Los doctores Miguel Ángel López Fernández y Osvaldo Galaburri, integrantes de la Caja Médica de Río Negro, participaron esta mañana de la reunión de la comisión de Asuntos Sociales para opinar sobre un proyecto que busca modificar la ley que regula el sistema de jubilaciones, pensiones y retiros para profesionales.
La ley D nº 2795 faculta a los Colegios y Consejos de Profesionales creados por ley o instituciones de similares características a crear, organizar y administrar sistemas de jubilaciones, pensiones y retiros, con carácter obligatorio para sus matriculados, colegiados o asociados, que tengan domicilio real en la Provincia.
Actualmente el aporte jubilatorio de los profesionales se realiza en razón de su domicilio real, dejando exentas o excluidas aquellas situaciones particulares que se presentan en regiones fronterizas con otras provincias, como Viedma y Carmen de Patagones, Cipolletti y Neuquén, Bariloche -que también limita con la Provincia de Neuquén-, y El Bolsón, que limita con Chubut.
El proyecto propone modificar el criterio del domicilio real para que los aportes que realizan los profesionales puedan ser exigidos a todos aquellos que se matriculen en Río Negro para ejercer su profesión.
López Fernández explicó en la reunión que al haber tantas provincias lindantes, muchos profesionales tienen el domicilio en Carmen de Patagones, o en Neuquén, por ejemplo, y a pesar de trabajar en Río Negro, no pagan la jubilación.
Indicó que unos 300 médicos en la Provincia, sobre un padrón de 1200, no abonan jubilación porque no son médicos de la Federación Médica. “Hay un gran aumento de escapismo, de gente que no paga. En los últimos años notamos que la relación entre jubilados y aportantes, que un momento era de cinco a uno, ahora es de cuatro a uno; una relación sostenible por el momento, pero que a través del tiempo puede pasar a ser de tres a uno, y esto sería crítico”, consideró.
Explicó que el del “domicilio” es un problema de casi todas las cajas previsionales, pero hay uno exclusivo de los médicos relacionado con la matrícula de los profesionales.
“Necesitamos que el Ministerio de Salud nos indique cuáles son los matriculados, para que abonen, porque es la única manera de que la Caja se sostenga a través del tiempo”, consideró.
Pidió incorporar una modificación a un artículo de la ley para evitar el “escapismo”.
Por su parte, Osvaldo Galaburri aclaró que lo que se quiere hacer con las modificaciones propuestas no es sólo evitar que se escape, sino incluir al médico, “porque cuando uno es joven no ve la jubilación como algo importante, pero hay que hacer algo para que cuando llegue a los 65 años tenga una jubilación digna”.
En otro orden, la comisión debatió una iniciativa impulsada por Ángela Vicidomini, para crear un Registro Voluntario de Centros de Adultos Mayores de Gestión Social (CAMGS) y una comisión integrada por profesionales de probada idoneidad en Hogares y Asilos Públicos de Gestión Privada. La autora explicó que el proyecto busca fortalecer la presencia del Estado en estas instituciones. Aclaró que la iniciativa no apunta a la “institucionalización”, sino al “reconocimiento de una realidad”, aseguró que se trata de “una solución concreta a un problema concreto”.
Por la oposición, Alfredo Pega, aunque aclaró que estaba “conceptualmente de acuerdo”, planteó algunos reparos a la iniciativa y solicitó que la iniciativa sea incluida en un marco de reformas integrales de la problemática. El proyecto obtuvo dictamen favorable.
Por otra parte, la Comisión aprobó el dictamen de una iniciativa impulsada por Pedro Pesatti que busca ajustar la letra de la ley para regular el funcionamiento de Hogares, Residencias, Centros de Atención parcial y servicios de inserción familiar de Adultos Mayores, en lo referente a la autoridad de aplicación de la misma.
El artículo 3º de esa norma instituye como autoridad de aplicación al Ministerio de Familia (hoy Ministerio de Desarrollo Social). La modificación propone que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Salud, que podrá delegar funciones vía reglamentaria a los efectos de optimizar los mecanismos de control.
También fue analizado el proyecto para crear en Río Negro el Sistema Integral de Protección de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro.
Su autora, Cristina Uría, explicó que la propuesta “apunta a visualizar un problema que sufren los más excluidos, que lamentablemente va en aumento” y consideró que “el Estado no puede quedar ajeno a la situación de estas personas”. La iniciativa continuará siendo trabajada en la comisión.
Otro proyecto que obtuvo dictamen favorable propone que las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que se realicen en dependencias del gobierno de la Provincia o en los que éste o sus organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos, empresas del Estado y empresas privadas contratistas o concesionarias promuevan, auspicien o intervengan en dichos eventos.
El mismo despacho obtuvo el proyecto para crear en el ámbito del Ministerio de Educación y Derechos Humanos el “Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming”.
Finalmente, la Comisión presidida por Alejandro Marinao resolvió darle trámite favorable a la propuesta para establecer el día 12 de julio de cada año como “Día Provincial de la Mujer Petrolera” en la ciudad de Catriel.
Planificación, Asuntos Económicos y Turismo
Luego de la reunión de Asuntos sociales, la comisión de Planificación, Asuntos económicos y Turismo dio dictamen favorable a una iniciativa impulsada por la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales, que determina la obligatoriedad de publicitar en el Boletín Oficial y en un medio gráfico de amplia circulación en la Provincia, la realización de inspecciones programadas y los actos administrativos referidos a la venta o entrega de título traslativo de dominio o propiedad de tierras fiscales de jurisdicción provincial.