El legislador Alejandro Betelú (ACD) presentó una iniciativa para regular el ejercicio de la profesión de operador en psicología social, operador psicosocial o título equivalente de igual grado, y que se encuentre reconocido por el Consejo provincial de Educación de Río Negro.
La Psicología Social en Argentina llegó de la mano de Enrique Pichón Rivière que desde la década del cuarenta comenzó a delinear una práctica psiquiátrica y psicoanalítica dinámica, distanciada de lo tradicional. La operación psicosocial interviene en un entramado de múltiples redes vinculares, en la que interactúan los sujetos dentro de sus prácticas cotidianas conjuntas, ya sea en grupos, asociaciones, y comunidades.
Betelú detalló que la profesión lleva 55 años de trayectoria y continúa creciendo y desarrollándose, por lo que “los profesionales requieren a esta altura del desarrollo de su disciplina un encuadramiento por parte del Estado”.
Explicó que “resulta necesario regular las incumbencias de los psicólogos sociales con la finalidad de atender a todas las problemáticas con recursos humanos adecuadamente formados y capacitados así como para jerarquizar esta disciplina que cuenta con experiencia de larga data”.
De aprobarse la ley, los profesionales podrán matricularse en el Ministerio de Salud de la Provincia, quién ejercerá el gobierno de la matrícula en conjunto con la Asociación Civil de Psicólogos Sociales de Río Negro.
Con la matrícula, los especialistas podrán certificar las prestaciones de servicios que efectúen, así como también los informes y conclusiones de diagnósticos psico-sociales que realicen en el campo de su intervención, y solicitar la participación o asesoramiento de otros profesionales cuando la naturaleza del problema así lo requiera.
De esta manera, estarán habilitados para el ejercicio libre o en relación de dependencia de la profesión del operador en Psicología Social, previa inscripción en la matrícula, quienes sean titulares de diplomas otorgados por escuelas y/o institutos dependientes de establecimientos educacionales de la Nación, de las provincias, de municipalidades o privadas, reconocidas por autoridad competente, cuyos planes de estudio hayan tenido un mínimo de tres años de duración.