El Parlamento rionegrino aprobó hoy el proyecto de ley que instituye una licencia especial con goce de haberes para aquellas personas víctimas de hechos de violencia intrafamiliar que tengan vínculo laboral directo o indirecto con el Estado rionegrino.
La autora de la iniciativa, Susana Diéguez (FpV), explicó que el proyecto nació por una necesidad de los sindicatos y señaló que es la segunda Legislatura del país que aprueba un proyecto de este tipo.
Afirmó además que “estamos dando una batalla cultural” y argumentó que la violencia se da por la asimetría que existe en las relaciones entre mujeres y varones, que tiene su base en la cultura patriarcal y que viene desde la Biblia.
La legisladora enfatizó que no alcanza con la implementación de esta licencia si no hay una política pública para erradicar este flagelo.
En este sentido, Marta Milesi (ACD) ratificó que “debemos seguir visibilizando para que realmente sea una política de Estado y transversal”, y señaló la importancia que tienen los medios de comunicación en materia de prevención.
En tanto, Roxana Fernández (JSRN) adelantó el voto favorable de su bancada y manifestó que a pesar de que este tipo de proyectos “siempre tiene sabor a poco, porque no es un flagelo que podamos dar por acabo todavía, es bueno celebrar que tengamos instrumentos que contribuyan a disminuir esta problemática”.
Este proyecto, que obtuvo su aprobación en primera vuelta, define que la aplicación será obligatoria para el personal de todas las dependencias del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Río Negro, los organismos de control, los entes autárquicos, entes descentralizados, empresas del Estado y empresas privadas con participación accionaria estatal, cualquiera sea su nivel de jerarquía.
Según el articulado del proyecto, la solicitud debe ser acompañada por una denuncia ante autoridad policial o judicial de los hechos y un certificado expedido por profesional de la salud con competencia en la materia, si resultara damnificado en su integridad física o mental luego del o los hechos de violencia, en el que deberá constar el tiempo aproximado que requerirá apartarse de sus funciones. También tendrá que notificar nuevo domicilio, para los casos en que deba apartarse temporalmente de su lugar de residencia para salvaguarda de su integridad física o la de su grupo familiar.
Define además que se debe garantizar la confidencialidad por parte de la autoridad laboral o cualquier ciudadano interviniente en el trámite. En caso de que se viole este punto, ya sea por acción u omisión, será pasible de la sanción que el agrupamiento al que pertenezca haya establecido para el supuesto de incumplimiento de los deberes de funcionario público, independientemente de las acciones legales que el damnificado pueda iniciarle.