La Legislatura rionegrina sancionó hoy la ley que ratifica el convenio suscripto entre el Presidente de la Nación y los gobernadores provinciales, denominado “Consenso Fiscal”, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y 22 gobernadores, el 16 de noviembre pasado.
Con esta ley, que tuvo el aval de la mayoría (con 25 votos a favor y 12 en contra), la Provincia se compromete a implementar políticas tributarias en la búsqueda de racionalizar la estructura impositiva, reducir impuestos y promover el crecimiento económico.
El acuerdo se enmarca en el programa de reducción de la carga tributaria impulsado por el Estado nacional, para lograr una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno.
Con este propósito, la Nación y los gobiernos provinciales fijaron lineamientos “para promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de los impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores”.
Asimismo, las partes firmantes se comprometieron a acordar una solución integral y realista a los conflictos judiciales suscitados entre ellas y emprender el diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal.
La norma también incluye a los municipios y los invita a adherir al convenio.
El legislador Facundo López (JSRN), como miembro informante, explicó que este convenio es el resultado de un “dialogo serio e institucional” entre la Nación y los 23 gobernadores firmantes de las provincias argentinas, salvo San Luis. Afirmó además que este consenso fiscal es beneficioso para Río Negro y que “permitirá cumplir con los objetivos de la gestión del gobernador y dar respuesta a aquellas necesidades de los servicios que debe prestar el Estado”.
Indicó que para entender este proyecto es necesario comprender la historia del Fondo del Conourbano de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, explicó que este Fondo de reparación histórica se puso en vigencia en 1992 con el objetivo de equilibrar lo que recibía Buenos Aires en coparticipación, en relación a las otras provincias, y se financiaba con el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
En 1995 se impuso, por ley, un tope al Fondo de 650 millones de pesos, mientras que el excedente debía ser repartido con el resto de las provincias, de acuerdo al coeficiente de coparticipación. “Durante estos 20 años las recaudaciones en ganancias aumentaron, pero el mínimo establecido a Buenos Aires siguió vigente”, señaló.
López manifestó que el año pasado, por esta inequidad, la gobernadora Maria Eugenia Vidal planteó, con una presentación judicial, la inconstitucionalidad del tope y solicitó de una medida cautelar que implicaba suspenderlo y empezar a coparticipar nuevamente el 10 por ciento de ganancias, hasta que se resolviera la cuestión de fondo. López manifestó que “con esta medida se achicaba la coparticipación para el resto de las provincias y Río Negro, en particular, iba a perder 1900 millones de pesos, el equivalente a una masa salarial”.
Ante la previsión de que la Corte Suprema de la Nación iba a resolver en favor de Buenos Aires, “la política reaccionó, se metió en el conflicto y puso por encima de la judicialización la resolución de los problemas políticos, porque nunca es bueno que los problemas que surgen en la política se resuelvan en la Justicia”.
En este marco, “surgió este consenso entre la Nación y los 23 gobernadores, que busca ser lo más justo y equitativo para las partes”. A partir de esta aprobación, Río Negro y el resto de las provincias deberán abstenerse de iniciar o suspender las presentaciones judiciales respecto al Régimen de Coparticipación Federal, y Buenos Aires tendrá que desistir al juicio por la inconstitucionalidad. Todas las que cumplan con este acuerdo, salvo Buenos Aires, recibirán un bono a once años, que para Río Negro significarán 2711 millones de pesos.
Marcelo Mango (FpV): Anticipó que el bloque “ha decidido votar en contra de esta iniciativa”. “La política es el arte de la construcción de posibilidades pero este proyecto hay que rechazarlo porque es antipopular, que va en contra de la Provincia, que va en contra de los rionegrinos, que va en contra del país, pero además porque es un pacto antifederal, centralista y unitario”.
“Cuando se empiezan a cercenar derechos, a ajustar a los más vulnerables y a recortar políticas inclusivas, la política comienza a entrar en riesgo, no de gobernabilidad, pero si de representación. Este Pacto Fiscal es una más de un conjunto de leyes que el presidente Macri llamó ‘de la reforma permanente’, es una ley regresiva y que pasa de ser una ley de la revolución de los globos amarillos al ajuste de los bastones negros, una realidad que no queremos volver a vivir”, sentenció Mango.
“Para cualquier acuerdo político hace falta acuerdo y clima social, y acá ni siquiera se consultó a los municipios, merecíamos un debate mayor”, enfatizó el vocero del FpV que concluyó diciendo que “la peor de las leyes que podamos votar acá es mejor que las imposiciones”.
Soraya Yauhar (UCR) votó a favor de la ratificación del convenio. Remarcó que el acuerdo es el “resultado de coincidencias”. Destacó la política del Gobierno nacional de “ir en busca de consensos” entre los distintos sectores.
Consideró que el acuerdo contribuirá a “mejorar las condiciones de competitividad de nuestra economía”. Aseguró que los gobernadores que firmaron el acuerdo “más que insultos merecen respeto, porque se debe respetar el voto en las urnas. “No me sumo a los deseos de caos”, expresó. “Asumo la legitimación que obtuvo el gobierno nacional en las urnas, estoy convencida de que el camino de los consensos es el mejor y el único posible”, concluyó.
Mario Sabbatella (FNyP) manifestó su oposición al proyecto. “Acá lo que se quiere hacer es darle recursos a la legisladora María Eugenia Vidal para el 2019”, sostuvo. Con fuertes críticas a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, calificó de “centralista” el acuerdo.
Ricardo Arroyo, a pesar de los reparos sobre la necesidad de volver a realizar pactos federales, adelantó su voto favorable.