Uno de ellos contempla la expropiación de las tierras donde se ubican los asentamientos 2 y 10 de febrero, donde se estima que residen unas 550 familias, Nueva Esperanza, con un total de 120 familias instaladas, y el Barrio Obrero A y B, ocupados por 568 familias.
Las tierras a expropiar que propone la otra iniciativa unificada son parcelas de la zona norte de Cipolletti, destinadas también a lotes sociales para vivienda única.
Otra de las iniciativas analizadas por la Comisión fue una propuesta de modificación de la ley 4035, que creó el Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados, con relación a los mediadores. Alejandro Marinao explicó que a los mediadores se les sigue reteniendo un canon según la ley 4035 y que el trabajo de ellos se paga por una ley especial, ya que no están ni en la categoría de empleados públicos ni de funcionarios judiciales. “Lo que estamos buscando es darle esa excepcionalidad, en consonancia con lo normado en la ley 3550, vía 5116”, señaló.
Carlos Larrañaga, mediador de la primera circunscripción, explicó en la reunión que hoy los mediadores de toda la provincia facturan electrónicamente al Poder Judicial y eso es lo que los hace independientes.
Por el bloque oficialista se planteó que la duda central reside en si los mediadores son agentes públicos o no. “En caso de no serlo, no les cabría la excepción ya que la ley del Fondo de Desocupados establece que el descuento se le debe hacer a los agentes públicos. En el caso de los mediadores, que le facturan al Estado, entendemos que no serían agentes públicos, por lo tanto no los comprendería la ley, y no deberían estar haciendo el aporte”, explico el asesor Emanuel Tobares. El proyecto pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales para que se haga el pedido de informe correspondiente al Poder Judicial para ver si lo consideran agentes públicos o no.
Además, obtuvo dictamen favorable el proyecto que busca que se prorroguen hasta el 31 de diciembre de 2018, todos los plazos procesales establecidos por el artículo 1º del “Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente”.
Finalmente, la Comisión aprobó el dictamen de la propuesta para instituir el 15 de junio de cada año como el “día de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez”.