Con esta iniciativa el Poder Ejecutivo busca dar respuesta “a una problemática delictiva creciente en los últimos tiempos en el territorio provincial.”
La legisladora Marcela Ávila (JSRN) expresó que “el robo de cables, transformadores de potencia eléctrica, medidores de agua, y la vandalización en cementerios, han tenido un crecimiento vertiginoso y alarmante”, que ocurren en la búsqueda de metales como el cobre o el bronce, muy preciados en el mercado ilegal luego de la pandemia.
Afirmó que la zona más afectada en la Provincia por este delito es el Alto Valle. En los primeros seis meses de 2023, la empresa prestadora del servicio público de electricidad en esa región estimó una sustracción de alrededor de 10 mil metros de cable de baja tensión y alrededor de 5 mil de media tensión, y la destrucción de unos 130 transformadores de potencia.
Ávila manifestó que esta situación genera que los usuarios se vean impedidos de servicios básicos como la electricidad, el agua o las comunicaciones, pérdidas millonarias para las empresas prestatarias, y también de muchas vidas humanas, por desconocimiento o por no contar con las medidas de seguridad necesarias para intervenir en estas estructuras eléctricas.
Explicó que ante esta situación, la brigada de investigaciones de Villa Regina se puso en contacto con el gobierno provincial con el propósito de pedir una ley de estas características y contar con una herramienta administrativa para desarticular este fenómeno delictivo.
La regulación que emprende esta ley incluye el acopio, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, compraventa ambulante, desarmaderos, chatarrerías, depósitos, recuperadoras adquisiciones a título gratuito u oneroso, compraventa y transporte.
El Ministerio de Seguridad y Justicia será la autoridad de aplicación y el ámbito en el cual se creará el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos.
Gas natural para la línea Sur
El Parlamento sancionó también dos leyes que buscan llevar adelante la transición de gas propano a gas natural en la línea sur de la Provincia, al haberse finalizado el Gasoducto Región Sur.
Por un lado, se avaló otorgar en comodato a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Limitada (Coopetel), las instalaciones donde opera la planta de Gas Licuado de Petróleo en los Menucos, para establecer y explotar un centro de acopio y distribución de gas propano a granel.
Por el otro, se ratificaron los acuerdos suscritos entre la Provincia, Coopetel y Camuzzi Gas del Sur S.A., para establecer los derechos y obligaciones de las partes en torno a las labores de conversión del servicio de distribución de gas propano a gas natural en las localidades de Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao.
La legisladora Soraya Yauhar (JSRN) expresó que al culminarse la “obra más emblemática de los últimos años para la Provincia”, comenzó el momento de reconversión de gas propano al gas natural. Para ello, la Provincia y las empresas se comprometieron a realizar el proceso de traspaso.
Explicó que hasta este momento la región era provista de gas propano vaporizado por parte de la Cooperativa de Servicios Coopetel, y que a partir de ahora será Camuzzi la responsable del servicio, debido a que es la licenciataria del servicio público de distribución de gas en Río Negro, otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, como todavía quedan lugares donde no llega el gas natural, Coopetel continuará con la distribución de gas a granel, de garrafas y tubos, en la planta que está emplazada en Los Menucos. Para ello se le entrega un comodato por 10 años, prorrogable por un plazo similar.