La Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencia de Tierras Rurales analizó ayer tres expedientes de casos de General Roca, remitidos por la Dirección de Tierras para su tratamiento previo a la transferencia.
Según explicó el presidente de la comisión, César Miguel (FpV), se trata de tres casos con una particularidad en común, que es la aplicación de un decreto por el cual se le adjudicó a una empresa privada de profesionales de General Roca, la gestión de cobro de servidumbre y daños derivados de la actividad hidrocarburífera en tierras fiscales.
El legislador cuestionó la aplicación del decreto que generó recursos pero que no se sabe donde están, con una importante recaudación, de la cual el 17 por ciento le correspondería por su participación a la empresa “Profesionales Patagónicos Asociados SRL” cuando debería ser del Estado, un 50 a los beneficiarios y lo demás a un supuesto fondo para el desarrollo.
El legislador indicó que “como no podemos constatar la real aplicación de este mecanismo en ningún ámbito administrativo de la Provincia, solicitamos que no se incluya la obligatoriedad de la aplicación de este decreto ni en estas transferencias, ni en las futuras que se hagan en General Roca”.
Miguel explicó que luego de una extensa tramitación, los beneficiarios de la transferencia por parte de la Dirección de Rentas serán la familia Inostroza, Cortez y Figueroa.
En este sentido, los legisladores César Miguel, Silvia Horne y Martín doñate (FpV) impulsaron una iniciativa para dejar sin efecto el decreto -suscripto por el ex gobernador Miguel Saiz y el entonces ministro de Coordinación César Barbeito- por el que se autoriza a la empresa privada el cobro de servidumbre y daños derivados de la actividad hidrocarburífera en tierras fiscales.
Representantes del CODECI denuncian loteo sobre restos arqueológicos
Al finalizar con el análisis de los expedientes, la comisión recibió a representantes del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI).
La presidente del CODECI, Doris Cañumil, transmitió la preocupación de la comunidad por loteos que se están desarrollando en Las Grutas, con movimientos de dunas y médanos, que están sobre huesos humanos y restos arqueológicos de pueblos originarios.
Cañumil presentó un informe del especialista en arqueología y geología Cristian Dubois, en el que se explica que “las dunas litorales son las unidades privilegiadas en las que se preserva el material arqueológico (única evidencia de los antiguos grupos que habitaron el área) y el lugar más frecuentemente elegido para los enterratorios humanos. Los estudios realizados han demostrado que las ocupaciones se remontan a más de 6000 años en la bahía de San Antonio, lo que explica la riqueza de hallazgos arqueológicos en sus costas e impone la necesidad de proteger este patrimonio”.
El informe de Dubois plantea un doble impacto, la destrucción de médanos en área natural protegida y el desastre arqueológico, destrucción y avasallamiento de restos.
Por su parte, la legisladora María Liliana Gemignani (FpV) señaló que se analizará esta situación desde la comisión para ver qué salida legal hay, ya que el proyecto se está desarrollando en un Área Natural Protegida y sin evaluar el impacto sobre el patrimonio arqueológico.
