“Ningún organismo, sociedad o ente de los que conforman el sector público provincial definido en el artículo 2º de la Ley H Nº 3186 podrán colocar, implementar o instalar sistemas de filmación para vigilar y controlar la actividad de los empleados públicos que cumplan funciones bajo su órbita”, busca un proyecto de Ley presentado por los legisladores Pedro Pesatti y Tania Lastra.
En el argumento de la iniciativa legislativa se expresa que : “La utilización de cámaras para el control laboral y las consecuencias que ello trae aparejado en la salud mental de trabajador ha sido motivo de importantes polémicas. La implementación de un sistema de vigilancia de su labor, `extremada e infinitamente mas intenso que el que puede ejercer el empleador o su representante´, que registra y almacena hasta los mas mínimos detalles y sonidos durante la jornada laboral, tiene la potencialidad necesaria para provocar daños psíquicos en el vigilado.
Además agrega: “La tensión o presión que sufre le genera (o puede generar) stress, cuyo exceso deriva en diversas patologías físicas y mentales, como lo reconoce toda la literatura médica”.
“La cuestión también se relaciona con lo que alguna doctrina llama derechos laborales “inespecíficos”, o sea aquéllos derechos que la Constitución Nacional y los tratados internacionales reconocen a cualquier persona y, por tal motivo, alcanzan también a los trabajadores”.
Esta prohibición tiene estricto sentido en cuanto al control laboral, por lo que el articulado del proyecto establece que quedan exceptuados aquellos sistemas de filmación instalados con fines exclusivos de prevención y seguridad en zonas de ingreso y egreso a los establecimientos.