Ingresó al Parlamento rionegrino un proyecto de ley que propone establecer normas complementarias de protección ambiental y contenidos mínimos a los que deberá ajustarse la gestión de los residuos domiciliarios en Río Negro.
Los autores de la iniciativa, Bautista Bendioroz y Alejandro Betelú (ACD), sotienen que “la implementación de una gestión integral y sustentable de los residuos, con pautas establecidas desde la etapa de generación hasta la disposición final, procurando redistribuir responsabilidades, disminuir volúmenes e instaurar prácticas que prevengan y minimicen el impacto sobre el ambiente y salud de las personas es, en la actualidad, una de las principales problemáticas ambientales que debemos afrontar y resolver”.
La propuesta busca reducir progresivamente la generación de residuos domiciliarios y la disposición final de los mismos; impulsar la valorización de los residuos domiciliarios; minimizar los impactos negativos que los residuos no aprovechados o no aprovechables pudieran producir sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
Contempla garantizar asistencia técnica, financiera y legal a los Municipios, a las Comisiones de Fomento, cooperativas, y pequeñas y medianas empresas intervinientes en alguna de las etapas de la gestión de los residuos domiciliarios.
Entre sus objetivos, también prevé promover nuevos hábitos de producción y consumo tendientes a minimizar la producción de residuos y acondicionarlos para ulteriores procesos de valorización; alentar el consumo de productos biodegradables, reutilizados u obtenidos a través de procesos de reciclaje; y establecer campañas regulares de educación ambiental y divulgación a fin de sensibilizar a la población respecto de los beneficios de la gestión adecuada de los residuos domiciliarios, garantizando una amplia y efectiva participación social.
Además, impulsa la incorporación de tecnologías que permitan un mejor tratamiento de los residuos aprovechables y no aprovechables así como procesos ambientalmente aptos y adecuados a la realidad local y regional.
El extenso articulado del proyecto (contiene 59 artículos) regula la disposición inicial de los residuos domiciliarios, su recolección y transporte, transferencia, tratamiento y disposición final.
Por ejemplo, en cuanto al criterio para su disposición inicial, plantea la preparación básica de los residuos para su posterior recolección diferenciada. En un plazo de 18 meses, prohíbe la disposición inicial general, es decir, sin ningún tipo de separación y clasificación por parte de los generadores.
La iniciativa también contempla la creación de un “Fondo Provincial para la Gestión de Residuos Domiciliarios”, destinado a financiar obras de infraestructura y equipamiento, la realización de estudios ambientales y relevamientos, y programas de educación y difusión.
El proyecto prevé suspensión de actividades, de concesiones, clausuras y sanciones de hasta 10 mil unidades de multa para quienes no cumplan con la norma. Las unidades equivalen a sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional.