El vicegobernador Carlos Peralta presidió ayer la presentación realizada por los especialistas Alberto Binder y Gonzalo Rúa sobre la reforma del Código Procesal Penal, en el marco de la reunión plenaria de las comisiones de Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
En vistas del próximo tratamiento en el ámbito legislativo, los especialistas repasaron los beneficios de un nuevo Código de Procedimientos en materia Penal para Río Negro.
Peralta agradeció la presencia de los especialistas y expresó que “con esta presentación damos por iniciado el debate por la reforma del Código Procesal Penal, ya que es en esta plenaria de las comisiones de Constitucionales y Presupuesto y Hacienda donde debía darse el primer intercambio”.
El doctor Binder destacó los problemas que debe resolver la reforma, que son” la razón política del esfuerzo y el puntapié inicial de una profunda reorganización de la justicia penal”. Entre ellos, mencionó que hay que redefinir la figura del juez, trabajar en un uso inteligente de las penas en libertad, en la integración de los tribunales con jurados y en el fortalecimiento del diálogo entre la administración de la justicia y la sociedad.
Sostuvo que “hay que oralizar mucho el procedimiento penal, en forma de audiencia y en todas las etapas del proceso”.
Agregó que “todavía no se han encontrado modos eficaces de enfrentar el problema de la criminalidad con herramientas democráticas y que la reforma del Código busca modernizar las herramientas para enfrentar ese problema”.
“Esto implica un proceso de modernización de la policía y una decisión que es el puntapié inicial para iniciar un proceso de modernización y es que los fiscales se hagan cargo de la investigación de los delitos, con un trabajo articulado entre fiscales y policías”, indicó.
Por su parte, Rúa se refirió a un modelo “moderno y en sintonía con otras provincias, que viene a permitir la oralidad pública, el poder trazar investigaciones estratégicas y generar estadísticas que puedan medir el impacto”.
“Es una política pública que ha dado enormes resultados en las provincias que se implementó y no es costoso. Mantener políticas públicas que no dan resultados es costoso, e invertir en un sistema de justicia que puede dar respuesta resulta francamente alentador”.
Explicó que “no se trata de la aprobación de un Código que al otro día va a entrar en vigencia, sino que hablamos de la planificación de un modelo que al cabo de un año, cuando se trabaja y se elabora la nueva lógica de funcionamiento, la capacitación en las nuevas variables que tienen que manejar los operadores, al entrar en vigencia, permita dar las respuestas satisfactorias que se esperan”.
Dictámenes favorables para distintos proyectos
La comisión presidida por Tania Lastra (FpV) aprobó ayer el proyecto de ley presentado por Pedro Pesatti, Susana Diéguez y Roxana Fernández (FpV) para crear el Consejo Provincial de Certificación y Acreditación de Saberes y Competencias Laborales.
El proyecto tiene como objetivo reconocer y certificar las capacidades, destrezas y competencias laborales. El certificado emitido constituiría un documento laboral de acreditación fehaciente de saberes socialmente productivos, pudiendo el Consejo realizar convenios con El Instituto Nacional de Educación Técnica para que las certificaciones concuerden con los títulos y certificaciones incorporadas al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones.
Susana Diéguez explicó que muchos oficios no tienen un reconocimiento académico ni la acreditación necesaria para poder desempeñarse si se mudan a otra ciudad, sobre todo para las personas que cuentan con el saber y no con un aval académico porque no hay instituciones que lo desarrollen.
Silvia Horne agregó que se pondrá en la órbita del consejo de educación la reglamentación para que oficios de los cuales no hay carreras formativas, sean acreditados, con la convocatoria a especialistas que lo analice.
Por su parte, Rubén Torres (FpV) compartió el espíritu de la iniciativa y aclaró que en el caso de servicios como gas y luz, no se encuentran comprendidos en la iniciativa.
El bloque Alianza para la Concertación se tomó las 48 horas para decidir su posición.
En otro orden, la comisión aprobó una iniciativa impulsada por Viviana Pereira (FpV) para modificar la ley de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia, con el fin de aumentar el número de representantes de organizaciones no gubernamentales y sumar al Poder Judicial en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Río Negro.
Pereira remarcó que el Consejo necesita el compromiso de los tres poderes del Estado, a través de todas las áreas gubernamentales involucradas en la problemática, para poder realizar una tarea en conjunto y diseñar la solución para las problemáticas que se presenten.
Explicó que la modificación apunta a lograr mayor representatividad por parte de instituciones que estén involucradas en el desarrollo y ejecución de políticas destinadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se dio despacho favorable a la adhesión a la ley nacional de “Accesibilidad de la Información en las Páginas Web” para las personas con discapacidad, propuesta por Alejandro Marinao.
Marinao argumentó que el proyecto busca un marco de igualdad para que en todas las páginas web de las instituciones del Estado puedan acceder fácil y de manera accesible las personas con discapacidad. También dispone lo mismo para los sitios de organismos que reciban subsidios del Estado.
Posteriormente, se debatió el proyecto que propone crear un fondo para la promoción de actividades culturales y recreativas, que funcionaría en la jurisdicción de la Secretaría de Cultura.
El fondo está destinado a contribuir con el fomento, financiamiento y promoción de las actividades y programas que lleva adelante la Secretaría y a contribuir con las asociaciones o instituciones que tengan por objeto principal la práctica, desarrollo y sostenimiento de la actividad cultural y recreativa.
Por otra parte, fue avalado el dictamen del proyecto que propone crear el Conservatorio de Música de la Provincia. El autor de la propuesta es Pedro Pesatti, quien sostiene que “por la formación de los niños, y por la actividad profesional de los músicos, se torna necesaria la demorada creación en la Provincia de un Conservatorio de Música, como parte de una política de estado, educativa, pública, que se desarrolle en la órbita del Ministerio de Educación Provincial, o un organismo que cumpla dichas funciones”.
En otro orden, se aprobó una iniciativa impulsada por la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales, que determina la obligatoriedad de publicitar en el Boletín Oficial y en un medio gráfico de amplia circulación en la Provincia, la realización de inspecciones programadas y los actos administrativos referidos a la venta o entrega de título traslativo de dominio o propiedad de tierras fiscales de jurisdicción provincial.
En este sentido, la legisladora Silvia Horne (FpV) expuso que el proyecto tiene por objeto avanzar hacia la transparencia de la información de adjudicaciones y escrituras. Explicó que se agregó la presencia de testigos en las inspecciones que serán con aviso en el caso de las comunidades indígenas.
Por último, se aprobó el proyecto para incorporar un representante del Poder Ejecutivo municipal de Viedma, al Consejo de Administración del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI).
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros, por lo que será tratada en única vuelta.