La legisladora Marta Milesi (ACD) presentó un proyecto de ley que promueve la puesta en marcha de un Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que establece un procedimiento para el Estado rionegrino en la materia. La autora lo define como “de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental, con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial”.
Milesi indica que deberá realizarse teniendo como base una “visión integradora, en concordancia con las estrategias de desarrollo que se definan tanto en lo referente a los aspectos económicos, sociales como ambientales”, previendo crear conciencia de la responsabilidad social que ello implica para lograr el desarrollo y la preservación del territorio.
Para ello el Estado deberá actuar “como agente regulador, de forma tal que el propietario de la tierra comprenda las obligaciones legales que su condición le generan y el interés de toda la comunidad”, y que se requiere que la ley “contemple y proteja los derechos de todos y cada uno de los habitantes en relación al acceso al suelo”.
La legisladora interpreta que los Planes de Ordenamiento Territorial “deberán establecer un programa de información, formación, persuasión y concertación, comprendiendo una acción conjunta de gobernabilidad estratégica entre la Provincia, los Municipios -a los que la ley invita a adherir- y la población, definiendo lineamientos y posturas dinámicas a seguir, a fin de alcanzar como objetivo un desarrollo equilibrado y sustentable del territorio”.
Marta Milesi señala que “el proceso de elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial deberá evitar todo tipo de discriminación, debiendo garantizar y asegurar la representación y participación efectiva de todos los sectores involucrados en los procesos de formulación, aplicación y revisión de los planes, programas y proyectos”.
Indica también que deberá “contener las acciones preventivas necesarias para evitar daños ambientales, sociales y económicos que pudiesen afectar el territorio”.