Proyectos Legislativos

Proyecto Comunicación Nº 857/2010 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

Durante décadas en nuestro país rigió un sistema conocido como “tutelar” mediante el cual las instituciones (incluida las represivas) podían intervenir bajo la excusa de “tutelar” a los menores que se encontrarían en situaciones “irregulares”, de “abandono” o en “situación de riesgo”. Esto permitía que el Estado por intermedio de la justicia de menores pudiera institucionalizar a los niños pobres y abandonados mediante la aplicación de la ley nº 10903, conocida como la ley del Patronato o ley Agote.

 

Era similar o más bien, era indiferente, si el niño había realizado alguna conducta ilegal que justifique su encierro pues, más bien, era culpable de ser pobre, excluido, abandonado. Contra esta idea tutelar o de situación irregular se levantó un gran número de juristas, Trabajadores de la niñez y adolescencia, docentes, ONGs que proclamaban que debía adoptarse una normativa que abandone el sistema tutelar y se adecue a la “Convención de los derechos del niño”, reconociendo a los niños y adolescentes como “sujetos de derecho”.

 

Adoptando un sistema de “protección integral” tendiente al “interés superior del niño” dejando de llamarlos “menores” para ser llamados “niños y adolescentes”, lo que finalmente se recepta en la ley nº 26061 de “Protección integral de los derechos de niños, niña y adolescentes” que deroga la ley nº 10903.

 

Lo cierto es que en materia penal rige la ley nº 22278, nacida en la dictadura militar que establece que son “no punibles” (ósea no pasibles de ser sometidos a una pena) los que sean menores de 16 años de edad, pero a la vez permite la imposición de una “medida tutelar”, es decir internaciones, lo que en los hechos constituye una sanción penal.

 

Desde hace varios años existen estos proyectos, pero la discusión por estos días, es el resultado de la campaña de “mano dura” que impulsa “mayor seguridad” desde diversos sectores de la sociedad y que en definitiva busca la criminalización de la juventud. La baja de edad de imputabilidad ha sido un reclamo histórico de la derecha y hoy desde diversos ámbitos, incluido el gobierno nacional, se acuerda en poner en la agenda del debate, con diversos argumentos, tanto desde los sectores más reaccionarios, como desde los sectores “progresistas” como el Juez de la Corte Raúl Zaffaroni (que representaría al sector “garantista”).

 

De las voces que reclaman la baja de la imputabilidad, existe un sector que solicita que los menores vayan presos sin importar la edad, y si es posible que no salgan nunca mas.

 

Es necesario develar que en nuestro país existen miles de niños criminalizados, institucionalizados.

 

Miles son encerrados y torturados en Comisarías, perseguidos por la policía en los barrios y asesinados por la pena de muerte que significa el gatillo fácil.

 

La mano dura que busca bajar la edad de imputabilidad, significa en concreto un ataque a la juventud que busca ocultar los verdaderos problemas sociales.

 

En este escenario se pone en tensión la idea de la baja de la edad de imputabilidad, cuando verdaderamente no muestran las estadísticas reales:

 

Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17% son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17% de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años”.

 

Teniendo en cuenta estos datos estadísticos, no hay argumento valedero para juzgar a niños menores de 16 años.

 

Si tenemos en cuenta que sale a luz el tema de la Seguridad, ¿Que Seguridad hay de que no se criminalice la pobreza?.

 

Por otra parte, de sancionarse la ley de baja de punibilidad penal, la misma seria regresiva. Ello así en tanto, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (decreto ley nº 22278).

 

En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

 

Por último, hay otras maneras de garantizar los derechos de jóvenes involucrados en situaciones delictivas o cercanas a los delitos, que no pasan por utilizar el sistema penal.

 

Por ello:

 

Autor: Juan Elbi Cides.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

C O M U N I C A

 

Artículo 1º.- Al Parlamento Patagónico que vería con agrado, se expida, manifestando su rechazo al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil que recibiera media sanción en la cámara de Senadores y que pretende bajar la edad de punibilidad a partir de los 14 años; en detrimento de los derechos de los niño/as y adolescentes, en el marco de la convención internacional de los derechos del niño/a, de la ley n° 26061 de protección integral de niño/as y adolescentes y n° 4109 de Río Negro.

 

Artículo 2º.-  De forma.