La comisión investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, presidida por César Miguel (FPV), se reunió ayer y se expidió sobre seis expedientes que que vienen siendo analizados en las últimas reuniones.
Miguel explicó que en primer lugar dictaminaron sobre dos expedientes girados por la Dirección General de Tierras a la comisión para que emita opinión sobre los trámites iniciados por este organismo para otorgar los títulos de propiedad a sus ocupantes.
Afirmó que se trata de dos solicitudes iniciadas hace mucho tiempo de tierra rural para arrendamiento y concesión en venta, una en el Departamento de San Antonio y otra en el El Cuy.
En este sentido, los integrantes de la comisión consideraron que los precios de ambas adjudicaciones resultan “irrisorios y viles”, por lo cual se recomendó la aplicación del Cuerpo Interdisciplinario de Precios, que fue creado por decreto para restablecer los valores de las tierras fiscales debido a que no se condicen con el contexto económico actual. Además se recomendó la intervención de la Fiscalía de Estado.
Miguel señaló que se dictaminó además sobre cuatro casos sobre venta de tierras de la Provincia que presentan irregularidades y que la comisión propuso revertir las ventas.
Uno de ellos es el reclamo de tierras en el balneario Las Grutas. Luego del análisis del expediente administrativo de la Dirección de Tierras, la comisión llegó a la conclusión de que el contrato de cesión de derechos suscrito entre los hermanos Tarruella y el Presidente del Concejo Deliberante de SAO fue irregular y careció de legitimación suficiente para ceder derechos sobre bienes públicos. En este sentido, afirman que debió existir una ordenanza municipal que refrende la cesión y a que, a partir de esta irregularidad, se desataron los conflictos posteriores.
Asimismo, debido a que se trata del “Área Natural Protegida, Bahía San Antonio”, sugieren una nueva intervención de la Secretaría de Medio Ambiente. Por otra parte, con respecto al al hallazgo del enterratorio indígena en la zona, solicitan una participación especial de la Secretaría de Cultura.
Explican que dado que este caso se encuentra en trámite el expediente judicial “Municipalidad de SAO y Provincia de Río Negro C/Tarruella Héctor y otros”, la comisión enviará una copia de lo actuado al Juez.
Se dictaminó además sobre tres expedientes de venta irregular de tierras en la zona andina, “donde ha habido una fuerte presión inmobiliaria”, señaló Miguel.
Se trata de una denuncia por parte de los herederos de Américo Mol, respecto de la usurpación de tierras que hizo Hidden Lake en el departamento de Bariloche. Teniendo en cuenta que no existen certezas de que el ocupante cumpla con los requisitos para ser adjudicatario de la tierra, la comisión pidió que se regularice la situación, haciendo lugar al pedido de los herederos que son los antiguos pobladores de las parcelas. Solicitaron además una inspección en el lugar.
Otro de los casos remite a la situación legal de las tierras ocupadas por la comunidad Kom Kine Mu, ubicadas en el Paraje Arroyo Las Minas -Alto Chubut-, en el departamento de Ñorquinco.
El dictamen de la comisión concluye que existió un accionar irregular por parte de la Dirección de Tierras debido a que validaron un proceso de enajenación del predio inaplicando las disposiciones normativas que impiden enajenar los inmuebles antes de los cinco años de su venta. Por esto solicitan retrotraer la operación.
A su vez, cuestionaron el valor (90,6 pesos la hectárea) al que fueron vendidas las casi 15 mil hectáreas.
El cuarto caso está relacionado con una denuncia de ocupación de tierras de una familia perteneciente a la comunidad mapuche-tehuelche Eluney, en el paraje Chenqueniyen. Se trata de aproximadamente 900 hectáreas que, según el informe de la comisión, es difícil determinar la titularidad del mejor derecho entre el antiguo poblador y el actual ocupante del predio, debido a que no existe mesura realizada por ninguno de los dos.
En este sentido, consideraron que la Dirección de Tierras debería realizar un ordenamiento territorial de la zona atendiendo el reclamo, y actuar de forma coordinada con el CODECI. Además, determinar si el actual ocupante cuenta con más tierras en la zona, según afirman los denunciantes.