Los legisladores Alejandro Marinao y Ariel Rivero (FpV) presentaron una iniciativa para regular el ejercicio profesional de la kinesiología, “para garantizar un sistema socio-sanitario adecuado a las exigencias de los ciudadanos”.
Según los autores, en Río Negro esta actividad actualmente está normada por una ley que fue sancionada en 1969, durante el gobierno de facto, y se encuentra desactualizada.
En este marco, señalan que “la tecnología ha permitido el desarrollo de nueva aparatología y de técnicas manuales modernas de uso habitual, así como la participación de los profesionales en aspectos de tratamiento en los cuales no tenían injerencia práctica, como terapia intensiva, rehabilitación cardiológica, reeducación postural global, medicina osteopática, quiropraxia, acupuntura y otras, que llevan implícita una capacitación de nivel para su aplicación”.
El articulado define las competencias de los profesionales de la kinesiología y establece que no podrán actuar por sí mismos sino mediante instrucción, derivación o indicación del médico u odontólogo, con excepción de las atenciones referidas a la kinefilaxia.
A su vez, se incorpora la posibilidad de prescribir fármacos de uso tópico y elementos ortésicos, y la obligación de informar al paciente sobre los métodos o planes terapéuticos a emplear.
Se propone además la figura de “Acreditación de Competencia Profesional” y la creación de una comisión integrada por dos miembros del Ministerio de Salud y dos miembros del Colegio de Kinesiólogos, que estudie y otorgue la condición de acreditación especializada en las disciplinas que disponga, con programas de educación calificada.
Los legisladores explican que la acreditación en salud es un proceso voluntario y periódico de evaluación y revisión de los procesos y resultados, que garantizan y mejoran la calidad de la atención del paciente, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocidos por las personas evaluadas.