El legislador Alejandro Betelú (ACD) presentó un proyecto de ley para crear la Comisión Especial de Control y Evaluación para el seguimiento del proceso de reactivación del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu para enriquecimiento de uranio.
El Cuerpo estaría conformado por cinco legisladores, uno por cada bloque, un representante del Departamento Provincial de Aguas, uno de la Secretaria de Medio Ambiente, uno del Consejo Asesor Indígena y uno que deberá designar el municipio de Pilcaniyeu.
Tendrá por objeto el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta todas las variables ambientales que la actividad genera y resguardando los aspectos y protección jurídicos que en esa materia han logrado pleno reconocimiento constitucional.
Betelú interpreta y argumenta en su iniciativa que las constituciones Nacional y provinciales “consagran el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y equilibrado y a tales efectos les asignan a las autoridades de ambos niveles de gobierno la realización de una serie de acciones encaminadas al logro del desarrollo sustentable”.
Hace especial hincapié en la necesidad de “tener en cuenta la irreversibilidad, la mayoría de las veces, de las consecuencias dañosas para el ambiente que resultan de las actividades humanas. Toda la atención debe estar puesta precisamente en la prevención de esos efectos no queridos de las acciones que hacen al desarrollo”.
El legislador de la Alianza recuerda que la política sobre el dominio de los recursos naturales provinciales está “correctamente expresada en el artículo 70 de nuestra Constitución” donde taxativamente se prevé que “la Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas”.