Las legisladoras Silvia Paz y Beatriz Contreras presentaron un proyecto de ley para modificar la ley de procedimientos administrativos.
Entre las modificaciones propuestas, los Municipios con Carta Orgánica Municipal que adhieran a la iniciativa, podrán ejercer bajo su competencia las funciones de vigilancia, control y juzgamiento a las infracciones de las leyes nacionales, provinciales de defensa del consumidor y demás ordenanzas y normas reglamentarias que se dicten.
Asimismo, podrán crear bajo su órbita un Fondo Especial de Funcionamiento para desempeñar las facultades de vigilancia, control y juzgamiento a las infracciones.
En los fundamentos, las legisladoras explican que “concentrar estas funciones a nivel municipal en un mismo organismo, tal como se ha desarrollado en otras provincias permite ejercer un mayor control sobre el cumplimiento que hace a la naturaleza misma de la ley y que le asigna como tal una función ejemplificante y preventiva”.
Señalan además que cuando los vecinos de cada lugar pueden acudir y acercar sus reclamos, el Municipio cumple un rol muy importante en lo que tiene que ver con la instancia de recepción y con la educación de las relaciones de consumo.
De esta manera, los recursos provenientes de las tasas retributivas de servicios prestados, los importes de las sanciones patrimoniales aplicadas por el Municipio, multas y decomisos, pasaran a conformar el Fondo Especial de Funcionamiento.
Los Municipios que adhirieran tendrán como función recibir denuncias de los consumidores y usuarios; celebrar conciliaciones entre el denunciante y los proveedores denunciados; instruir sumarios de las denuncias recibidas e imponer sanciones; prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios y brindar información, orientación y educación al consumidor.