Con el objetivo de diagramar acciones de adaptación a la nueva normativa provincial, este martes se reunió la Comisión Interpoderes de implementación del Sistema Procesal Penal.
La reunión fue presidida por la legisladora Tania Lastra (Juntos Somos Río Negro) y contó con la participación del especialista Gonzalo Arrúa, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Además, se hicieron presentes referentes de los tres poderes gubernamentales y de colegios de abogados.
Por el Poder Judicial estuvieron la presidente del Superior Tribunal, Adriana Zaratiegui; la procuradora general Silvia Baquero Lazcano; y el juez de la Cámara Segunda del Crimen de San Carlos de Bariloche, Gregor Joos.
También hicieron su aporte Héctor Leguizamón Podal, en su carácter de presidente del Colegio de Magistrados de la provincia; Leonardo Triventi, en representación Colegio Público de Abogados de la Cuarta Circunscripción con sede en San Carlos de Bariloche; Adrián Dvorzak, del Colegio de Abogados de Viedma; y el representante del Colegio de Abogados de Cipolletti, Diego Vázquez.
Por el Ejecutivo se hizo presente el jefe de Policía, Fabián Gatti, mientras que en representación del Parlamento estuvieron los legisladores Alejandro Marinao (FPV) y Alejandro Betelú (Alianza Concertación para el Desarrollo).
Luego de casi tres horas de intenso debate, donde los participantes brindaron sus puntos de vista, Gonzalo Rúa destacó la puesta en marcha de un proceso que concluirá con un paquete de normas que regirán la justicia rionegrina.
“Ahora es el momento de discutir cómo se tiene que organizar un ministerio público fiscal, cómo debe ser la organización de los jueces en colegios”, comentó el especialista del INECIP, organismo que colabora con la Legislatura rionegrina en esta temática.
Rúa agregó que la discusión giró sobre “ejes centrales” y especificó que “hoy la ciudadania necesita un ministerio público fiscal que tenga las herramientas para poder realizar investigaciones complejas, precisa una justicia que esté abierta a la comunidad para resolver toda una audiencia, y para eso requerimos una nueva organización de los poderes judiciales”.
Al hacer referencia a la continuidad de las acciones, Rúa sostuvo que el paso siguiente “será observar una provincia cercana, que esté implementando la reforma, para ver todas las inquietudes que tenemos y disiparla a través de entrevistas”, sugiriendo como una posible jurisdicción la vecina Neuquén.
Según el especialista, el proyecto estará concluido a final del año. “La idea es que nos demande lo que resta del año, vamos a elaborar las normas y tenerlas antes de final de año para debatirlas en la legislatura”, expresó.
De todas maneras, el proceso continuará más allá de ese plazo. “Después, nos quedará un año para organizar las nuevas estructuras y trabajar en la capacitación de los operadores del sistema”, informó.