El Parlamento rionegrino aprobó hoy la creación de un régimen de facilidades de pago para el recupero de importes provenientes de multas por incumplimiento de la normativa de empleo vigente.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial, fue votado en única vuelta por mayoría.
El régimen está destinado a la cancelación de multas aplicadas y planes de pago incumplidos hasta el primero de junio de 2016.
Con la presencia en el recinto del secretario de Trabajo, Lucas Picca, el legislador Rodolfo Cufré (JSRN) explicó que se trata de una moratoria por única vez para que puedan acogerse las empresas interesadas.
Explicó que el cambio de las condiciones socio económicas nivel nacional, provoca que muchos incumplimientos a la legislación por los empleadores se deba a razones de imposibilidad real, generando posteriormente incumplimientos del pago de las sanciones tipificadas y cuantificadas legalmente y que aplica la Secretaría de Trabajo, lo cual provoca un cúmulo de fondos a cobrar por parte de ese organismo.
“De hecho, muchos empleadores han manifestado su imposibilidad de cumplir con el pago de multas, peticionando el acompañamiento del Estado para determinar y aplicar nuevos sistemas o prácticas que los liberen de recaer en otros incumplimientos que a su vez generan nuevas sanciones”.
Para ello, afirmó que es necesario que el Estado disponga de herramientas que le posibiliten interactuar, no sólo a través del ofrecimiento de ayuda, como subsidios o planes sociales, sino redistribuyendo y exigiendo el aporte de los propios actores del mundo del trabajo, para fortalecer a aquellos del propio sector que lo necesiten.
En este marco, sostuvo que es conveniente dotar al Organismo de herramientas para redireccionar los fondos de las sanciones, implementando un régimen de facilidades de pago que incluya posibilidad de moratoria, quitas, adecuaciones y acuerdos, sin comprometer el patrimonio y/o continuidad del empleador que pueda en su caso alterar o degradar los intereses, derechos y fuentes de trabajo existentes.
Destacó además el rol que tendrá la Secretaría de Trabajo como autoridad de aplicación, que va a ser la encargada de determinar en qué casos y de qué manera se aplica la moratoria para las distintas empresas.
La propuesta estipula que las facilidades no estarán destinadas a los empleadores que hayan incurrido en las faltas tipificadas en la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y en la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.
El bloque del Frente para la Victoria votó de manera negativa, aludiendo a la falta de conocimiento de las empresas que serían beneficiadas
El legislador Marcelo Mango afirmó que “esperamos que se trate de una mala herramienta de coyuntura y que esta ley no venga a instaurar una nueva relación legal e institucional en la provincia de Río Negro”.
Asimismo, se preguntó cuál es el mensaje que deja esta norma para los empresarios que cumplen y también para los que no cumplen, y cuestionó si el Estado puede premiar a los que debiera sancionar.
Nicolás Rochás, por su parte, coincidió con Mango en que esta propuesta es mala y peligrosa, y agregó que no se trata de temas tributarios, sino de la exención de multas por infracciones cometidas por precarización laboral.
En tanto, el oficialismo defendió la medida aludiendo a que la ley busca favorecer mayormente a las PYMES y mantener las fuentes de trabajo. Entre el pago de mulas y el pago de salarios, que opten por lo segundo.
Expropiaciones
Además, la Legislatura avaló en primera instancia la expropiación de inmuebles ubicados en la ciudad de Cervantes, que serán destinados a satisfacer necesidades sociales de acceso a la vivienda. El sujeto expropiante es la municipalidad de Cervantes.
El legislador Ariel Rivero (FpV) solicitó el acompañamiento a la iniciativa ante la importancia de dichas tierras para el desarrollo habitacional y urbanístico de la localidad. Actualmente está en cuestionamiento el cumplimiento de los plazos estipulados en la ley A Nº 1015, lo que pone en riego la finalización de un plan de 43 viviendas del Programa Habitacional Federal Techo Digno y otras inversiones estatales realizadas en cumplimiento de la finalidad pública, por lo cual resulta necesario, ante el requerimiento del Concejo Municipal de Cervantes, la sanción de una nueva ley.
De la misma manera, aprobó la iniciativa para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación dos parcelas ubicadas en San Carlos de Bariloche. La iniciativa del Poder Ejecutivo designa como sujeto expropiante a la Provincia, la que destinará los bienes a la construcción de un nuevo establecimiento penal para esta localidad.
La legisladora Arabela Carreras (JSRN) explicó que la actual cárcel presenta muchas dificultades y es la menos favorecida de la provincia. Detalló que la misma funciona en un edificio que fue construido par que funcione un hogar de ancianos y cuenta con tan sólo 5 mil metros cuadrados.