El Parlamento rionegrino avaló hoy la iniciativa del Ejecutivo provincial para incorporar a la ley de Apicultura un “arancel de egreso” para todos los apicultores que egresen material vivo de la Provincia.
Esta norma, que en 2004 declaró de interés provincial a la apicultura, establece actualmente el pago de un arancel de ingreso, discriminando entre apicultores radicados y no radicados en la Provincia, lo cual, según el Ejecutivo, incide de manera negativa en las economías regionales frutícolas y hortícolas de la Provincia, porque afecta el rendimiento de las cosechas.
En este sentido, el legislador Alfredo Martín (JSRN) argumentó que “la ley necesita un cambio para tratar de mejorar la situación de nuestros apicultores y terminar con las demandas de los apicultores que vienen del norte del río Colorado, que argumentan que existe en Río Negro una especie de barrera”.
Afirmó que esta propuesta crea trabajo y mayores posibilidades de exportar desde los puertos patagónicos, y evitar así que los apicultores foráneos vengan con sus colmenas y se lleven nuestra miel para venderla en otras provincias.
El proyecto establece que el arancel sea fijado por la autoridad de aplicación y destinado en su totalidad al “Fondo Apícola”. Define además que a los apicultores que demuestren haber utilizado salas de extracción de Río Negro, se les reembolsará el arancel.
Prórroga de la Vivienda Única de Residencia Permanente
Se aprobó también la prórroga, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017, de todos los plazos procesales establecidos en la ley de “Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente”.
Mario Sabatella, autor de la iniciativa, explicó que la “Ley de Protección de la Vivienda” y sus prórrogas tienen por objeto la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias de inmuebles que fueran el único bien de residencia permanente del grupo familiar del deudor, cuando la hipoteca sea producto de créditos destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación del inmueble motivo de la subasta.
El legislador del Frente para la Victoria resaltó que esta medida es más importante que en otros momentos, por la caída del salario y porque para los productores es cada día más difícil afrontar las cuotas.
Consideró que tanto el gobierno nacional como el provincial deben articular políticas que incluyan a los deudores en un plan de financiamiento, que les permita mantener su vivienda mediante el pago de cuotas razonables y no confiscatorias.