La Legislatura de Río Negro aprobó hoy el proyecto de ley que promueve la formación en hábitos alimentarios en niñas, niños y adolescentes en edad escolar a través de políticas de promoción y prevención.
Daniela Agostino (AFPIR), autora del proyecto junto a Jorge Ocampos, explicó que este proyecto fue compatibilizado con el presentado en su momento por el legislador Carlos Apud.
Señaló que la idea es que el Ministerio de Salud elabore guías con estándares para la alimentación saludable y actividades de promoción en la temática, y desde el Ministerio de Educación se continúe con este trabajo, que ya se viene realizando en las escuelas.
Además destacó la importancia de que esta tarea se compatibilice con los artículos que se venden en los kioscos de las escuelas. En este sentido, indicó que la autoridad de aplicación, que recaerá en ambos ministerios, deberá promover y controlar que en los establecimientos escolares los chicos puedan elegir alimentos saludables y, a su vez, fomentar la compra de productos regionales.
La legisladora Carina Pita (FPV) alentó esta medida porque consideró que desde el Estado se debe garantizar el acceso a la alimentación saludable, variada y segura.
Respecto a este punto, se refirió a un estudio realizado por la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina y UNICEF, que en 2016 reveló que el sobrepeso es 31 por ciento más frecuente entre los chicos de nivel socioeconómico bajo. Por esto, consideró que abordar esta temática con políticas públicas a una temprana edad, previniendo el sobrepeso y la obesidad, redundará en las brechas de inequidad social”.
Por su parte, Silvia Morales (JSRN) adelantó el voto favorable de su bancada y agrego que es necesario también promover en los chicos la actividad física, porque el sedentarismo también genera enfermedades.
Certificación
La Cámara aprobó también otra iniciativa de los legisladores Ocampos y Agostino, que propone incorporar al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, un texto que imponga como obligatorio consignar como remitente al letrado patrocinante o apoderado que efectúa una diligencia, y su domicilio constituido, debiendo estar debidamente controlada y sellada por el juzgado en el que tramita la causa.
Ocampos señaló que la iniciativa cuenta con el aval de los Colegios de Abogados de Viedma y General Roca.
Explicó que fundamentalmente pretende darle certeza a la certificación por medio de telegrama o cartas documentos, imponiendo al apoderado o patrocinante la carga de firmar estos documentos y consignar su domicilio legal. “Así la entrega llegará a sus manos y podrá incorporase fácilmente a la causa por la misma parte interesada, agilizando el proceso y dando la certeza a la notificación”.