Presentaron en la Legislatura rionegrina un proyecto de ley que propone la creación de una comisión especial para que revise y analice todo lo actuado en la investigación de la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en Choele Choel en 2011.
La propuesta de Marcelo Mango (FPV) consiste en que este Cuerpo logre dictaminar y pronunciarse sobre las anomalías e irregularidades que pudieran existir en las actuaciones, así como las responsabilidades de los funcionarios y de los organismos actuantes.
El legislador explica que se trata de analizar la desaparición del joven de 27 años de la comunidad indígena Misión Cherenta, que viajó el 10 de octubre de 2011, desde Tartagal hasta Lamarque, para trabajar en la temporada de raleo y cosecha de manzanas. El joven fue reclutado por Agrocosecha S.R.L., que terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut S.A.
Cuenta que la noche del 5 de noviembre del mismo año, Solano fue con un grupo de trabajadores norteños a Macuba, un boliche de Choele Choel, del que fue retirado por la policía y nunca más se lo vio.
Según Mango, como en los días previos a su desaparición el salteño había reclamado a la empresa por salarios impagos y por las malas condiciones laborales de él y sus compañeros, la hipótesis señala que fue capturado por un grupo de policías vinculados a la empresa para la que trabajaba, para darle un escarmiento, y en ese contexto habría sido asesinado.
Con respecto a la causa, explica que la primera jueza fue Marisa Bosco y el fiscal, Miguel Ángel Flores, quienes fueron apartados de la investigación a principios de 2012, acusados de no haber hecho lo suficiente para dar con el paradero de Solano.
Señala que la causa cayó entonces en el juez civil Víctor Darío Soto, desde ese momento dedicado exclusivamente al caso, y en el fiscal Guillermo Bodrato. A partir de indicios que aparecieron de la participación policial, el 19 de julio de 2012 el juez ordenó la detención de siete uniformados. Los policías fueron acusados de ser los autores materiales del crimen y estuvieron detenidos tres años y luego liberados bajo fianza.
El legislador indica que durante el desarrollo de la causa declararon 400 testigos, 22 policías fueron imputados y a partir de diferentes denuncias de abusos policiales, se desprendieron 25 causas conexas. También intervino la Policía Federal por una denuncia de trata de personas con fines de explotación laboral, y con la participación de miembros de Gendarmería Nacional se hicieron pericias que permitieron constatar construcciones sospechosas en la unidad policial de Choele Choel.
Señala además que después de la intervención del juez Soto, la causa pasó a manos de la jueza Natalia Costanzo y, tras su alejamiento, al juez Julio Martínez Vivot. A principios de agosto de 2015, se clausuró la etapa de instrucción y el juez elevó la causa a juicio, pero el fiscal Guillermo Bodrato planteó la incompetencia calificando el caso como un delito de desaparición forzada de persona.
En este sentido, el juez Martínez Vivot elevó la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se determine la competencia del caso.
Mango resalta que “a casi cinco años de la desaparición del joven salteño, la causa está paralizada porque aún no se definió qué fuero tiene la competencia para llevar a cabo el juicio y el trámite ante la Corte Suprema de Justicia llevará aproximadamente un año más.”
A su vez, da cuenta de que “el estancamiento de la causa judicial para avanzar en la determinación de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, nos marca la urgente necesidad de intervención política. Entendemos que éste no es un caso más, ya que hay fuertes sospechas e indicios de la participación de miembros de la policía provincial y por lo tanto se debe esclarecer para que se haga justicia y se reestructure la Fuerza”.
El legislador marca que “un ejemplo de que la impunidad en la desaparición de Daniel Solano puede contribuir a que se sucedan hechos similares en la provincia, es que uno de los policías imputados por el reciente asesinato de Lucas Muñoz en Bariloche, el oficial Luis Irusta, estuvo vinculado en el caso Solano.”