El legislador Alejandro Betelú (ACD) promueve, mediante un proyecto de ley, que a las familias rionegrinas que se encuentran en situación de violencia familiar se les garantice el derecho a recibir contención económica y social por parte del Estado provincial.
Con ello, propone asegurar condiciones básicas para “una vida libre de violencia a las víctimas y en especial a los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en riesgo físico, emocional o social como consecuencia de la violencia familiar”.
Prevé que en los casos que las víctimas de violencia familiar sean mujeres con hijos o hijas menores de edad a su cargo y acrediten que no cuentan con empleo, “accederán inmediatamente a la asistencia económica o a los planes de empleo” previstos en esta iniciativa.
Para el caso que la situación se constituya probadamente en una emergencia, el Estado deberá garantizar un sistema de alojamiento temporario, ya sea con recursos propios, convenios o contrataciones con organizaciones no gubernamentales o empresas privadas.
El alojamiento de las víctimas en lugares tales como residencias, casas refugios, hoteles, entre otros, tendrá “carácter reservado garantizando su protección, seguridad, contención y atención a las necesidades básicas del grupo familiar”, al tiempo que otorga a las víctimas de violencia en la familia, el acceso preferencial a los planes de viviendas que implementa el Estado.
El proyecto presentado por Betelú también prevé beneficios impositivos a las empresas o sociedades del ámbito privado que empleen a los beneficiarios de esta norma “siempre que sean contribuyentes del impuesto de los Ingresos Brutos y no registren deuda fiscal al momento de la contratación del personal”.
En tal sentido, “los empleadores podrán deducir del monto de sus obligaciones tributarias del Impuesto a los Ingresos Brutos, hasta el 75% del valor total de las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado en el marco de los alcances legales propuestos por el legislador.
Betelú fundamenta su propuesta con el argumento de que “los gobiernos no pueden estar ajenos a la violencia de género, que constituye una violación a los derechos humanos, a los derechos esenciales de las personas como la libertad, la igualdad y la vida, consagrados en la Constitución Nacional”.
“Es precisamente una responsabilidad del Estado la adopción de medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos esos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su efectivo ejercicio”, expresa el legislador que cita, por otra parte, la profusa legislación provincial que entiende en esta problemática, así como las recomendaciones de los organismos internacionales que se han expedido sobre la cuestión de la violencia familiar.