La legisladora Magdalena Odarda (ARI) presentó un proyecto de ley para que se prorrogue, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre del 2014, la vigencia de la ley provincial referida a cortes de servicios públicos a usuarios en situación de desempleo o condición socioeconómica que impide su cumplimiento.
Odarda señaló que la normativa permite que “usuarios sin empleo o en condiciones socioeconómicas desfavorables que no pueden cumplir con sus obligaciones en término, como es el pago de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, tengan acceso a la reconexión. También que puedan suscribir planes de pago por deudas en mora a cuyos costos no se les aplique el monto a cobrar por reconexión a cargo de la empresa que presta el servicio”.
Indicó que en la actualidad los índices de desocupación son preocupantes y muchas familias se encuentran en situación de riesgo social, razón por la cual es preciso que esta ley siga manteniendo su operatividad para que en muchos hogares rionegrinos puedan afrontar los efectos de la crisis.
Explicó que diversas normas se han venido sancionando desde el 2002 para atenuar los efectos de la crisis económica y social de Río Negro, de manera de mitigar sus efectos y de esta manera dar respuesta a los distintos reclamos sociales.
Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente
Asimismo, ingresó al Parlamento otra iniciativa de la legisladora Magdalena Odarda (ARI) para que se prorroguen a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre del 2014, todos los plazos procesales establecidos por la ley del Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente.
Odarda señaló que la ley provincial sancionada el 21 de diciembre del año 2006, crea un Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente bajo crédito hipotecario para su compra, construcción, refacción o ampliación. Explicó que “si bien no constituye una solución de fondo, la intención fue crear un instrumento que proteja la vivienda ante ejecuciones judiciales inminentes”.
“Resulta oportuno que desde Nación o de la Provincia, se articulen políticas que incluyan a los deudores en un plan de financiamiento que les permita mantener su vivienda mediante el pago de cuotas razonables y no confiscatorias. Río Negro ha sancionado leyes de protección en relación a este tema, que inexorablemente deben ser respetadas por las entidades financieras que operan en toda nuestra geografía provincial”, argumentó la parlamentaria.