Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley para crear el Régimen de Tarifa Social Rionegrino para los servicios públicos de luz, gas, agua y cloacas que beneficiaría a quienes se encuentren bajo la línea de pobreza.
El proyecto prevé que las empresas prestatarias disminuyan la tarifa en un 50 por ciento para quienes posean algún tipo de ingreso que implique en el ámbito familiar no superar la línea de pobreza actual, calculada mensualmente por el INDEC o la Dirección de Estadísticas de la provincia, o bien poseer Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.).
También, deberían disminuir en un 100 por ciento la tarifa para aquellas familias o individuos que se encuentren en situación de indigencia según el parámetro calculado por INDEC u otros organismos citados y demuestren no poseer ingreso alguno y/o muy insuficiente.
Los autores de la iniciativa, Jorge Ocampo y Daniela Agostino (AFPIR), argumentaron que “las naciones del mundo a las cuales pretendemos imitar son aquellas que no dejan desprotegidos a sus habitantes y los integran a la trama social a través de la percepción de ingresos con los cuales satisfacer sus necesidades, primarias o secundarias”.
El financiamiento de los beneficios sería solventado en forma conjunta por las empresas prestadoras, por el Estado provincial y/o municipal, a través de exenciones en los Ingresos Brutos y/o Tasas que figuren explícitamente en las facturas o bien a través de subsidios debidamente expresados en los respectivos presupuestos anuales y con un incremento de hasta un cinco por ciento en las tarifas de aquellos usuarios regulares pagadores.
Los beneficiarios de la iniciativa serían jefes y/o jefas de hogar desempleados involuntarios o subempleados demandantes que no posean ingresos; personas que perciban la Asignación Universal por Hijo, jubilados y/o pensionados que perciban los montos mínimos; empleados que perciban el salario mínimo o que, superándolo, no alcancen la línea de pobreza calculada para una familia tipo; y personas que posean un trabajo informal y por el mismo reciban un ingreso que se encuentre por debajo de la línea de pobreza o de indigencia y puedan demostrarlo.
La disminución operaría tanto en los cargos fijos como variables de las respectivas facturas emitidas por cada una de las empresas.
Se propone como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, quien en caso de sancionarse la iniciativa, deberá confeccionar un padrón único de beneficiarios potenciales.