La legisladora Susana Diéguez presentó un proyecto para que Río Negro adhiera a la ley nacional que creó el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo.
Esta ley formuló un nuevo sistema de resolución de conflictos en la materia, de fácil accesibilidad, rapidez, especificidad e idoneidad de conciliadores y auditores, y crea además el Fuero de Judicial de Consumo.
Según fundamenta la impulsora del proyecto, antes de la sanción de la norma, los ciudadanos debían efectuar sus reclamos ante el organismo de Defensa al Consumidor correspondiente a su jurisdicción, para obtener un resarcimiento, y posteriormente recurrir a la instancia judicial para los casos que no se hubieran resuelto por el mecanismo preliminar, todo ello en el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
En muchos casos el proveedor del producto defectuoso o prestador del servicio cuestionado no asistía a la primera instancia, especulando derivar el reclamo a la justicia comercial, produciendo el aumento de volumen de casos a resolver con la consecuente demora en el proceso.
La mayoría de los reclamos que efectúan los usuarios y consumidores están referidos a los servicios de telefonía, a servicios financieros y a las prestaciones de empresas de medicina prepaga. También quedaban sin resolver reclamos sobre provisión de bienes defectuosos o que no cumplían con las especificaciones publicitadas.
“La ley de Defensa del Consumidor brindaba un esquema lento y oneroso para los usuarios y consumidores que veían vulnerados sus derechos”, plantea Diéguez.
El esquema aprobado por el Congreso consta de dos instancias conciliatorias obligatorias y, posteriormente, en caso de no arribar a un acuerdo, una instancia judicial específica. El sistema establece qué tipos de casos se podrán iniciar a través del mismo, según la cuantía del monto reclamado. El proceso se regirá por los principios de celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor o usuario, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
La iniciativa de Diéguez propone crear un “Registro Provincial de Conciliadores del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia.
Sería autoridad administrativa de aplicación la Dirección de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia, donde funcionará el Servicio de Conciliación Previa en la Relaciones de Consumo.