Proyectos Legislativos

Proyecto Ley Nº 830/2001 - Texto Proyecto

                         FUNDAMENTOS

 

              Que  nuestro  país  ha  firmado  un  acuerdo  de

cooperación nuclear con Australia que prevé la construcción de

un  reactor de investigación de ese país.  Ese acuerdo incluye

la  opción  de importar los residuos nucleares a la  Argentina

para   su  procesamiento,  una   operación  prohibida  por  la

Constitución Nacional.  ("Acuerdo entre la República Argentina

y  Australia  sobre  Cooperación en los Usos Pacíficos  de  la

Energía  Nuclear"  firmado  en Canberra (Australia)  el  8  de

agosto de 2001).

 

              Que  el artículo 41 de la Constitución  Nacional

"in  fine"  establece:  "Se prohíbe el ingreso  al  territorio

nacional  de residuos actual o potencialmente peligrosos y  de

los radiactivos".

 

              Que el artículo 3º de la Ley Nacional de Gestión

de  Residuos  Radiactivos  25.018 a la  cual  adhirió  nuestra

provincia,  expresa:   "A  los efectos de la presente  ley  se

entiende  por  residuo  radiactivo todo  material  radiactivo,

combinado  o  no  con material no radiactivo,  que  haya  sido

utilizado  en  procesos  productivos o aplicaciones  para  los

cuales  no se  prevean usos inmediatos posteriores en la misma

instalación  y  que, por características radiológas no  pueden

ser  dispersados  en  el ambiente de acuerdo con  los  límites

establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear".

 

              Que  públicamente se ha denunciado que de manera

expeditiva  y  sin ningún tipo de evaluación previa el  Senado

Nacional  aprobó sobre tablas en su sesión del 7 de  noviembre

un acuerdo nuclear internacional que abre la puerta al ingreso

de residuos nucleares desde Australia, violando la prohibición

que  establecep  la Constitución Nacional y Australia)  en  el

campo   de   lo  institucional  y  sus   eventuales   nefastas

consecuencias  sobre la calidad de vida, la salud y la vida de

los  habitantes  de  nuestro  país nos impulsan  a  llamar  la

atención  de  las  autoridades para que a la  mayor  brevedad,

eviten  los  daños  e   irreversibles  daños  susceptibles  de

producirse  de  resultas  de la celebración de  tan  peligroso

acuerdo".

 

              Que Greenpeace y otras 70 organizaciones de todo

el  país dieron a conocer un documento en la que denuncian  la

trama de las negociaciones que condujeron a que Argentina abra

sus   puertas   a   la   basura  nuclear   australiana.    Las

organizaciones  reclaman  la no ratificación por  el  Congreso

Nacional  del acuerdo nuclear con Australia y la "anulación de

toda  iniciativa  y  compromiso   comercial,  institucional  o

político,  existente  o proyectado, que tenga por objetivo  el

ingreso  al  territorio  argentino   de  residuos  radiactivos

conforme  lo  establece  el  artículo 41  de  la  Constitución

Nacional.

 

              Que  actualmente todo el combustible agotado  de

uranio-siliciuro  se considera residuo radiactivo pues no  hay

disponibles  técnicas de reprocesamiento a nivel comercial  ni

lo estarán a corto plazo.

 

              Que   la   Argentina  ha   utilizado   criterios

legislativos  basados  en  el principio de  que  los  residuos

radiactivos deben ser tratados allí donde se producen".

 

              Que  debemos  comprometernos, como ciudadanos  e

instituciones responsables, a garantizar el cumplimiento de la

ley  y a proteger nuestro suelo de la peligrosa basura nuclear

que pudiera venir de Australia y de cualquier otro país.

 

Por ello:

 

Firmado: ´César Alfredo Barbeito y Osbaldo Giménez,

legisladores.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 

Artículo  1º.-  Prohíbase  el  ingreso  al  territorio  de  la

              Provincia de Río Negro de residuos radiactivos o

residuos   con   niveles  de   radioactividad   potencialmente

peligroso,  ya  sea para disposición final o  reprocesamiento,

aunque  su tránsito y permanencia fuesen temporales, sea  cual

fere su origen y/o destino final.

 

Artículo 2º.- Autoridad  de  aplicación:  Será   autoridad  de

              aplicación  de  la presente ley el organismo  de

más  alto  nivel  con  competencia  en  el  área  de  política

ambiental que determine el Poder Ejecutivo.

 

Artículo 3º.- Toda infracción a las disposiciones de esta ley,

              su  reglamentación y normas complementarias  que

en  consecuencia se dicten,  será reprimida con una  multa

que determine la autoridad de aplicación.

 

Artículo 4º.- La  sanción establecida en el artículo  anterior

              se  aplicará,  previo  sumario  que  asegure  el

derecho  de defensa y se graduará de acuerdo con la naturaleza

de la infracción y el daño ocasionado.

 

Artículo 5º.- Las  acciones  para  imponer  sanciones   de  la

presente  ley  prescriben  a los cinco (5)  años,  contados  a

partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.

 

Artículo 6º.- Las  multas referidas  serán percibidas  por  la

              autoridad   de  aplicación  e  ingresarán   como

recurso de la misma.

 

Artículo 7º.- Cuando  el infractor fuere una persona jurídica,

              los   que  tengan  a  su  cargo  la   dirección,

administración  o  gerencia  serán personal  y  solidariamente

responsables de las sanciones previstas por esta ley.

 

Artículo 8º.- De forma.