Debaten la inclusión de un representante de Seguridad en la junta de administración del Ipross

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La comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro debatió el proyecto para modificar la actual composición de la Junta de Administración del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IProSS) con la incorporación de la participación de la fuerza de seguridad provincial como un representante más del sector gubernamental.


La comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro debatió el proyecto para modificar la actual composición de la Junta de Administración del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IProSS) con la incorporación de la participación de la fuerza de seguridad provincial como un representante más del sector gubernamental.

La iniciativa prevé la incorporación de un policía en actividad en representación de los casi 12 mil efectivos que existen en la provincia, entre activos y retirados. En el debate intervinieron el secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia, Marcelo Esteves, y el comisario Claudio Espinosa, quienes se manifestaron a favor de que el representante en la Junta sea un policía en actividad. Los legisladores Raúl Martínez y Marcelo Mango, del bloque FpV, expusieron sus fundamentos para que el representante sea un agente retirado. Cuestionaron la falta de independencia que tendrían los representantes al estar expuestos a las presiones de la cúpula policial. El proyecto obtuvo despacho favorable, aunque el FpV se tomó las 48 horas para decidir su voto. Por el oficialismo, Facundo López defendió la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, la comisión presidida por Marta Milesi aprobó el dictamen de un proyecto que reforma la ley de asistencia integral de personas celíacas en Río Negro. La iniciativa establece que determinadas instituciones y establecimientos deben ofrecer al menos una opción de
alimentos o un menú libre de gluten (sin TACC) que cumpla con las condiciones de manufactura y
los requerimientos nutricionales por porción.

Las instituciones y establecimientos previstos son los lugares destinados a personas en situación
de privación de la libertad, establecimientos sanitarios con internación pertenecientes al sector público, privado y de la seguridad social, los lugares de residencia y/o convivencia
temporal o permanente que ofrezcan alimentos, los comedores y kioscos de instituciones de enseñanza, las empresas detransporte aéreo, terrestre y acuático que ofrezcan servicio de
alimentos a bordo, los restaurantes y bares, los kioscos y concesionarios de alimentos de las terminales y los paradores de transporte y los locales de comida rápida y otros que determine el Ministerio de Salud.

La iniciativa resulta de la unificación de tres propuestas parlamentarias impulsadas por Marcelo Mango, Carina Pita, Luis Albrieu, Daniela Agostino y Jorge Ocampos.

El proyecto propone adherir a la ley nacional 26.588 y, en lo que respecte a la provincia, a su modificatoria, la ley nacional 27.196, que declara de interés nacional la atención médica,
la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.

Por otro lado, la comisión aprobó el dictamen del proyecto para incorporar un agrupamiento específico en reconocimiento a los trabajadores informáticos en el Estatuto y Escalafón del Personal de la Administración Pública provincial. La secretaria de la Función Pública, Natalia García, explicó los alcances de la propuesta. Por UPCN, Ariel Bowen destacó los beneficios que implica la propuesta para los trabajadores que formarían parte del nuevo agrupamiento.

En otro orden, el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica, presentó los ejes del proyecto que busca modificar la ley K Nº 3.803, sobre la actuación y competencia de la Secretaría de Estado de Trabajo. Esta iniciativa, que recibió dictamen favorable, ingresó con acuerdo a ministros y será tratada en única vuelta.

En sus considerandos, el proyecto señala que imperiosa la necesidad de “actualizar el diseño del organismo creado por la ley K Nº 3.803, readecuando facultades en sintonía con la normativa actual, integrada con los acuerdos celebrados con el gobierno nacional, en función de la compleja y cambiante realidad por la que atraviesan las relaciones laborales, coordinando acciones y programas con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, reivindicando el ejercicio del poder de policía laboral, atribución exclusiva del Estado Provincial”.

Pica destacó que la actual ley “ya tiene 14 años y es necesario una revisión para agioarnarla a los tiempos actuales”.

También fue favorable el despacho de la iniciativa para implementar un sistema de dispositivos duales de protección a la vida y la integridad psicofísica de las mujeres en situación de violencias.

Se trata de un Sistema Dual Georreferencial de Monitoreo, Supervisión, Rastreo y Alerta, que consiste en dispositivos electrónicos portátiles que cumplen funciones de verificación de presencia y localización dual, los que llevarán en forma permanente la mujer en situación de violencia y su potencial agresor, emitiendo señales permanentes georreferenciales y alertas en caso de violación de la distancia restrictiva estipulada por el Juez.

Además, la comisión aprobó el dictamen del proyecto que propone adherir a la ley nacional de muerte súbita que establece un sistema de prevención integral.

Obtuvo dictamen favorable también la iniciativa para establecer que sea cada dos años la elección de los miembros titulares y suplentes que componen el Consejo Asesor Mutual.

Además, se aprobó el dictamen de la iniciativa impulsada por el legislador Alfredo Martín (JSRN) para expropiar una parcela de la localidad de El Bolsón, actualmente ocupada por el asentamiento conocido como “60 Viviendas del barrio San José”, cuyos vecinos aún no pueden acceder a servicios básicos -salvo energía y agua- por no contar con títulos de propiedad.

Finalmente, el legislador Leandro Tozzi (JSRN) presentó un proyecto para crear el Registro Público Provincial de Asociaciones Civiles sin fines de lucro en el ámbito de la Inspección General de Personas Jurídicas. Entre otros beneficios aparece como fundamental que la ley eximirá a las asociaciones civiles del pago del pago de tasas y sellados para formalizar su constitución.