Luego de un extenso debate, la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo giró a Labor Parlamentaria el decreto ley para declarar la Emergencia de la Obra Pública en Río Negro por un año y autorizar al Poder Ejecutivo a aplicar en forma retroactiva el régimen vigente de redeterminación de precios en los contratos de Obras Públicas.
Por el oficialismo, Leandro Tozzi fundamentó el decreto: “Se está tratando de subsanar un problema que viene acumulándose desde hace tiempo en la tramitación de la obra pública y que ha derivado en serios inconvenientes a la hora de ejecutarla”.
Habló de un proceso de incremento paulatino de los precios de la mano de obra y materiales en todas las obras que se fue extendiendo hasta llegar a “situaciones de parálisis muy importantes o de quiebre de las empresas”.
Desde distintos bloques se requirió más información sobre el decreto y se solicitó su urgente tratamiento en Labor Parlamentaria y la participación de ministros del Ejecutivo para brindar detalles técnicos.
La titular de la comisión, Silvia Horne, explicó que, como presidente de una comisión en la cual estaba el expediente, pidió los datos sobre las empresas, las fechas de inicio y finalización de las obras, para saber desde cuándo están paradas, de qué modo se estableció una fórmula nueva y por qué se diferencia del mecanismo anterior. “Necesitábamos elementos cuantitativos de análisis, necesitábamos datos ciertos”, explicó.
Ante las dudas planteadas por la oposición, Tozzi señaló que “jamás se ha visto un sistema de redeterminación de precios tan transparente como éste” y explicó que los datos requeridos son públicos ya que son parte del texto del decreto 1.313, que está vigente, y lo que se está tratando es la aplicación retroactiva de ese decreto.
El secretario general de la seccional Viedma de la UOCRA, Damián Miller, intervino en el debate para manifestar su apoyo al decreto presentado por el Ejecutivo, pidió “agilidad” en su implementación. Aseguró que la información requerida por los legisladores “es oficial”, por lo cual tendrían que conocerla. “Necesitamos una inyección de dinero para que se reactiven las obras que están paralizadas”, remarcó.
Al término de la reunión, Horne pidió que la Legislatura sesione para que el decreto “se gestione de acuerdo a lo que dice la Constitución provincial y el artículo reglamentario que dice que cuando hay un decreto ley del Poder Ejecutivo, debe ser tratado en 24 ó 48 horas por Labor Parlamentaria y debe convocarse al cuerpo en 7 días para que decida rechazar o aceptarlo”.
“Que hay que redeterminar precios, no está en duda, el problema es cuando esa redeterminación es retroactiva a mucho tiempo”, señaló. Consideró que al tratarse de una medida excepcional la que se quiere implementar, tiene que ser refrendada por la Legislatura.
Otros proyectos
Por otra parte, Horne destacó la aprobación de una comisión que analizará la posibilidad de recuperar el puerto de la Provincia y de otra para estudiar la posibilidad de la creación de un banco provincial.
También agradeció la participación de Sergio Arnal y Guillermo Rica, del Consejo de Informática de la Provincia, en el debate de un proyecto impulsado por el legislador Roberto Vargas para crear un centro de digitalización de políticas públicas. Los técnicos coincidieron en la necesidad de seguir trabajando el proyecto para convertirlo en algo más ambicioso y que no se superponga con instrumentos que ya existen en el Poder Ejecutivo.