Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 784/2004 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

En el análisis de las explotaciones mineras corresponde abarcar algunas cuestiones importantes. Debemos considerar, cuestiones de tipo jurídicas, toda vez que la propiedad y atribución de dominio de los recursos minerales existentes y conocidos, así como de los potenciales o desconocidos que se presentan en la naturaleza, son relevantes en términos de intervención del Estado. De este modo, podemos enmarcar esto en el sistema que le atribuye al Estado el dominio de los recursos naturales existentes en el territorio, encontrando respaldo en la Constitución Nacional y en el Código de Minería. Por otro lado, la Constitución de la Provincia de Río Negro determina que “los yacimientos y minas son de propiedad de la provincia. Esta fomenta la prospección, exploración, explotación o industrialización en la región de origen...”. Este último aspecto, permite la participación del Estado en las explotaciones mineras, con lo cual entendemos que debe existir una suerte de asociación entre la empresa privada y el Estado a la hora de obtener beneficios de la extracción de estos recursos.

 

Otra cuestión importante a considerar, es hacer referencia a los recursos no renovables. Justamente la extracción de estos recursos supone la obligatoriedad de generar simultaneamente actividades económicas tales que permitan sustituir los beneficios que representan la posesión de estos recursos.

 

Por otro lado las actividades que las empresas mineras realizan en sus diferentes etapas conllevan afectaciones del medio ambiente, que ellas mismas deben preservar, remediar y restaurar conforme a preceptos constitucionales vigentes, debiendo necesariamente encontrar mecanismos de compensación frente a estos hechos inevitables.

 

Por último, encontramos cuestiones económicas, toda vez que las explotaciones mineras, poseen un efecto muy importante en las economías domésticas donde actúan.

 

En este sentido, encontramos dicotomías. Por un lado, podemos vincular a las explotaciones mineras con un alto impacto multiplicador en la economía. Así, la creación de empleos, el flujo de ingresos originado por la compra de insumos nacionales, las divisas generadas por las exportaciones y los beneficios indirectos que reciben las poblaciones de las áreas de influencia, como consecuencia del desarrollo de infraestructura de salud, educación, transportes, viviendas, rutas y comunicaciones, son aspectos favorables a este tipo de explotaciones. Cabe destacar, en este contexto, que la actividad minera, es demográficamente distribuidora de recursos humanos, pues los minerales están habitualmente en espacios geográficos poco habitados o deshabitados.

 

Sin embargo, por el hecho de que los recursos minerales frecuentemente se localizan en zonas en las cuales las obras de infraestructura son nulas o escasas, las inversiones realizadas en caminos, transporte, obras civiles, energía, comunicaciones y otras, habitualmente son brindadas por la inversión pública, con el consecuente impacto en los gastos del estado. Adicionalmente, este tipo de explotaciones con características de localización específicas, hace surgir la necesidad de proveer mejores condiciones de desarrollo en aquellas regiones donde se realizan, las cuales deben ser conservadas quedando en beneficio de las comunidades.

 

Otros aspectos observados, de las grandes empresas mineras, en general extranjeras, son los derivados del poco apego a desarrollar tecnología local. Asimismo, la insuficiente operación con empresas de ingeniería y diversos proveedores locales. De igual manera, advertimos que los esfuerzos domésticos realizados originan un efecto derrame escaso en las economías regionales. Sintéticamente, la conducta que guía el accionar de las empresas mineras es, por lo tanto, la de bajo valor agregado doméstico, concentrándose en la explotación acelerada del yacimiento del que es propietaria y en general, de muy reciente puesta en marcha.

 

Esto se ve potencializado por una legislación que les asegura fuertes retornos a la inversión aun sin incurrir en grandes esfuerzos de mejora tecnológica local. Esta legislación, altamente beneficiosa desde el punto de vista fiscal, se debe en gran parte al hecho de que las inversiones necesarias para poner en producción una nueva reserva medida, suelen ser de montos muy significativos y generalmente los retornos de los mismos se producen a largo plazo.

 

Sin embargo, y aún compartiendo los conceptos de desarrollo que guiaron a la actual legislación nacional respecto de las inversiones mineras, es necesario destacar que la misma se promovió en épocas en las que la economía nacional no poseía los niveles de competitividad respecto de otros países que posee en la actualidad y, por otro lado los valores internacionales de los productos de los minerales, especialmente los de primera categoría, eran significativamente más bajos que los actuales. Por lo que entendemos que si bien en su momento la normativa nacional atendía convenientemente la promoción de la actividad, en este momento y se supone que por un largo período, la ecuación económica de estos emprendimientos, al menos en nuestro país, es significativamente más beneficiosa, por lo que entendemos que ha llegado el momento de que este beneficio sea socializado con los propietarios de los recursos.

 

Encontramos en estas cuestiones descriptas, la necesidad de pensar a las explotaciones mineras bajo un enfoque sustentable, toda vez que ellas traen aparejado beneficios y perjuicios para las poblaciones y regiones donde actúan.

 

La idea de sustentabilidad posee un sentido mas amplio y profundo de lo que se puede juzgar a primera vista. La sustentabilidad no se refiere solamente a la preservación o conservación de recursos naturales limitados y no renovables, hace referencia también a los recursos que, se fueron gastando sin previsión de su agotamiento y que harán falta para las generaciones actuales y futuras.

 

Sustentabilidad se refiere también, y principalmente, a un patrón de organización que se mantiene a lo largo del tiempo en virtud de tener adquirido ciertas características que le confieren capacidades auto creadas. Es en la capacidad de auto organizarse, de reproducirse, y en la creación de condiciones para construir comunidades que busquen actuar con un patrón de organización en red dotado de características de interdependencia, reciclaje, flexibilidad y diversidad que encontramos el sustento necesario para pensar en un programa integral de desarrollo regional post explotación minera.

 

Inevitablemente, en este contexto, los problemas que genera una explotación minera deben ser compensados. Las externalidades originadas por la actuación de este tipo de empresas deben corregirse, logrando que quienes generan daños, asuman sus costos, lo cual puede lograrse a través de diferentes medios.

 

Así, resulta crucial una política proactiva para potencializar y/o maximizar el efecto sistémico de estas empresas y disminuir los riesgos asociados a este tipo de explotaciones y que pueden resultar perjudiciales en el largo plazo para las regiones donde actuan.

 

En este sentido, se propone la creación de un “Programa Integral de Desarrollo de Actividades Sustitutas a la Explotación Minera”, que tiene su foco en la compensación por parte de las empresas mineras a la comunidad por el desgaste o agotamiento de los recursos existentes. Esta compensación resulta a favor de las generaciones futuras que se verán privados de un recurso natural hasta ahora existente y permitirá generar las actividades económicas necesarias para que una vez agotado el recurso, la comunidad posea las herramientas necesarias para mantener similares niveles de actividad económica y en concecuencia de calidad de vida.

 

De no ser así, de no lograr que la utilización del recurso natural existente permita el mejoramiento de la calidad de vida de los actuales y futuros habitantes de la región y si solo sirviera para el beneficio de algunos pocos, no tendría sentido alguno la extracción de las riquezas naturales.

 

Por ello.

 

COAUTORES: José Luis Rodríguez,Emilio Fabio Solaiman, Daniel Toro, Jorge Santiago, Osvaldo Muena

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo 1º.- Crease el “Programa Integral de Desarrollo de Actividades  Sustitutas a la Explotación Minera”, destinado a aquellas regiones donde se efectúen explotaciones de oro, plata y polimetálicos, a fin de que, una vez que culmine cada proyecto de explotación minera, se encuentren en marcha los emprendimientos económicos necesarios para reencauzar la actividad económica de la región.

 

Artículo 2º.- El “Programa Integral de Desarrollo de Actividades Sustitutas a la Explotación Minera” tendrá como objetivo excluyente la asistencia a micro, pequeñas y medianas empresas, ya sea que correspondan a personas físicas o jurídicas, que estén instaladas o deseen instalarse en la región, y que se dediquen a la producción, o bien a la comercialización o prestación de servicios directamente relacionados con la producción regional.

 

Artículo 3º.- La Autoridad de Aplicación determinará en cada caso, en conjunto con los Municipios y/o Organismos de Desarrollo correspondientes a la región de la explotación, las actividades económicas a priorizar en la concesión de los beneficios implementados por la presente ley, así como los requisitos para acceder a los mismos.

 

Artículo 4º.- Créase un “Impuesto Eventual” que será abonado por toda  persona física o jurídica que realice actividades de  explotación de oro, plata o polimetálicos en el territorio de la Provincia de Río Negro, destinado íntegramente a solventar el “Programa Integral de Desarrollo de Actividades Sustitutas a la Explotación Minera” creado en el artículo 1º.

 

Artículo 5º.- El Impuesto Eventual definido en el artículo 4º, se establece en el 7,5 % del valor internacional de mercado del producto final obtenido dentro del territorio de la Provincia de Río Negro, por la explotación minera de que se trate. La Autoridad de Aplicación establecerá, por vía reglamentaria, la metodología de fijación de este valor para cada producto, pudiendo solicitar para tal fin, a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de  explotación de oro, plata o polimetálicos, análisis de los componentes del material obtenido y/o cualquier otro tipo de información que considere pertinente a fin de determinar el valor del mismo.

 

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo podrá establecer bonificaciones sobre él valor del impuesto eventual establecido en el Articulo 5º, en función del volumen de producción y la rentabilidad del emprendimiento minero del que se trate.

 

Artículo 7º.- La Dirección General de Rentas, en su carácter de organismo recaudador provincial, establecerá por vía reglamentaria la metodología de recaudación del impuesto eventual.

 

Artículo 8º.- La autoridad de aplicación fijará las penalidades a aplicar ante el atraso ó la falta de pago del impuesto eventual, pudiendo llegar incluso a la revocación de los derechos de explotación otorgados oportunamente.

 

Artículo 9º.- Créase el “Fondo Fiduciario de Desarrollo de Actividades Sustitutas a la Explotación Minera”. Se integrará un Fondo Fiduciario de Desarrollo por cada región de la Provincia.

 

Son recursos de este Fondo:

 

a)           Los montos recaudados por el “impuesto eventual” creado en el Artículo 4º.

 

b)           Los aportes que les pudiera asignar el presupuesto provincial anualmente.

 

c)           El  reintegro de los recursos del Fondo y el  producto generado por la colocación de sus recursos.

 

d)           El importe de las multas que se pudieren aplicar por la aplicación de la presente Ley.

 

e)           Donaciones y legados.

 

Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación determinará, de acuerdo al área en la que se realice la explotación minera, las regiones para la creación de los distintos Fondos Fiduciarios creados por el Artículo 9º y los límites de radicación de las empresas que puedan resultar beneficiarias del Programa creado por la presente ley.

 

Artículo 11.- Modifícase el artículo 1º de la ley nº 2071, de Promoción Minera Provincial, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“La promoción de la actividad minera en la provincia de Río Negro, para aquellas empresas consideradas Pymes ó Micro Empresas mineras de acuerdo a la definición de las mismas que establece la Resolución 675 / 2002 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación, se rige por la presente ley y las normas reglamentarias que el Poder Ejecutivo dicte en consecuencia”.

 

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, en un plazo de 30 días de sancionada la presente Ley.

 

ArtículO 13.- De forma.