El proyecto es autoría del Poder Ejecutivo -con acuerdo de ministros- y fue detallado en el recinto por la legisladora Marcela Ávila (JSRN), quien hizo hincapié en la importancia de ese instituto en el contexto sanitario provincial.
Mencionó que tiene algo más de 170.000 afiliados y un principio rector solidario, con un modelo financiero contributivo. Explicó que “se sostiene por el ingreso que genera el aporte del 4% de los salarios de los empleados estatales y las contribuciones del Estado (7%). Con ello está obligado a brindar cobertura de salud al trabajador y su grupo familiar primario”.
“Este proyecto apunta a que haya un mínimo de aportes que posibilite brindar una correcta prestación. Para ello es fundamental saber con qué ingresos se va a contar”, afirmó Ávila, quien conducirá los destinos del IPROSS desde la semana próxima.
En ese sentido dio a conocer que hasta ahora la ley establecía una base de $ 40 por parte de los trabajadores y $ 60 del empleador, es decir $ 100 por mes.
“A partir de ahora se va a asegurar un aporte del 4% de los trabajadores y 7% del Estado, tomando como tomando base el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Es decir que cada empleado aportará, actualmente, una suma mínima de $ 6.240”, detalló.
La legisladora subrayó que el inconveniente se origina cuando se otorgan sumas salariales no remunerativas. Si bien aclaró que muchas veces “es la única herramienta para mejorar el poder adquisitivo”, puso como ejemplo que la obra social en enero de este año recaudó alrededor de dos mil millones de pesos y en setiembre tres mil, es decir sólo un 50% más, mientras que los aumentos salariales fueron mayores.
Finalmente aseguró que dialogó con los cuatro vocales gremiales que tiene el IPROSS, los que coincidieron -dijo- en buscar una solución para encontrar el equilibrio, pese a que sea una salida antipática.
Progresividad
El legislador Ramón Chiocconi (Unidad Ciudadana) entendió que “la salud es un problema cotidiano que no se puede demorar. Por algún lado hay que empezar, aunque no sea lo mejor por lo ingresos”.
También opinó que “hay que ser muy eficientes a partir de ahora y ordenar los gastos”.
Su compañero de bancada, Daniel Belloso, dijo que “tenemos que animarnos a abordar el tema, aunque sea antipático”.
Recalcó el acompañamiento a la iniciativa, aunque solicitó progresividad en la aplicación y participación de los sindicatos.
Cuerpo de delegados
Pablo Barreno (Frente de Todos) consideró que la medida “no es ingeniosa y tiene la lógica del oficialismo sobre que el problema y el costo deben pagarlo los trabajadores”.
“Nosotros advertimos que ésto iba a terminar mal. Por eso siete veces solicitamos la apertura de la Comisión de Seguimiento y enviamos varios pedidos de informes”, añadió.
Finalmente propuso la creación de un cuerpo de delegados para fiscalizar a la obra social.
“No es oportuno”
El legislador del Frente Grande, Marcelo Mango, valoró el debate propuesto “por ser uno de los temas con más reclamos y demandas de la sociedad”, aunque sospechó que “en el diagnóstico de la situación hay cosas que no se dicen” y que “hay problemas de gestión y administración”.
Terminó señalando que “es importante el respeto a los gremios. No termino de entender el apuro y la cerrazón de analizar otras alternativas. no es oportuno en un año de crisis”.
López: “Estoy seguro que si Weretilneck tiene que hacerlo gradual, lo hará”
Por último, Facundo López (JSRN) coincidió con gran parte de las expresiones anteriores, aunque subrayó que “me parece injusto que se utilice una mirada parcial”. Aseguró que la situación del IPROSS es la misma que la de todas las obras sociales del país y que influye en ello el contexto nacional.
El presidente de su bloque puso como ejemplo de aportes a la obra social rionegrina que los poderes Legislativo y Judicial los hacen en un 100%, pero que no sucede lo mismo con el resto de los salarios estatales.
“Los gremios que reclaman no dicen nada respecto de que sus representados aportan menos a la obra social y ellos (los sindicatos) reciben de sus afiliados hasta cuatro veces lo que le aportan al IPROSS”, sentenció.
Finalmente confió en que Ávila “hará un ordenamiento y control del gasto”, al tiempo que agradeció la gestión de Alejandro Marenco “con todo lo que implicó (especialmente en pandemia)”.
Cerró diciendo que “estoy seguro que con esta ley no vamos a dejar a nadie sin comer” y “si el gobernador Alberto Wretilneck tiene que tomar la determinación de hacerlo gradual, lo va a hacer, porque tiene sensibilidad social”.
Otros proyectos
Esta composición legislativa se despidió con la aprobación de una serie de proyectos, como uno relacionado con la prevención y concientización ante el consumo de bebidas alcohólicas, la aplicación de la Ley Micaela en la provincia, un régimen de evaluación para reconocimientos y distinciones y el control de venta de antibióticos (antimicrobianos), entre otros.