Proyectos Legislativos

Proyecto Comunicación Nº 867/2010 - Texto Proyecto

FUNDAMENTOS

 

Según informes de Naciones Unidas se estima que la cuarta parte de la población mundial vive con escasez de agua potable saludable y esta proporción se duplicará dentro de 20 años.

 

El agua es un bien natural no renovable indispensable para la vida y de su adecuado abastecimiento dependen las actividades económicas más importantes, la salud de la población, la alimentación y la preservación de los ecosistemas.

 

Al respecto, los organismos internacionales advierten en relación al agua que:

 

·  Una cuarta parte de la población mundial, carece de acceso al agua potable salubre.

 

·  El 40% de la población mundial no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas.

 

·  Unos 6.000 niños mueren cada día por alguna enfermedad relacionada con la potabilidad del agua.

 

·  El 80% de las enfermedades del mundo en desarrollo están íntimamente relacionadas con el consumo de agua no potable.

 

Según el último censo, en nuestro país 7.760.803 habitantes (21,60%) no tienen acceso al agua potable y 20.654.920 personas (57,50%) no tienen servicio de cloacas.

 

El agua, como elemento de la naturaleza, tiene un valor simbólico y real de gran importancia en la cultura de todos los pueblos y ha sido considerado un bien social, un derecho humano inalienable que no puede ser negado a ninguna persona, animal o especie vegetal que lo necesite. Por ser indispensable para la vida, no debe ser objeto de comercialización, sino un derecho al que todos puedan acceder y que los Estados deben garantizar.

 

La creciente contaminación, la escasez en algunos lugares del planeta, las sequías, las crisis que devienen del calentamiento global y todos los cambios climáticos que afectan al globo, hacen del agua un bien irremediablemente necesario y cada vez más escaso en algunos lugares del mundo. En síntesis, por un lado, están quienes sostienen que el agua es un derecho humano esencial, cuyo suministro y preservación tiene que estar a cargo del Estado, y por el otro, tenemos los intereses privados que persiguen la desregularización de los servicios estatales con la finalidad de comercializar este recurso y también exportarlo logrando fabulosas ganancias.

 

Si bien en nuestro país contamos con agua en forma suficiente, su distribución no es homogénea. Miles de personas deben trasladarse kilómetros diariamente para conseguir agua en tiempos de escasez. La insuficiencia de este recurso se hace evidente en las sequías que han soportado algunas regiones productivas, observándose también en las regiones donde se desarrollan actividades extractivas de gran magnitud y riesgo como es la minería a cielo abierto que promueven las empresas transnacionales a lo largo de nuestro país.

 

Algunas comunidades, que sostenían una economía regional consolidada y sustentable, han sido afectadas por las empresas mineras que usan cientos de miles de litros de agua por día. El actual gobierno nacional no parece advertir esta grave situación, dado que, además de permitir las actividades mineras probadamente dañinas, ha vetado el original texto de la “ley de glaciares”. Queda demostrado entonces, que los intereses de sectores privados son puestos por encima del bien público y de la defensa de recursos naturales estratégicos y vitales para la economía “real” de nuestro país.

 

El agua como derecho humano

 

El derecho humano al agua se encuentra reconocido en forma implícita en documentos internacionales que han ratificado algunos países, entre ellos Argentina.

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aprobado por las Naciones Unidas en 1966, y en vigencia desde el 3 de enero de 1976, (ratificado por Argentina en 1986), define como partes integrantes e indisociables de los derechos humanos: el derecho a un nivel de vida satisfactorio (alimentación, alojamiento, vestido, etcétera), el derecho a la educación, el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, los derechos sindicales y de huelga, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y, finalmente, el derecho a participar en la vida cultural y beneficiarse del progreso científico.

 

El PIDESC, considera que es fundamental la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que los derechos civiles y políticos, como el derecho a una vida digna, no se pueden conseguir si no se satisfacen las necesidades humanas fundamentales de la población (alimentación, asistencia, vestido, alojamiento, educación).

 

La Observación General 15 (OG – 15) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho humano al agua al reconocer que “el agua es un derecho indispensable para llevar una vida con dignidad humana y un prerequisito para la realización de otros derechos humanos”. Afirmó además que, “el derecho humano al agua, da derecho a todos a tener agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y a precios razonables para uso personal y doméstico”.

 

La propia OG - 15, en el Capítulo V “Aplicación en el plano nacional” señala: “De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2º del Pacto, los Estados Partes deberán recurrir a “todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para dar cumplimiento a las obligaciones dimanantes del Pacto”.

 

Determinó también que los gobiernos tienen la obligación de garantizar el acceso al agua limpia y servicios de saneamiento adecuados a toda la población, promover prioritariamente el abastecimiento para uso doméstico, prohibir la quiebra en los sistemas existentes de abastecimiento de agua, decidir por sí mismos si estas tareas se implementan pública o privadamente y hacer todo lo posible para que los organismos financieros y económicos internacionales como el Banco Mundial, FMI y Organización Mundial de Comercio (OMC) reconozcan el derecho humano y medioambiental al agua, lo cual no ha sucedido hasta hoy.

 

La mercantilización del agua es un proceso que puede revertirse en los países si se legisla para su protección y se la declara como derecho humano, ya que por otro lado disposiciones de orden internacional recomiendan la protección y soberanía sobre este importante recurso.

 

Varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU, entre ellas la 1515 del 15 de diciembre de 1960, recomiendan “que se respete el derecho soberano de todo Estado a disponer de su riqueza y de sus recursos naturales”, y la 1803 del 14 de diciembre de 1962, reconocen el derecho inalienable de los países y pueblos sobre sus bienes naturales, estableciendo esta última que cualquier medida tomada con respecto a la recomendación de la resolución 1515 “debe basarse en el reconocimiento del derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales en conformidad con sus intereses nacionales, y en el respeto a la independencia económica de los Estados” “los acuerdos económicos y financieros entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los países y naciones a la libre determinación.”… “…la prestación de asistencia económica y técnica, los préstamos y el aumento de las inversiones extranjeras deben llevarse a cabo sin sujeción a condiciones que pugnen con los intereses del Estado que los recibe.”… .El ejercicio y el robustecimiento de la soberanía permanente de los Estados sobre sus riquezas y recursos naturales fortalecen su independencia económica”.

 

Determina en los artículos: 1º: “El derecho de los pueblos y de las naciones a sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”; 2º: “Que toda tarea de exploración y desarrollo de los recursos deben conformarse a las reglas y condiciones que los pueblos y naciones imponen”; 3º: “Que las empresas extranjeras se regirán por “la ley nacional vigente y el derecho internacional” y no deben “restringir por ningún motivo la soberanía de tal Estado sobre sus riquezas y recursos naturales.”; 4º: “La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero… En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas.”; 5º: “El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los Estados basado en una igualdad soberana.”; 6º: “La cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo se basará en el respeto de su soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales.”; 7º: “La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz.”; 8º: “...los Estados y las organizaciones internacionales deberán respetar estricta y escrupulosamente la soberanía de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales de conformidad con la Carta y los principios contenidos en la presente resolución”.

 

Los pronunciamientos de los organismos internacionales, no eximen a los Estados soberanos de la obligación de legislar con el fin de garantizar prioritariamente el acceso de toda la población al recurso hídrico para vivir dignamente, para la agricultura y ganadería, y para la industria; en ese orden.

 

El agua debe ser un capital de los pueblos y países donde se encuentra y debe ejercerse la soberanía sobre este bien natural para su propio beneficio, cuidándolo y garantizando su provisión a toda la población para cubrir sus necesidades sustanciales. Cuando un país o provincia no es dueña de su recurso, es esclava de créditos, bancos extranjeros, presiones y potenciales conflictos.

 

La Patagonia es un territorio rico en fuentes de agua, por ello se hace necesario crear una legislación regional que ampare el derecho de todo ciudadano a aprovechar el agua para sus necesidades sustanciales, evitando la posibilidad de que ésta se transforme en una mercancía. A su vez, las provincias tienen la potestad sobre sus recursos naturales (artículo 124 Constitución Nacional) lo que promueve la protección a fin de garantizar los mismos para toda la población presente y futura.

 

Por ello:

 

Autora: María Magdalena Odarda.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

C O M U N I C A

 

Artículo 1º.- Al Parlamento Patagónico, la necesidad de que las provincias patagónicas declaren al agua como un bien de dominio público a los fines de garantizar su adecuado uso para las generaciones presentes y futuras y declarar el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos como derecho humano fundamental.

 

Artículo 2º.- La declaración debe garantizar a todo ciudadano la cantidad de agua necesaria para satisfacer necesidades básicas tales como la bebida, la preparación de alimentos, la higiene, las actividades productivas de subsistencia y las prácticas culturales. Este derecho comprende:

 

1.      La disponibilidad: el abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo, regular y suficiente para los usos personales y domésticos.

 

2.      La calidad: el agua para uso personal o doméstico debe ser potable o apta para cada uno de dichos usos.

 

3.      La accesibilidad: el agua para uso personal y doméstico o las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico y económico de todas las personas, sin discriminación alguna.

 

Artículo 3º.- De forma.