesado expresamente así lo solicite, se facilitará el acceso personal y directo a la documentación y funcionarios pertinentes”.

 

·            Sistema de búsqueda accesible. El formato digital Permite el acceso dinámico a la información utilizando el uso de sistemas de búsqueda a través de palabras clave.

 

·            No afecta la validez jurídica, puesto que el acceso a la información no implica la posibilidad de que el usuario pueda modificarla y además el soporte de papel no se descarta como instrumento principal de validación.

 

·            Promueve un Estado transparente, ejercitando al ciudadano en la interacción y el contacto con la dimensión de las decisiones colectivas. Transparencia que tiende a borrar la división entre Estado y Sociedad, trazada ideológicamente por el conservadurismo anacrónico.

 

·            Solución a Bajo costo. Gran parte del trabajo ya se hace en la actualidad puesto que el formato original del Boletín que luego se imprime es digital. En la actualidad cualquier usuario de Internet puede cargar archivos en la RED sin mediar otro costo que el de la conexión a Internet.

 

En la provincia de Río Negro se ha ido avanzando en la digitalización de la información publica, más específicamente en todo lo relacionado al ámbito de la Legislatura, con el Digesto Público y el sistema de seguimiento de los expedientes legislativos. Sin embargo, por un lado este sistema de información no goza de la versatilidad y accesibilidad que debiera tener la información pública y por otro deja por fuera la mayor fuente de información de los actos públicos que existe en una provincia: nos referimos al BOLETIN OFICIAL.

 

En el caso de esta comunicación lo que solicitamos es un paso intermedio hacia el Boletín Oficial Digital, que es la posibilidad de suscribirse en forma gratuita para obtener el Boletín Oficial a través del correo electrónico.

 

Es cierto que esta posibilidad resulta excluyente de una minoría que carece de ese medio, pero sin duda incluye a una mayoría que a bajo costo podrá ir familiarizándose con el acceso a la información.

 

La sociedad se multiplica a ritmos agigantados y la democratización se erige como una necesidad histórica de organización de las sociedades, que debe incluir en sus planteos al recurso tecnológico. Estamos en condiciones jurídicas y tecnológicas de realizar, a bajo costo, una edición digital del Boletín Oficial de fácil acceso y/o distribución a través de Internet, que se publique en simultaneo con la edición en papel o si fuese posible antes de dicha edición, y que no tenga restricciones al uso, sino que sea una herramienta facilitadota del derecho a la información.

 

Por ello:

 

Autor: Fabián Gatti.

 

Acompañantes: Beatriz Manso, Martha Ramidán.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

C O M U N I C A

 

Artículo 1º.-  A la Secretaría General de la Gobernación, nuestra solicitud de que arbitre los medios y las decisiones administrativas que habiliten la suscripción gratuita al Boletín Oficial en su versión digitalizada y su distribución vía correo electrónico a los ciudadanos, organizaciones e instituciones que así lo requieran, de acuerdo al derecho al libre acceso a la información y a los beneficios de la ciencia y la tecnología, prescriptos en nuestra Constitución Provincial.

 

Artículo 2º.-  De forma.