La Legislatura provincial aprobó hoy por mayoría, luego de un largo debate, el proyecto de ley que deja sin efecto los actos administrativos de la Dirección de Tierras que derivaron en la venta de un inmueble de 32 hectáreas ubicado en Colonia Mixta Martín Fierro, Paraje Mallín Ahogado, del Departamento Bariloche.
La iniciativa prevé también la regularización de la situación jurídica de dicha medida a fin de que la parcela sea inscripta a nombre de la municipalidad de El Bolsón con destino a planes de viviendas sociales de la localidad andina.
El legislador César Miguel (FpV), coautor del proyecto junto a sus pares Silvia Horne, Liliana Gemignani y Rubén Torres, y titular de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito provincial, argumentó que ese Cuerpo “se encuentra trabajando en la investigación de denuncias relacionadas con transferencias de tierras rurales que hayan sido realizadas bajo procedimientos administrativos presuntamente irregulares, susceptibles de ser declarados nulos y cuyas transferencias se hubieran realizado a un precio vil”.
Adujo que “entre las primeras y principales denuncias que la comisión decidió abocarse, se encuentra la investigación relacionada con el trámite del expediente administrativo de la Dirección de Tierras, Colonias y Asesoramiento Técnico”, referido a las 32 hectáreas del inmueble cuestionado.
Miguel explicó en la Cámara que “el expediente tiene una larga historia aquí en la Legislatura desde el momento de la entrega en el año 2006 cuando se creó una comisión especialmente por este tema, y en el que intervino la actual comisión en el 2012 como uno de los primeros temas que nos pusimos a investigar”.
Sobre el particular, el legislador afirmó que “la fiscalía de Estado nunca tuvo en cuenta el dictamen de la comisión que intervino en primera instancia, como tampoco en ninguno de los pasos de entrega de esta tierra”.
Miguel historió la oportuna posición de varios funcionarios y del propio Concejo Deliberante de El Bolsón “para que no se avance con esta entrega” y el requerimiento posterior a la venta del mismo cuerpo municipal, para que la tierra sea restituida “al orden provincial en primer término y luego al municipal, a través de un procedimiento de expropiación”, si bien consideró que ese paso no es necesario “dada las irregularidades que contiene aquella transferencia que hacen nulo todo el procedimiento administrativo”.
Las diferentes posturas durante el debate
Luego de su exposición se sucedieron posturas contrapuestas por parte de varios legisladores de la oposición, así como de la legisladora Ana Piccini que integra el bloque oficial, cuando sostuvo que “la ley está anulando actos del Ejecutivo, por lo que nosotros (los parlamentarios) no podemos mediante una ley dejar sin efecto disposiciones del poder administrador”.
Piccinini señaló que de esta manera “estaríamos abonando a una inseguridad jurídica con la que nadie vendría a contratar con el estado de Río Negro si sabe que una decisión del propio estado puede ser anulada por la Legislatura”.
La legisladora admitió que la tarea realizada por la Comisión de Tierras “estuvo bien, al punto que el propio fiscal de Estado, que es quien debe llevar adelante la acción de nulidad respecto a estas 32 hectáreas que se malvendieron, tiene los suficientes elementos para pedir la nulidad de esa venta y retrotraer las tierras al patrimonio provincial”.
Sobre el dictamen del fiscal, quien “solicitó que no se sancione esta ley, porque él va a iniciar las acciones que corresponden a su competencia”, se explayó en primer término el legislador Leonardo Ballester (ACD) quien en nombre de su bloque anticipó el rechazo del proyecto fundamentando la postura en las recomendaciones de la fiscalía, en disposiciones constitucionales y en el principio de la división de poderes.
Similar postura presentaron sus pares de bancada Alejandro Betelú y el presidente del bloque Bautista Mendioroz, como así también Ricardo Ledo (Unidos por Río Negro).
Por su parte, los legisladores Silvia Horne y Rubén Torres presentaron sus propios argumentos en defensa de la iniciativa que también sostuvo el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti.
Sobre el cierre del debate, el legislador César Miguel rebatió las opiniones que se opusieron al proyecto al afirmar que “la posición de la mayoría es la de recuperar estas tierras y no quedarnos solamente en la denuncia y en las notas de prensa, pero no concretamos lo fundamental que es retrotraer estas irregularidades”.
Luego enfatizó que sobre las críticas que hicieron hincapié en lo “lejítimo y lo legal, hay dos posiciones bien claras, si la Legislatura puede o no intervenir en estos casos y subsanar una falencia como ésta haciendo que las tierras vuelvan al estado”.
“La mayoría legislativa entendió que el Poder Legislativo tiene la facultad de corregir hechos irregulares cometidos en la provincia, independientemente de lo que la Justicia siga trabajando y resuelva de manera independiente” y aseguró que “es tan contundente el peso de las pruebas (que aportó la comisión que preside) respecto de las irregularidades, que en definitiva el resultado no será diferente a lo que se ha hecho hoy, esto es que las tierras vuelvan al estado”, concluyó el legislador Miguel.