Los legisladores del Bloque Alianza Concertación para el Desarrollo promueven crear una Oficina de Justicia Ambiental que funcionaría bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia.
La iniciativa de ley procura que ese organismo sirva para la promoción de recursos y la realización de proyectos y prácticas destinadas a la protección del ambiente, vinculados a la función del ámbito jurisdiccional y del Ministerio Público.
Otras de sus funciones serán las de “realizar el seguimiento de las acciones derivadas de las normas de derecho ambiental, determinando la coherencia de los criterios aplicados por los órganos del Poder Judicial; articular relaciones con universidades provinciales, nacionales e internacionales”, así como con entidades que involucren la cuestión ambiental”, expresan los legisladores del bloque ACD.
A tal efecto, esa unidad deberá coordinar y gestionar programas de capacitación especifica en la materia con los poderes del Estado, universidades, organismos y entidades ambientales vinculados con la justicia ambiental y la seguridad jurídica; generar conciencia social e impacto gubernamental; y difundir las decisiones e iniciativas vinculadas con la Justicia Ambiental a nivel provincial, nacional e internacional, entre otras actividades descriptas en el articulado.
Apuntan los autores que, con tales propósitos, a principios del mes de febrero del corriente año los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmaron una acordada para crear en su seno una Oficina Judicial Ambiental.
Destacaron que “el Poder Judicial ha adquirido un rol preponderante en las cuestiones ambientales y de política ambiental, lo que viene dado por el aumento de decisiones que ponen fin a cuestiones complejas sobre la materia donde confluyen muchos intereses en pugna y tensión constante” como “la antagónica lucha entre el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental y protección de los recursos naturales no renovables”.
Afirman que ello “genera una influencia que se prolonga en el tiempo, promueve una mejora de la justicia social y un claro impulso al derecho ambiental, lo que resulta especialmente importante en países en desarrollo como el nuestro”.