La legisladora Beatriz Contreras (FpV) presentó un proyecto de ley que promueve la instalación de arcos pórticos magnéticos fijos, detectores de metal portables y sistemas cuenta personas, como una acción de medida preventiva previa el ingreso a todo espacio o local en el que se desarrollen eventos públicos o privados de asistencia masiva.
Con los elementos de seguridad propuestos “se procura prevenir y evitar el acceso a boliches, pubs, bares, estadios deportivos y sitios donde se desarrollen conciertos musicales, a individuos que porten armas blancas o de fuego, que puedan atentar contra la seguridad de los asistentes”.
La iniciativa propende también “al uso de tecnologías y acciones de control que eliminen prácticas vejatorias, discriminatorias y de enfoque coactivo en el control de eventos público o privados”.
La legisladora afirma que “estas herramientas tecnológicas son accesibles para el privado desde el punto de vista de la inversión requerida,” por lo que resulta “viable su aplicación desde el punto de vista económico, sin generar mayores perjuicios al sector privado y por tanto sin mayores inconvenientes para su rápida y correcta aplicación”.
También podrá controlarse “el cumplimiento a las restricciones máximas de capacidad impuestas en sus habilitaciones a locales de carácter privado en donde se realizan actividades de esparcimiento que conllevan al encuentro de grupos masivos de personas”.
Contreras fundamenta esta iniciativa que “surge ante la necesidad de tomar medidas preventivas, correctivas y urgentes, que garanticen la seguridad de los rionegrinos al concurrir a eventos públicos masivos o espacios privados” y de esta manera minimizar factores de riesgo “que pueden derivar en la generación de accidentes, conflictos interpersonales, confrontación y hechos de violencia, agravados por el uso de armas”.
La parlamentaria interpreta que muchas veces el personal que se destina a la tarea de prevención “no está capacitado para contener e identificar tales factores de riesgo, o bien su preparación puede resultar obsoleta sin la correcta aplicación de medidas tecnológicas complementarias que aseguren su objetivo”.
“Generalmente, los controles están restringidos solamente a sitios o eventos a los que se les asigna cierta escala de conflictividad social, estigmatizando y discriminando muchas veces a las personas por su procedencia, rasgos étnicos, apariencia o nivel económico, pero sin una base cierta que asigne eficiencia en el control y evite la discriminación”.
En lo que respecta al control de las capacidades máximas dispuestas en las habilitaciones comerciales, “este aspecto cobra vital importancia, ya que es recurrente observar incumplimientos sobre la normativa y con ello el riesgo latente de ocurrencia de serios accidentes que ya cuentan con lamentables antecedentes en nuestro país”.
La legisladora Contreras reconoce “que no existe una política de ingreso y prevención homogénea para todo tipo de instalaciones en donde convivan estos factores de riesgo y se ejecute un control preventivo de las personas ingresantes sin caer en algún tipo de discriminación arbitraria”, por lo que resulta propicio debatir estos temas e implementar “mecanismos claros, homogéneos, seguros y eficientes para el control de estos hechos”.